Sobran las pruebas de que el aumento de los accidentes de trabajo es una tendencia propia del capitalismo, y no se debe a circunstancias especiales o a características locales. Esto significa que sólo puede ser contrarrestada por una sólida política anticapitalista y no por la confianza en las posibilidades reguladoras del Estado.

Mientras en la Argentina se ensalza la prevención y seguridad laboral, en España, el madrileño El País (9/7) informa que “la cifra de accidentes laborales es alarmante. No ha dejado de crecer en los últimos años y en 1999 superó el millón y medio, 1.500 de ellos mortales”.

En Italia, hay “más de 3 muertos por día. Más preciso, 1.309 por año. El total de accidentes supera el millón, con un aumento del 4,5%”, informa el diario Corriere della Sera (14/7).

¿Las causas de estos accidentes? Al igual que en la Argentina, obedecen, según señala José María Zafiaur Narvaiza, miembro del Comité Económico Social de la Unión Europea, a “la extensión del horario de trabajo (el 73% de los trabajadores españoles trabajan, efectivamente, más de 40 horas semanales); a la presión sobre los ritmos de trabajo, que se está incrementando en forma constante; a las formas de trabajo a destajo y por incentivos individuales en actividades peligrosas. Y sobre todo se debe a la precariedad y la rotación en el empleo: el 60% de los accidentes laborales afecta a trabajadores jóvenes (la temporalidad supera el 70% entre los jóvenes menores de 25 años). La velocidad en la rotación del empleo ha crecido espectacularmente desde la reforma laboral de 1994. El riesgo de accidente laboral es varias veces superior entre los trabajadores precarios que entre los fijos” (ídem).

Al igual que lo que ocurre en Argentina, “la insensibilidad ante el dramático problema de los accidentes en el trabajo es un mal extendido en España. En las empresas porque impera el axioma de que lo más importante es la producción, la seguridad es secundaria”; además, “la actitud pasiva de la Administración encuentra su origen en una mezcla de causas en la que se combinan la escasa dotación de los servicios de Inspección del Trabajo junto a una cierta tendencia desde hace bastantes años a mirar para otro lado para no gravar la competitividad de las empresas” (El País, 9/7).

En Argentina esto se agrava porque la mitad de los trabajadores está ‘en negro’, las jornadas de trabajo superan las 50 horas semanales, la precarización es casi absoluta, los ritmos de trabajo son del siglo pasado (incentivados por los premios al presentismo), y porque el sistema está privatizado –en manos de las ART–, lo que significa que el que debe velar por la prevención y la seguridad laborales está metido a fondo en el negocio, junto a las patronales.

Por eso, la clave de la lucha contra los accidentes laborales pasa por bajar los ritmos de producción, reducir la jornada de trabajo, incorporar al salario los premios de producción o por presentismo, eliminar el trabajo en negro y contar con comités obreros de control.

Los proyectos que la Alianza y el PJ presentaron en el Congreso para modificar la Ley de Riesgos del Trabajo con el apoyo de la burocracia de la Uocra no tienen en cuenta nada de todo esto.

Admiten algunas mejoras a las miserables indemnizaciones actuales para quitarle a los trabajadores el incentivo de un juicio contra las patronales. Básicamente, fijan una indemnización al contado de entre 30.000 y 50.000 pesos para los accidentes graves o mortales y una pensión de 150 a 200 pesos mensuales, en promedio.

El proyecto más pérfido es el de Gerardo Martínez, porque plantea que el trabajador damnificado o la familia deban elegir entre cobrar la indemnización que determina la ley de riesgos laborales o lo que surja del juicio. Como los juicios demoran, la burocracia de Gerardo Martínez especula con que el apremio económico llevará a los trabajadores o a sus familiares a desistir de los juicios.

Por eso el PO plantea:

• • Que renuncien Gerardo Martínez y toda su pandilla. Elección de una comisión obrera que asuma la conducción de la Uocra.
• • Derogación de la Ley de Riesgos del Trabajo.
• • Por una Caja estatal de asignaciones por accidentes sobre la base del resarcimiento económico integral, financiada con aportes patronales, bajo control obrero.
• • Comités de control obrero de la producción, los ritmos de trabajo y las normas de seguridad. Derecho a enjuiciar a las patronales por los accidentes que se produzcan.