Luego de que la Jueza Puertas no diera lugar al pedido del fiscal Obeid de allanar el Arzobispado de Salta, la Fiscalía N° 1 de la Unidad contra Delitos de la Integridad Sexual llamó a declarar a la máxima autoridad eclesiástica de la provincia, Mario Cargnello. Este hecho es una novedad en la provincia y en el país, ya que ni en el caso Grassi los altos representantes del Vaticano fueron citados a comparecer ante los jueces. Era una medida imprescindible, ya que las pruebas que guarda, celosamente, la curia salteña para avanzar en el juicio contra el ex cura Emilio Lamas son clave.

Entre las citaciones a diferentes testigos que libró el fiscal, le solicitó a la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Rosario de Lerma que "hagan entrega voluntaria de los libros de registros" sobre los diferentes sacramentos celebrados, además de los "lugares de visita de los párrocos", durante los años 1990 y 1993.

Ha pasado un mes de que se hiciera pública la denuncia de Juan Carlos García y Carla Morales Ríos, víctimas de Lamas; sin embargo, la institución eclesiástica continúa con su negativa de aportar las pruebas para avanzar en el caso. Esta situación deja de relieve el encubrimiento sostenido por parte de la máxima autoridad católica provincial. Cargnello se ampara en el Concordato del año 1.966 firmado por Onganía para encubrir a los implicados en este caso.

Cargnello no está sólo en esta controversia, también fue citado a declarar el juez del Tribunal eclesiástico, Loyola Pintos y de Sancristóval. Este juez es quien continuó defendiendo a Lamas diciendo: “La situación del padre Lamas es una situación dolorosa para él, porque ha recibido una pena muy fuerte, la más grave, la pérdida del estado clerical”. Nuevamente el encubrimiento a pedófilos se deja ver.

Ahora bien, ¿Qué hará Cargnello? ¿Se presentará como un ciudadano común o hará uso del art. 239 del Código Procesal Penal de Salta? Este art. le otorga “tratamiento especial” a los altos dignatarios de la curia salteña, es decir que puede elegir presentarse ante la fiscalía o enviar por escrito su declaración. Este beneficio muestra la complicidad del estado salteño con la iglesia.

El arzobispo salteño se encuentra acorralado, una decisión negativa vislumbrará el carácter putrefacto de una iglesia que abriga a curas violadores, una iglesia que hace uso de su poder para continuar sometiendo a la población salteña a la miseria a través de la buena fe de sus fieles. Mientras tanto, seguiremos la heroica lucha que se animaron a librar Carla y Juan Carlos. Llamamos a todas la población salteña, sobre todo a los católicos, a acompañar a las víctimas.

Justicia para Carla y Juan Carlos.

Que la Iglesia entregue los archivos.

Separación de la Iglesia del Estado.