Luego de un primer trimestre del año marcado por una aceleración inflacionaria, abril anticipa nuevos golpes al bolsillo. Esta tendencia vuelve cada vez más inverosímil la meta oficial del 29% de aumento de precios para todo el año, que sin embargo se impone como parámetro en las actualizaciones salariales. El propio gobierno, que se dice preocupado por la inflación, agrava esta situación.

Con otro naftazo del 5% anunciado por YPF, sobre precios que ya subieron un 50% desde agosto -en el caso del Área Metropolitana-, el gobierno de Alberto Fernández mantiene un acicate importante a la inflación general, ya que los combustibles repercuten en toda la cadena de comercialización. Esta política de beneficios a los pulpos petroleros incluye los tarifazos venideros, para cargar en la cuenta a los usuarios la mayor parte de los subsidios. Entre fines de abril y mayo entrarán en vigencia las nuevas tarifas de gas y luz, iniciando un “régimen de transición” que implicará aumentos cada seis meses.

En parte ligado a lo anterior, este mes también registrará subas importantes en el transporte público de pasajeros. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta comunicó para mediados de mes una suba en el boleto del Subte nada menos que del 43%, y un porcentaje similar se incrementará la tarifa de los taxis. Los peajes porteños, por su parte, registrarán un alza del 25%. Los boletazos, hay que decirlo, se están aplicando en todas las provincias del país.

El vencimiento del decreto que difería los aumentos de los alquileres sumará otro mazazo contra los inquilinos. Además de la entrada en vigencia de los incrementos ya fijados por contrato, las familias deberán afrontar la diferencia acumulada en estos meses. La situación habitacional que se deriva de esto es crítica, cuando ocho de cada diez inquilinos se encuentra endeudado para no quedar en la calle. También entrarán a regir la primera de las subas de expensas, que se estima que en el año treparán un 35%.

El cuadro se completa con otros aumentos que también impactan en los gastos de un amplio espectro de familias, como son las cuotas de los colegios privados que variarán desde un 15%. El segundo trimestre empieza así con toda una serie de golpes a las familias trabajadoras, que seguirá su curso en mayo, para cuando además de los tarifazos están previstas nuevas remarcaciones en combustibles y en las telecomunicaciones (Movistar comunicó incrementos desde el 8% en mayo y desde el 7% en junio).

La única vía para recomponer el poder adquisitivo de los salarios es mediante la lucha contra los topes salariales del gobierno, las patronales y las burocracias sindicales. Urge una deliberación en los lugares de trabajo para dar esta pelea contra el pacto social que nos quieren imponer, a medidas de las exigencias del FMI. En esa perspectiva se inscribe la convocatoria de la Coordinadora Sindical Clasista a su plenario nacional, el sábado 10 de abril, para afrontar los grandes desafíos que se plantean.

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