El legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano (PO) presentó un proyecto en rechazo del fallo de Tribunal Superior de Justicia que restablece en la Ciudad el protocolo de aborto no punible que en diciembre de 2012 decidió a su sola firma el entonces ministro de Salud de Mauricio Macri, Jorge Lemus. Solano afirmó que “se trata de un grave retroceso porque establece requisitos que no figuran en el Código Penal ni el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. Estas trabas arbitrarias son el tope de 12 semanas, el acuerdo del director del hospital y un equipo interdisciplinario y la autorización de los padres para las adolescentes”.

“Larreta ha postrado a la Ciudad frente a una Iglesia que está desarrollando una ofensiva derechista contra los derechos de las mujeres y la juventud a las que le niega la educación sexual integral y científica. Ahora también el aborto no punible. El oscurantismo del gobierno choca contra un movimiento por los derechos de las mujeres y la juventud que en la Ciudad es masivo y mayoritario. Hay que hacer valer esa mayoría en las calles para derrotarlos. El Frente de Izquierda ha presentado un proyecto para separar a la Iglesia del Estado, terminando con las millonarias exenciones impositivas que luego se utilizan para financiar a los grupos de choque que irrumpen en los hospitales contra el aborto no punible y en las escuelas contra la ESI” finalizó Solano.

Proyecto:

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  expresa su rechazo al restablecimiento del protocolo de aborto no punible “Lemus” (res 1251/2012) por parte  Tribunal Superior de Justicia, el cual representa uno de los más restrictivos del país.  Denuncia que la implementación del mismo demuestra los lazos del Gobierno de la Ciudad con las instituciones religiosas oscurantistas y reclama  que se respete la voluntad de las millones de mujeres que se organizaron y manifestaron en la ciudad bajo el reclamo de aborto legal, seguro y gratuito. 

Fundamentos 

Señor Presidente:

El  Tribunal Superior de Justicia  acaba de impugnar un fallo que freno durante años la aplicación de la resolución 1251/2012. Esta resolución establece un  protocolo de aborto no punible que en diciembre de 2012 fue impulsado por el Ministro de Salud de Mauricio Macri, Jorge Lemus. El mismo impone requisitos restrictivos para que se efectúe un aborto no penalizado en una Ciudad donde un millón de manifestantes reclamó la legalización del aborto en agosto de este año.

Algunas de las restricciones consisten en que los abortos no punibles en caso de violación deberán realizarse dentro de las 12 semanas. Ni el Código Penal ni el fallo FAL fijan plazos. En los hospitales públicos un equipo interdisciplinario deberá probar que la salud o la vida de la madre corre grave peligro, con la firma del director del hospital. El art. 86 del Código y el Fallo FAL dicen que la decisión del aborto no punible es cuestión de la embarazada y su médico. Finalmente, las adolescentes mayores de 14 años deberán contar con la autorización de los padres para interrumpir su embarazo. Es un pérfido ataque a los derechos de mujeres y gestantes, y especialmente de las más humildes. Muchas, después del shock de una violación, tardan más de 12 semanas en animarse a pedir ayuda.

El fallo FAL dictaminó que esas exigencias son anticonstitucionales y ratificó que no es pertinente que la Justicia se expida ante cada aborto. Sin embargo, el TSJ las restauró arguyendo que su sentencia no es de fondo sino de forma, y que quien no esté de acuerdo siempre puede apelar a la Justicia. Promueven la vía judicial porque es una estrategia clerical dilatoria muy efectiva para demorar o impedir los abortos no punibles.

Este fallo y el contenido del protocolo da cuenta de los lazos que tiene el GCBA con el oscurantismo clerical. La señal de largada la dio en julio el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ofreció la Ciudad de Buenos Aires al Sagrado Corazón de Jesús y el de su madre, la Virgen María, en el Tedeum. 

En este contexto y como muestra de la injerencia de la iglesia sobre el Estado de la Ciudad, ocurrió el hecho en el Hospital Rivadavia, donde se ejerció una gran presión para evitar un aborto no punible. Es preocupante la presión que se viene llevando adelante por los sectores anti derechos, en este caso irrumpieron disfrazados de médicos en los servicios y llegaron a pintar mensajes intimidatorios contra los médicos reales. Estos sectores se encuentran en una ferviente campaña para seguir garantizando el disciplinamiento y la opresión a la mujer.

Por todo lo expuesto, solicitamos que se apruebe este proyecto.