En un reciente debate en TV, Héctor Recalde — abogado de la CGT y diputado — polemizó con Néstor Pitrola en defensa de la reforma laboral del gobierno K. Planteó que había significado la eliminación de los contratos “basura” en el movimiento obrero. Su intervención tuvo el respaldo notorio de Claudio Lozano (candidato a diputado nacional en la lista que lleva a Fernando “Pino” Solanas como presidente), que llegó a calificar a la ley (25.877) como “fundante de una nueva etapa”.

La ley K de modificaciones al contrato de trabajo, derogó la Ley 25.250, la famosa “Ley Banelco”, parida con las coimas del Senado. Esto fue, sin embargo, un gesto para “la tribuna” porque, como reconoce un estudioso del tema, “muchas normas de la ley derogada fueron reiteradas en el cuerpo legal que la sustituye” (Carlos Etala, Astrea, 2002).

La ley K desmiente a Recalde y Lozano. En un texto escrito por este último se denuncia que el nuevo texto legal sostiene “la vigencia de dos contratos basura de uso permanente en las grandes empresas: pasantías y aprendizaje” (Página/12, 1/3/2004). La propia ley reconoce el fraude cometido con el famoso período de prueba, poniendo como ejemplo de esta conducta la “del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo permanente” (art. 92, inciso 2), algo que se produce todos los días en todo tipo de empresas, que no tienen reparos en cambiar personal en procesos simples de producción y echarlo sin costos.

Fuera del ‘aprendizaje’ y las pasantías, la ley deja en pie el trabajo por agencia, que como reconocen las propias empresas vive “uno de los momentos mas prósperos de su actividad” (iEco, 26/8). “En muchas empresas usuarias, los trabajadores eventuales llegan a conformar el 60 o el 70% del total del personal” (El Metalúrgico, UOM Quilmes, mayo 2007).

El propio Recalde denunció, en su momento, el abaratamiento del despido, una de las claves de la precariedad laboral defendida en la ley K, que “mantiene el insuficiente piso indemnizatorio en un mes de sueldo, en lugar de dos meses tal como se preveía con anterioridad” (Presentación ante el Ministerio de Trabajo, marzo 2004).

¿Fin del trabajo basura? El abogado de la CGT y el líder del “movimiento político y social” de la CTA no se refirieron al trabajo en negro, expresión mayor de la contratación basura, al que la ley K le dedica un artículo retórico en defensa del “trabajo decente”. Más que ninguna otra, esta es la medida de la “reforma laboral K”, que permite a los capitalistas mantener una huelga impositiva por el 42% de la masa asalariada y disponer de mano de obra a menos de 300 dólares. La política oficial, según la cual el aumento del salario mínimo crea un “piso” de defensa del trabajador en negro, es un fraude. “Los datos muestran que, en Argentina, para más de un tercio del total de los trabajadores asalariados el piso remuneratorio impuesto centralizadamente por el gobierno no se cumple. El segmento más vulnerable son los asalariados en negro, donde el 67% cobra una remuneración inferior al salario mínimo legal” (Idesa, Informe, 29/4).

¿Este es el escenario que corresponde a una “ley fundante” de un nuevo escenario para la clase obrera, como plantea Lozano?

El diputado de la CTA, quizá como parte del compromiso político de la Central “alternativa” con el gobierno, del que da fe el “cierre” del conflicto en el Indec protagonizado por ATE-, ha borrado con el codo sus propias afirmaciones al momento de la sanción de la ley K de reforma laboral. Una ley que, fuera de todo lo dicho con relación al trabajo basura y en palabras del propio Lozano tres años y medio atrás: “libera de responsabilidad a la empresa principal ante casos de fraude laboral cometidos por contratistas, mantiene el subsidio a las ganancias empresariales al promover la reducción de las contribuciones patronales… (y sostiene) un régimen de estabilidad impropio, que no protege al trabajador del despido arbitrario o discriminatorio” (Página/12, 1/3/04).

Es la ley del “gatopardo” en reforma laboral. El gobierno “nacional y popular” ha dejado en pie los cimientos del régimen de flexibilidad laboral y trabajo “basura”.