La creciente crisis económica, junto con los compromisos de pago a los acreedores internacionales ha hecho que uno de los primeros actos del gobierno de Alberto Fernández sea conseguir que el Congreso de la Nación resuelva la suspensión de la movilidad jubilatoria y un plan de 180, contados desde diciembre del 2019, para imponer la anulación definitiva de la movilidad jubilatoria de los 87 regímenes especiales (jubilaciones con menos años de aporte, y con menos edad por tareas riesgosas, penosas o insalubres) y de las 13 cajas provinciales armonizándolas con la Anses.

Una de esas cajas provinciales es el IPS (Instituto de Previsión Social), que es como se denomina la caja jubilatoria de la provincia de Buenos Aires por la que se jubilan trabajadores estatales, municipales, docentes y personal del servicio penitenciario -en 2017 eran 132.000 docentes, 64.285 estatales, 59.773 municipales y 62.72 servicio penitenciario, siendo el resto pensionados (Tiempo Argentino 10/17).

En este momento el IPS tiene un déficit mensual de 3 mil millones de pesos según informa su director Eduardo Santin (Moreno Noticias 21/04). El sistema tiene alrededor de 300.000 jubilados contando en la actualidad con 800.000 aportantes, con lo cual se pasó de 3,6 activos por pasivo al 2,6.

Santin centra la responsabilidad en el gobierno de Vidal, diciendo que esta puso al IPS en crisis luego de 25 años de superávit consecutivos, para transferir la caja al sistema nacional, tomando como determinante las casi 80.000 jubilaciones que se produjeron entre el 2016 y el 2019, tanto  de oficio (obligatorias teniendo la edad y los aportes) como la enorme cantidad de docentes y estatales que apuraron sus trámites ante el temor de reforma de la ley que agregaría años de aportes y aumento de la edad,  bajando el cálculo del haber y la movilidad.

Esta no es toda la verdad

 La Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense denuncia en enero del 2020 (El Día) que Vidal montó, de la mano de la Ley de Reparación Histórica del macrismo (votada por el peronismo), una serie de anomalías y daños patrimoniales consistentes en la “apropiación de la totalidad de los recursos del IPS por parte del Estado provincial a través del ingreso de esos fondos en la cuenta Obligaciones del Tesoro, dependientes del Ministerio de Economía”.

Denuncian que “Todos los recursos se concentraron en Tesorería General y no ingresaron al IPS, en los presupuestos 2018 y 2019, incluyendo la eliminación total de las letras previsionales de Tesorería, que rendían intereses por más de 14 mil millones de pesos, alcanzando al cierre del ejercicio 2016, a través de maniobras ilegales de las autoridades del IPS, como de Contaduría de la Provincia”.

Ante el brutal déficit producido no por disminución de trabajadores ni de aportes, sino por el manejo delictuoso de los fondos, van preparando el terreno para liquidar la caja provincial y justificar el pase a Anses, como establece la Ley de Solidaridad Previsiona, cuyo nuevo paso de robo a las jubilaciones está pautado para junio. Pasar las cajas provinciales a la Anses significa que se quedan de un plumazo con los aportes, mientras anulan todas las conquistas jubilatorias (conseguidas con la huelga por tiempo indeterminado de 1958), aumentando la edad y llevando los haberes paulatinamente a la mínima a través de los ajustes por decreto, desvinculando la jubilación de toda movilidad ligada al porcentaje del sueldo y a los aumentos a los activos.

Para enmascarar este derrotero Kicillof y Santín presentaron un “Plan de reestructuración del IPS”. Consiste en suspender las jubilaciones de oficio, promover que los docentes, estatales y los aportantes al IPS “dilaten” por 5 años sus trámites jubilatorios, cuando están retrasando los trámites desde el propio IPS, incluso antes de la cuarentena. Plantean pasar a planta temporaria ¡temporaria! de la administración provincial a los 50.000 estatales contratados como monotributistas que aportan a la Anses, con lo que tendrían esos aportes en el IPS, más los 20.000 nuevos docentes.

Kicillof y su gobierno aceptan, legalizan y cargan sobre los trabajadores el déficit del IPS. Siguen metiendo la mano en los fondos jubilatorios, usándolos para manejos del Tesoro, mientras abonan el terreno para llevar a  la armonización con Anses.

Los sindicatos docentes, el Suteba y el Fudb han mantenido un silencio cómplice ante el vaciamiento sistemático del IPS. Las movilizaciones en defensa del régimen jubilatorio   fueron convocadas por iniciativa de los Sutebas Multicolores durante la era Vidal, incluso en momentos que por la jubilación de oficio se condenaba a los docentes a recibir por años y años el 60% de su sueldo.

Hoy se plantea organizar el reclamo por la defensa incondicional del IPS, de la edad jubilatoria y de la movilidad, contra la liquidación de esta y de las demás cajas provinciales. En defensa de los regímenes especiales, como el docente, por el cual se aporta el 16% del sueldo. Por la apertura de las cuentas del IPS, la investigación del destino de sus fondos y su recuperación. Por la dirección y control en manos de trabajadores y jubilados.

Este reclamo es inseparable del de un básico de 40.000 pesos, de la incorporación de todas las sumas y de recuperar la cláusula gatillo mensual de actualización salarial, preparando a la docencia para ponerse de pie ante cualquier intento de congelamiento y rebaja salarial en nombre de la crisis económica. La cuestión ya camina por parte de las patronales, en acuerdo con el gobierno y con la burocracia sindical para los trabajadores fabriles, para los del transporte, para los de comercio y otras especialidades y en varios municipios.