Con gran despliegue publicitario, el presidente Macri envió al Congreso la llamada “ley del Arrepentido”. El proyecto consiste en la posibilidad de reducir o eximir la condena a quien brinde “información precisa, confiable y útil” que “evite la consumación o continuación de un delito”. El fiscal estará a cargo de comprobar estos requisitos.

En nuestro país no hay una ley del arrepentido, sino cuatro.

¿Cuál es el saldo de la aplicación de estas leyes? En el caso Amia, los arrepentidos eran todos falsos y habían sido pagados por la Side. Muchos de los que organizaron aquella delación ficticia fueron presos, incluyendo el juez y sus secretarios letrados. En el caso de la “ley Banelco”, coima pagada en el Senado a través de la Side por el gobierno de la Alianza, el delator Mario Pontaquarto fue -al final- el único condenado por el delito que delató.

Ante este pobre panorama de victorias, ¿por qué insistir?

La insistencia proviene de su utilidad. Esta figura permite, en primer lugar, “fabricar” un arrepentido propio, que confiese información falsa, destinada a desviar la investigación, para desacreditar a los eventuales acusadores o hundir a quien moleste. El periodista Jorge Lanata fue impulsor y luego víctima de esta práctica.

El gobierno macrista impulsa esta nueva ley dando todo el poder a los fiscales. Ellos serán los que “comprueben la veracidad de los dichos del arrepentido”, como garantes de un acuerdo previo. Los fiscales no dependen del Poder Judicial, sino de las directivas emanadas del Poder Ejecutivo. Es decir: el gobierno los orienta, directamente. 

El poder para los fiscales es un impulso que viene de los Estados Unidos. Allí el fiscal hace lo que quiere. Perdona o condena. Pone en libertad a culpables, si hacen lo que les dice. El juez solamente bendice los acuerdos. Es un sistema arbitrario, basado en la “razón de Estado”. Por eso, los detenidos sin nombre ni acusación de Guantánamo son aún posibles en ese “orden jurídico” donde todo vale. Curiosamente, los fiscales están sometidos a escrutinio, en la mayoría de los Estados deben presentarse a las elecciones generales para obtener su cargo.

Este es el modelo que ahora impulsa Macri, pero sin elecciones generales para los fiscales, que son nombrados arbitrariamente, profundizando una línea que ya aplicaron los gobiernos anteriores.

La mayoría de la burguesía acepta, por ahora, esta nueva jugada del gobierno, aunque algunos sectores lúcidos de la burguesía manifiestan sus reservas. El penalista Roberto Durrieu, abogado de grandes empresas, advirtió sobre el uso golpista de esta figura, poniendo el ejemplo de Brasil con Petrobras y lo que está ocurriendo, luego de que un “arrepentido” hablase.

Lo que importa

Pero el problema no son sólo los fiscales. Todas estas leyes, desde la primera hasta la última, son ilegales, de acuerdo con la propia Constitución. En lo que nos compete como trabajadores, violan abiertamente las libertades democráticas conquistadas por nuestras luchas.

La Constitución Nacional tiene establecido que “nadie está obligado a declarar contra sí mismo”. Poner en prisión a una persona o acusarla, sin procesarla incluso, es- si se la supedita a una declaración en determinado sentido- una forma de extorsión encubierta; si no acepta, el detenido queda preso. Es una forma del secuestro para exigir rescate. La nueva ley llega tan lejos como permitir el arrepentimiento aún antes de estar procesado; es decir, sin que exista prueba concreta de la posible comisión de un delito.

El acusado, al declarar, tiene por ley el derecho de mentir. Es un mecanismo de defensa que no puede ser penalizado. Así, entonces, ¿cómo saber si lo que el arrepentido dice es verdad? Lo que se deben buscar son pruebas, no meros testimonios, que incluso pueden ser de personas anónimas (reserva de identidad), respecto de los acusados y la sociedad. Si el arrepentido miente, lo cual es su derecho, muchas personas podrán estar detenidas injustamente durante años, para después pedirles “disculpas”.

La clase trabajadora debe ser consciente de este ataque a las libertades, caldo de cultivo de todo tipo de provocaciones contra los luchadores. En función de nuestros propios intereses, la consigna debe ser: ¡Abajo todas las leyes del arrepentido! Sólo un gobierno de trabajadores destapará la olla de la podredumbre completa en la que se debate, con sus mezquindades, la clase que hoy nos gobierna.