Apenas sancionada la ley antijubilatoria, el gobierno se ha largado a una escalada de persecución política y criminalización, tomando como blanco a la enorme gesta obrera que ganó la plaza de los Dos Congresos el lunes 18. Las acusaciones siguen el método de la intriga y la provocación, articulados entre la “justicia”, los esbirros mediáticos del macrismo y sus redactores, que no son otros que los servicios de espionaje.



La primera víctima de esta escalada ha sido Sebastían Romero, activista antiburocrático del SMmata y militante del PSTU. A partir de una fotografía donde Romero porta un mortero para arrojar pirotecnia de venta libre, se lo ha presentado como si descerrajara un arma de guerra, con la evidente intención de criminalizar su participación en la marcha de lunes. Luego, hicieron lo mismo con César Arakaki, militante del Partido Obrero que aparece, en otra foto, en medio de los enfrentamientos con la policía.



La tentativa de acusar a la izquierda y al PO constituye, por varios flancos, una gran operación de ocultamiento. En primer lugar, quieren “personalizar” o limitar el alcance de la reacción obrera y popular contra la represión policial, en la cual se involucró ampliamente la multitud que defendió, por todos los medios, el derecho a permanecer y luchar contra el saqueo previsional.



En segundo lugar, estas denuncias pretenden ocultar el grave alcance de la represión estatal contra centenares de manifestantes, que recibieron severas heridas. Entre ellas, las de nuestro compañero Roberto “Barba” Alvarez, quien perdió la visión de su ojo izquierdo. Los testimonios referidos a los abusos policiales y de la Gendarmería, tanto en la jornada del jueves 14 como en la del lunes 18, son numerosos y los estamos haciendo públicos, junto a las organizaciones de derechos humanos.



La tentativa del gobierno de poner en pie un “estado de excepción” ha estado presente en toda esta crisis. Por caso, cuando en la noche del jueves 14, con la sesión ya fracasada, Mauricio Macri amagó con imponer el robo a los jubilados a través de un decreto de necesidad y urgencia. También se inscriben en esta tendencia los ataques oficiales -que podrían llegar al pedido de juicio político-a la jueza López de Vergara, la cual, en la mañana de este lunes, dispuso que los efectivos policiales no podían portar armas de fuego. La impugnación a la jueza delata la intención oficial de apelar a los métodos represivos más brutales. En las últimas horas se ha reprimido al Ingenio La Esperanza en Jujuy (ver nota aparte), detenido a 50 huelguistas y se ha dictado orden de captura a la dirección del sindicato, mostrando la faceta de ilegalización de las organizaciones obreras de lucha. Finalmente, se ha amenazado a la izquierda con la proscripción política abierta, bajo la forma del retiro de sus personerías o fondos electorales.



La respuesta a toda esta infamia debe ser contundente:

• Abajo la represión y la persecución a los militantes, luchadores y a la izquierda.

• Investigación, juicio y castigo de todos los atropellos represivos del jueves 14 y del lunes 18.