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La ley llamada de "Acceso Justo al Hábitat" con media sanción en diputados bonaerenses establece un 10% de cesión de tierras o su valor equivalente sobre countries, cementerios privados y otros emprendimientos de lujo. Los barrios exclusivos que rechazan instalar viviendas populares en su terreno reemplazarían ese requerimiento con contribuciones a la caja municipal, que es lo que seguramente harán. Habrá también un impuesto progresivo a los lotes que durante los últimos cinco años no presenten mejoras.

"El diezmo" trasladaría un paquete de recursos a los quebrados municipios, nominalmente para la construcción de viviendas. Es un intento de mantener a los barones del conurbano en el redil oficial en el marco de la crisis del PJ, la crisis fiscal y frente a los recortes y congelamientos de los "fondos de reparación histórica" y otras contribuciones que los municipios lograron usufructuar en otras épocas.

De la misma forma que ese fondo en su momento no dio lugar a "reparación" alguna, y persistió la falta de vivienda y la contaminación en el segundo cordón del conurbano, la nueva ley no establece control alguno de la población trabajadora que garantice que estos fondos municipales terminen efectivamente en la construcción de viviendas.

El déficit habitacional provincial que se calcula en el millón y medio de viviendas. Este nuevo anuncio llega en el marco de una crisis social en ascenso, con ocupaciones de tierras, represiones y nuevos asentamientos en muchos distritos y una corrupción escandalosa que ha estallado en cada programa lanzado en el kirchnerismo.

Los muertos en disputas por tierra en el indoamericano y en el norte del país (nuevamente en Jujuy más recientemente) flotan como un espectro sobre la caldera bonaerense. El Plan Federal de Viviendas ha tenido una subejecución escandalosa y crisis recurrentes. Luego, vinieron el colapso de las cooperativas de viviendas y el escándalo de Madres-Shocklender.

El control de la escrituración de tierras que ejerce la FTV de D'Elía en numerosos asentamientos, particularmente de La Matanza, mediante una secretaría en el estado nacional ha dado lugar, no a la escrituración masiva, sino a nuevas denuncias .

El sorteo de créditos para viviendas financiado mediante la Anses (ProCreAr) no pasa de 40 mil a nivel nacional, lo cual no alcanzaría para resolver el problema habitacional no ya de la provincia, sino del distrito de La Matanza. El ascenso de Bonafini, D´elía y Milagro Sala al control de los planes de vivienda y tierra ha terminado en un bochorno. De los Espinoza, Curto y Othacehé del PJ bonaerense ¿que podemos esperar?

Proponemos resolver la inmensa carencia de vivienda y urbanización bonaerense con la utilización de las tierras fiscales y privadas sin usar, conformando un banco de tierras bajo control de las organizaciones obreras que permita un loteo para créditos de vivienda a tasa cero, accesibles a los trabajadores y a un plan masivo de vivienda popular y obra pública.

Para financiar esto impulsamos la aplicación de un impuesto progresivo extraordinario sobre la especulación inmobiliaria, y el gran capital industrial, comercial y agrícola de la provincia. Una medida de este tipo permitiría conquistar la tierra y la vivienda y enfrentar el párate de construcción que amenaza con la desocupación masiva. El PJ tradicional y el cristinismo ya han mostrado que su defensa de los negociados capitalistas los incapacita a encarar esta transformación.