El gobierno de Insfrán aprobó la reforma jubilatoria (Ley 1638 que modifica la 571) en tiempo récord (el proyecto llegó el 7 de julio a la Cámara de Diputados, que lo sancionó el 8). Los fundamentos del proyecto mencionan el compromiso asumido por la provincia de adaptar el régimen jubilatorio provincial al nacional, tanto en lo que respecta a la edad jubilatoria como en lo que hace a los montos de las jubilaciones, a cambio de la transferencia de fondos de la Anses a la caja provincial para financiar el déficit, producto del vaciamiento gubernamental. La reforma de Insfrán es de pura cepa macrista.

 

La reforma aumenta la edad jubilatoria a 65 años para los hombres (actualmente en 60) y la fija en 60 para las mujeres. Elimina el derecho de prorrateo de los diez mejores años para el cálculo del haber jubilatorio, reemplazándolos por los diez últimos años trabajados. Elimina, para los docentes, el 0,5% extra sobre el 82% por cada año trabajado, luego de los 25 años de servicio.

 

La reforma establece un engendro para el cálculo del haber, puesto que el artículo 4 sostiene que se calculará sumando 1,5 por ciento del salario por cada año trabajado hasta un máximo de 35 años (esto da un máximo de 52,5 por ciento sobre el salario). El artículo 5 establece luego una suma complementaria para llegar al 82% (o 70 en el caso de la jubilación por invalidez). Luego, la ley establece que será la caja jubilatoria provincial la encargada de establecer el cálculo final en cada caso. Numerosas organizaciones han señalado que esta formulación le otorga a la caja la posibilidad de un cálculo discrecional en el haber inicial y también en la movilidad. No es claro que el suplemento sea móvil.

 

En realidad, y más allá de la ley, en Formosa no existe el 82% móvil porque la magnitud de las sumas en negro reduce el haber jubilatorio a hasta la mitad del último salario de bolsillo.

 

Por último, la reforma establece la posibilidad de afiliar autónomos a la Caja Provincial.

 

El pacto Macri-Insfrán coloca al Partido Obrero como la única fuerza política de oposición a esta reforma. Planteamos el 82% móvil, la defensa del régimen especial para los docentes, el blanqueo de todas las sumas en negro y el control de la Caja Jubilatoria por representantes electos de trabajadores y jubilados.