En la provincia donde gobierna Alicia Kirchner, ya son más de 100 los días de huelga docente, ante el intento de congelamiento salarial y de avasallar las condiciones laborales.

 

Luego de amenazas públicas a docentes y estudiantes, las autoridades del Consejo Provincial de Educación acaban de largar una resolución que contiene un cambio en el calendario escolar para “recuperar los días perdidos” –una represalia contra la lucha de los educadores, cuando no les han dado ninguno de sus reclamos.

 

La resolución contempla estirar el ciclo lectivo hasta fines de marzo del año que viene, y tener clases los días sábados. Ismael Enrique, vicepresidente del Consejo, afirmó que hay que “empezar a mirar a lo que realmente está aprendiendo el chico", cuando el gobierno provincial sigue sin tocar los planes de estudio (que son devaluados sin falta todos los años) y sin contemplar la construcción de nuevas escuelas para descomprimir los edificios educativos, en los que funcionan varias instituciones –que cuentan a su turno con más de 35 alumnos por docente.

 

El embate del gobierno contra el estatuto docente contempla también la instauración de “dispositivos especiales” que se aplicarían en el caso de los últimos años: se trata de “clases de apoyo” a cargo de personas seleccionadas por el ejecutivo de educación, que no necesariamente estarán tituladas ni formadas para la docencia, y que entrarán a trabajar en un estado de precarización. La medida, que apunta al reemplazo de la docencia por personal precarizado, deberá sin embargo pasar la prueba de la resistencia popular.

 

La tan anunciada mediación del gobierno nacional no fue más que para ratificar esta orientación antieducativa y antiobrera.

 

Estos ataques constituyen el aporte de Alicia Kirchner a la reforma educativa que está cocinando Macri y el resto de la coalición del ajuste, que tiene como uno de sus puntos fundamentales el reemplazo del 5° año de secundario por un ciclo de pasantías gratuitas y sin derechos laborales, al servicio de las empresas.

 

Se inscribe también en un ataque generalizado al estatuto y al colectivo docente, que ha protagonizado históricas luchas en la provincia y en el país desde hace más de una década.

 

No hay grieta entre el kirchnerismo y el macrismo cuando se trata de atacar la educación, a los estudiantes y a los docentes. Es decir, a la hora de avasallar las condiciones de vida de los trabajadores.

 

Pongámonos en pie de lucha

 

En agosto de 2016, los docentes y estudiantes ganamos las calles contra la “emergencia educativa”, un proyecto para recuperar los dias perdidos que apuntaba contra el derecho a huelga y que no solucionaba los problemas de fondo de la educación provincial en crisis. Tanto en aquel entonces como ahora, debemos partir de la unidad obrero-estudiantil para frenar los ataques a nuestra educación.

Convoquemos a un plenario de trabajadores, estudiantes que discuta un plan de lucha para defender el derecho a una educación gratuita, científica y de calidad. Hay que luchar, asimismo, por una representación de los estudiantes en el Consejo Provincial de Educación, electa y revocable.