A mediados de noviembre, los directivos de Acindar anunciaron un balance trimestral con pérdidas de 13 millones de dólares. Al  mismo tiempo anticipaban una “baja de activos productivos” y nuevas medidas de “racionalización”, dirigidas —como en el pasado— a endosarle las pérdidas a los trabajadores.

Pero resulta que las “pérdidas” no eran tales: la Comisión Nacional de Valores inició un sumario a Acindar, ya que “a través de ventas a Laminfer (una empresa metalúrgica propiedad de la familia Acevedo, dueña a su vez del 40% de Acindar) que estuvieron un 37% por debajo de los precios del mercado e incluso a valores inferiores del costo de la materia prima, se desviaron 2,4 millones de dólares que, en verdad, pertenecen a los accionistas de Acindar” (El  Economista, 3/12). El “yuppie”  Redrado —que recibe un sueldo del Estado para defender a los especuladores bursátiles— destapó esta “olla” con el único propósito de preservar a sus “representados” de las maniobras de la “familia” Acevedo.

El “affaire” sirve  para revelar el fraude de la “información contable” de Acindar y, en general, de todos los pulpos capitalistas: Laminfer es apenas una de las tantas firmas “controladas” por este pulpo siderúrgico, que sólo en San Luis dispone de catorce plantas transformadoras, todo lo cual “diversifica” las posibilidades de fraude.

Pero es esta misma contabilidad “trucha”  la que esgrimen los Acevedo para justificar su política de ataque a los trabajadores: el congelamiento salarial, la flexibilidad aplicada en Villa y en Matanza, los despidos en masa, fueron invariablemente presentados como la salida “inevitable” ante los “quebrantos” de la compañía. Ahora que se ha revelado que sus “números” son fraudulentos, hay que hacer valer los “números” de los trabajadores: el aumento del salario básico y la defensa del convenio colectivo.