El contenido de la nueva Ley de Empleo Público explica por qué la dirección del sindicato municipal (Sutecba) y el gobierno de Ibarra la ‘consensuaron’ a espaldas de los trabajadores de la Ciudad:

• Se establece una “evaluación de desempeño anual”, donde los trabajadores serán juzgados por los funcionarios políticos. La evaluación incluye, además del “desempeño personal”, el cumplimiento por parte del trabajador de “los objetivos establecidos y la ejecución de los programas”, es decir, las orientaciones establecidas por aquellos funcionarios. El papel de las organizaciones gremiales en esta evaluación tiene un carácter consultivo y los representantes sindicales, un papel de veedores.

• Con dos evaluaciones negativas, los trabajadores pasarían al llamado “régimen de disponibilidad”, que habilita al traslado o a la reubicación. Este régimen abarca también a quienes pertenezcan a organismos “suprimidos o reestructurados”. Finalmente, la ley dispone la cesantía de aquellos que no fueran reubicados.

De este modo, la ley golpea decisivamente la estabilidad del trabajador de la Ciudad. Mediante el acuerdo entre Ibarra y Datarmini, la Alianza ha impuestos su proyecto de ley mientras que la dirección de Sutecba entregó todos los planteos sindicales.

Los médicos y docentes

La ley aprobada tiene, sin embargo, un alcance mayor, pues suprime de hecho los estatutos de los médicos y docentes municipales. En su lugar dispone convocar a convenciones colectivas de trabajo a partir de cero. Como lo explica un columnista de Ambito Financiero, “los gremios no podrán aludir a aquellas normas (es decir el estatuto) cuando se sienten a negociar las nuevas condiciones, ya que la ley obliga a discutir todo desde cero” (9/8). El objetivo de esta renegociación es modificar la actual “jornada laboral de médicos municipales, el laxo sistema de licencias (docentes)… y otras antiguallas (sic) de la legislación” (ídem).

El ex Imos

Todos los medios han coincidido en que la dirección de Sutecba entregó los estatutos y la estabilidad municipal a cambio de otra ley que “recicló” al Imos (Obra Social Municipal) y dispuso un salvataje financiero de más de 80 millones de dólares. La cuestión más importante de la ley, sin embargo, la que establece un “Programa de Reconversión y Saneamiento Financiero”, que permite “contraer préstamos con entidades financieras y organismos públicos nacionales o internacionales”, así como convenios y asociaciones “con otras obras sociales, entidades aseguradoras, gerenciadoras y prestadoras de servicios”. Los 80 millones de dólares aportados por el presupuesto de la Ciudad no están dirigidos a ‘salvar’ a la obra social municipal, sino a habilitar un proceso de desregulación y la entrega del ex Imos a los pulpos privados de la salud, en los términos que vienen siendo dictados nacionalmente.

El Partido Obrero plantea: realicemos asambleas en hospitales, escuelas y reparticiones, para discutir el contenido reaccionario de la ley contra el empleo público. Preparemos una gran movilización común por su derogación y por la defensa de todos los estatutos. Por una ley de empleo que asegure la estabilidad, un salario igual a la canasta familiar y las conquistas históricas de todos los gremios de la Ciudad.