Río Gallegos, 12 de mayo de 2007

Sres. Comité Provincia –

Unión Cívica Radical

Presente

Con relación a vuestra nota referida a la propuesta de constituir un Frente Cívico en la provincia de Santa Cruz, les queremos hacer llegar las siguientes consideraciones.

A la luz de los acontecimientos históricos que se están desarrollando en nuestra provincia, vuestra afirmación acerca de “salir de la indiferencia y la pasividad” debe interpretarse como una alusión a los partidos, entre ellos, la UCR, que han cogobernado con el oficialismo y que en la Constituyente del ’94 y luego en la habilitación de la del ’98 colaboraron en forma decisiva para que pudiera instaurarse en la provincia el régimen político de la reelección indefinida y de la concentración del poder y de los negocios en manos de una camarilla.

La rebelión contra esta realidad política ha partido de las huelgas de trabajadores, sean petroleros, docentes, estatales, sucesiva o conjuntamente, y de la extraordinaria movilización protagonizada por los desocupados, en el curso de los últimos años, en especial en el norte de la provincia. Cualquier planteo político en la provincia (e incluso en el país) debería partir entonces, necesariamente, del elevado nivel de protagonismo que desarrolla nuestro pueblo, por un lado, y del balance de las políticas y responsabilidades que cada partido ha tenido frente a este proceso extraordinario, por el otro.

La rebelión popular está reclamando una revolución en la forma de la representación política y de gobierno, o sea, el desmantelamiento del régimen de camarilla y de la representación parlamentaria y municipal formalista y burocrática, por una parte, y su reemplazo por una representación política activa de control y gestión populares, por el otro. Este planteamiento significa poner fin a todo el régimen de privatizaciones de los recursos financieros y mineros de la provincia, y a la concomitante asociación de la camarilla oficial con cada una de esas privatizaciones y de esos negocios. Estos deberán ser, inevitablemente, los propósitos fundamentales de cualquier coalición política que quiere realmente cambiar la realidad social y política de Santa Cruz, y servir de canal para la rebelión de nuestro pueblo.

Vuestra carta adjudica a la UCR “no haber sabido inclinar la opinión mayoritaria” contra el “modelo” kichnerista. Pero no ofrece una explicación de los motivos de esa incapacidad.

Sin embargo, los hechos son claros: la UCR fue una pieza clave para la consolidación de este modelo “nefasto”.

La UCR habilitó las dos reformas constitucionales, de 1994 y 1998, que llevaron a la reelección indefinida, y a la liquidación del sistema de representación proporcional por medio de la elección por mayorías de los diputados por pueblo.

La UCR votó a favor de la supresión de la norma constitucional que prohibía la privatización del Banco de Santa Cruz. Esta reforma constitucional permitió la privatización del Banco de la provincia, en beneficio del grupo Eskenazi, pieza clave de todos los negocios del poder kirchnerista, incluso más allá de la provincia.

La UCR también votó a favor de un régimen de “autonomía municipal” sin los fondos correspondientes, favoreciendo un incremento enorme de los recursos del poder provincial y debilitando la capacidad de acción de las comunas. Después de trece años, ningún municipio ha podido dictar sus cartas orgánicas.

La UCR ha votado casi todos los presupuestos provinciales propuestos por el clan gobernante. Desde el Municipio de Río Gallegos ha existido, hasta hace pocos días, una especie de “pacto de gobernabilidad” con el Poder Ejecutivo Provincial de los Sancho, Varizat, Bontempo y compañía.

Los legisladores de la UCR votaron a favor de la instalación de la Gendarmería en Las Heras. Por último, hace un par de horas, o sea mucho después de que la UCR propusiera un Frente Cívico que supere las ‘incapacidades’ que la UCR reconoce como propias, e incluso después de que algunos dirigentes del radicalismo reclamaran la anticipación de las elecciones, los diputados de la UCR votaron favorablemente la intervención federal disimulada de la provincia, con el nombramiento de Peralta. Porque es obvio que Peralta no viene a desmontar el aparato creado por Kirchner sino exactamente a lo contrario: a rescatarlo de la catástrofe y hacer un intento desesperado por perpetuarlo.

Desde 1994, el régimen kirchnerista nunca se hubiera podido construir sin la colaboración de la UCR.

No se puede negar la evidencia: lo ocurrido en Santa Cruz tiene que ver con el “pacto de Olivos” de Menem y de Alfonsín; por eso Cristina Fernández votó alegremente la reelección en la Convención de Santa Fe.

La cuestión que desde el Partido Obrero le planteamos a la UCR, a partir de la carta que nos invita a formar un Frente Cívico, es la siguiente: ¿ese Frente Cívico estaría dispuesto a tomar todas las medidas que llevarían al desmantelamiento del régimen de camarillas y de negocios, a dar satisfacción a los reclamos sociales y a establecer un régimen de representación política y de gobierno que ponga la gestión económica, social e institucional de la provincia en manos del pueblo que trabaja?

Concretamente:

1. La reestatización del Banco de la provincia y la investigación de todos los negocios del grupo Eskenazi en conjunto con el gobierno.

2. La recuperación de los recursos mineros de la provincia y la investigación de los negocios entre Barrick Gold y el gobierno kirchnerista que se resumen en la formación de Fomicruz.

3. La investigación del daño ambiental producido por la depredación minera y la exigencia de que los pulpos mineros paguen las indemnizaciones correspondientes.

4. La repatriación de los fondos que se encuentran en el exterior y el establecimiento de un juicio político de responsabilidades a los funcionarios responsables de esa malversación. Juicio de responsabilidades a los funcionarios de los últimos años, investigación popular del enriquecimiento de los miembros y allegados al poder, de la sobrefacturación de la obra pública y procesamiento de los responsables de su administración fraudulenta, entre otras reivindicaciones contra la corrupción.

5. Reestatizar los contratos de exploración y explotación petroleros y la investigación de los daños ambientales provocados por los titulares de esos contratos y el pago de la indemnización correspondiente.

6. El cese de todos los contratos laborales en negro o con cláusulas en negro y el establecimiento de un salario mínimo en la provincia de acuerdo al costo de la canasta familiar en nuestro territorio; el establecimiento de una bolsa de trabajo para ubicar laboralmente a todos los trabajadores desocupados y para proveer la capacitación necesaria.

7. Modificación del régimen impositivo de la provincia para centrarlo en impuestos directos que graven a los monopolios agrarios e industriales.

8. Revisar el régimen pesquero para favorecer un emprendimiento estatal y el desarrollo de la explotación cooperativa, e investigar los negociados realizados en este rubro.

9. Es necesaria la expropiación del pulpo multimedios de Rudy Ulloa y la investigación y castigo de todos los actos de censura contra la prensa, medios de comunicación e individuos perpetrados en la provincia. Los medios expropiados deben pasar a la gestión de las organizaciones culturales y de los trabajadores.

Las autocríticas y las buenas intenciones están agotadas; son necesarias conclusiones políticas claras que sirvan como programa.

Es necesario, además, que el pueblo sublevado participe en la discusión sobre la salida política para la provincia. Por eso cualquier propuesta de frente debe contemplar la convocatoria a los cabildos abiertos que han comenzado a funcionar en la provincia.

Dicho todo esto, hay un punto insoslayable: la lucha sigue en las calles, y es allí donde se está gestando el futuro político de la provincia. En primer lugar, se trata de asegurar por medio de la lucha la victoria de la huelga de los docentes y de todos los sindicatos en lucha.

La derogación de la ‘emergencia económica’, anunciada por Peralta, para habilitar las paritarias en el sector público, por ahora no pasa de una maniobra. Es necesario que, de inmediato, el gobierno eleve el básico a 1.050 pesos; elimine el presentismo; pague los días de huelga; retire a la Gendarmería; sancione a los responsables de la represión.

Los trabajadores han colocado los puntos principales de una nueva agenda social y política. Impulsemos la convocatoria de cabildos abiertos y asambleas populares en cada pueblo y ciudad, para posibilitar el desarrollo de esta agenda, y en perspectiva, un congreso provincial de cabildos abiertos y asambleas populares.

El pueblo está construyendo un frente masivo en las calles; nuestro esfuerzo está dirigido a que asuma la mejor expresión política.

Para realizar el conjunto de estas reivindicaciones reclamamos la entrega del gobierno de la provincia a una Asamblea Constituyente electa y soberana.

En ese marco, las organizaciones tenemos la obligación de actuar y aportar al triunfo de la lucha democrática emprendida y a la satisfacción de todas las reivindicaciones.

 

Dejamos abierto el debate.Miguel del Plá, Omar Latini, Virginia Sutherland, Elida Ramos, Lía de Santillán