El gobierno y la Justicia coincidieron en responsabilizar al maquinista del tren que impactó contra otro en junio de 2013 en la estación Castelar, ocultando el calamitoso estado en el que se encuentran las formaciones y las vías ferroviarias, que también habían provocado la masacre de Once. La infamia es mayúscula en el caso de las direcciones de La Fraternidad y de la Unión Ferroviaria, que no movieron un dedo para defender a los trabajadores acusados.

 

En un juicio relámpago, un tribunal federal de San Martín condenó a cuatro años y tres meses de prisión -efectiva, si se confirma-, más diez años de inhabilitación para manejar trenes, a Daniel Alberto López, maquinista que conducía la formación que, en junio de 2013, impactó contra otra que estaba detenida en la estación Castelar.

 

Con una posición llamativamente compartida, el gobierno y la Justicia coincidieron en responsabilizar al conductor por la tragedia, pese a que poco más de un año antes se había producido la de Once, que dejó totalmente al desnudo el calamitoso estado en el que se encuentran los trenes y las vías de todo el país.

 

 

 

Responsabilidad de la empresa y el gobierno

 

Todos los accidentes trágicos ocurridos en los últimos tiempos tienen un componente fundamental de responsabilidad empresaria y de los organismos estatales del área de Transporte, por la falta de inversión en infraestructura básica.

 

Aún hoy las señales no se han renovado en el Sarmiento y, por lo tanto, tampoco se ha incorporado el sistema de frenado automático por señal, que hubiera impedido el accidente de Castelar así como el de Once.

 

A López se lo acusa de no haber frenado a tiempo cuando, inversión mediante, se hubiera detenido la formación automáticamente.

 

Sin embargo, no hubo funcionarios ni empresarios imputados. Los Cirigliano recibieron más de 1.000 millones de pesos en subsidios para el mantenimiento e inversiones que nunca realizaron, bajo la mirada cómplice del gobierno que debió salir a echar lastre con la compra de vagones a China.

 

Técnicos y dirigentes gremiales del Sarmiento le plantearon al gobierno, luego de la masacre de Once, la renovación de señales y la incorporación de este sistema. No es una tecnología nueva ni desconocida. Es la que incorporaron los japoneses en la red de la Línea Roca hace más de 20 años.

 

La puesta en marcha de este sistema requería de una inversión de 643 millones de pesos, dijo el dirigente gremial del Sarmiento, Raúl “Pollo” Sobrero, y el gobierno hizo oídos sordos al reclamo. Pero, en cambio, en ese mismo período, se gastaron más de 1.200 millones de pesos en obras no esenciales como pintar los trenes.

 

Por el contrario, las nuevas formaciones chinas compradas no poseen instalado el sistema mencionado y están corriendo sin esa protección en los viajes de prueba de la Línea Roca y seguirán haciéndolo así desde junio, cuando comenzarán a prestar servicio.

 

La infamia es mayúscula en el caso de las conducciones de La Fraternidad y de la Unión Ferroviaria que no han tomado la más mínima medida en defensa de los trabajadores acusados en las causas de Castelar y Once.

 

La seguridad es incompatible con el negocio capitalista, que tiene por único fin el lucro. A la patronal y a los funcionarios, que hacen la vista gorda o que comparten los negocios, sólo les interesan sus bolsillos.

 

La condena al maquinista López, que no tiene antecedentes, cobra importancia porque anticipa el rumbo que podría adoptar la causa por la tragedia de Once. En esta última causa, en diciembre de 2014, Carlos Testuri, funcionario de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), quien, en la etapa de instrucción de esa masacre, había dictaminado por escrito que el tren tenía problemas con los compresores de los frenos, fue detenido y quedó imputado de falso testimonio. Con la misma acusación también fueron detenidos dos de los guardas del tren.

 

La candidatura de Randazzo y la estabilidad del kirchnerismo requieren de un fallo absolutorio de funcionarios y empresarios en las causas de Once y Castelar. Alertamos sobre el intento oficial y judicial de que la responsabilidad recaiga sobre los trabajadores ferroviarios.

 

Para lograr justicia para las víctimas hace falta una gran movilización popular y de los trabajadores ferroviarios, que rompa la impunidad e imponga cárcel para todos los funcionarios y empresarios responsables.