Juan Manuel Urtubey se ha transformado en uno de los protagonistas de este nuevo capítulo en la historia de la entrega minera. El “firme y decidido” mandatario de la provincia de Salta fue la voz cantante de los gobernadores al negarse a aceptar el cobro de un 1% extra a las mineras –aplicable a un supuesto fondo de desarrollo administrado por Nación. Una vez conseguido esto, él y los otros gobernadores firmaron un acuerdo netamente colonial, contra las poblaciones y el medio ambiente.

 

El gobierno salteño presenta esta actitud como un triunfo del federalismo y los intereses de la provincia. En realidad ocurre lo contrario: la minería en Salta deja no más de 11 millones de pesos, que en su mayoría reembolsan por las leyes de promoción provinciales. Tengamos en cuenta que el último año se exportó por unos 1300 millones… Es decir que el famoso “boom del litio” tendrá a la provincia como protagonista pero nunca como beneficiaria.

 

Al igual que ahora, durante el kirchnerismo Urtubey también fue el protagonista de la “reacción minera”. En ocasión de la aprobación de la Ley de glaciares armó un cónclave con Barrick Gold para exigir el veto y luego la modificación de la norma. Posteriormente hizo una adaptación inaplicable para Salta y ahora es uno de los que presiona para avanzar en una nueva reglamentación, que elimine la protección de los periglaciares y de los glaciares menores a una hectárea.

 

 

Se viene el debut de la minería a cielo abierto en Salta

 

Con el debut de proyecto “Lindero”  de la minera Mansfield, que entraría en producción en 2018, comienza en Salta  la minería del metal con los métodos  del lixiviado, con el uso de cianuro y la destrucción de la geografía para obtener unos pocos gramos de metal de cada tonelada de piedra. Es la minería que el pueblo de Famatina expulsó, la que sublevó a los pueblos de Catamarca, la que sufren los sanjuaninos con los sucesivos derrames contaminantes de Veladero. El intento de un emprendimiento de este tipo en la localidad salteña de Metán hace unos años  fue impedido por una amplia movilización popular.

 

Hemos sostenido desde todas las bancadas del Partido Obrero y en todas las asambleas del movimiento ambiental que el desarrollo minero debe estar bajo la órbita del Estado, con comités científicos de control y derecho a veto de los pueblos, y que el 100 % de la renta de los emprendimientos que se considere sustentable debe invertirse en  infraestructura e industrialización en la provincia.

 

Lo  que defiende Urtubey es saqueo económico y depredación ambiental.

 

 

¿Trabajo y producción?

 

Macri y los gobernadores se empeñan en mostrar un supuesto carácter productivista y dinamizador  en el acuerdo. Celebran el cobro de un 1,5% para infraestructura, confundiéndolo adrede con un sinónimo de desarrollo. Ocurre en realidad que uno de los reclamos fundamentales de las mineras a la Argentina a la hora de invertir es la carencia de combustibles y de vías de egreso rápidas y baratas. La mejora de la infraestructura, entonces, sería al mero efecto de extraer la materia del país, y nunca para iniciar un proceso de desarrollo interno. En Salta esto se vio claramente cuando el gobernador destinó más de 20 millones de dólares para un gasoducto en la puna, usado exclusivamente por las mineras.

 

Los más grave es la duración de las concesiones: 30 años, tiempo más que suficiente para que las empresas vacíen regiones enteras sin que su población ejerza control alguno ni mucho menos se beneficie con la industrialización y consumo de los materiales.

 

Es interesante analizar que, si bien la megaminería tuvo un crecimiento exponencial durante el kirchnerismo (de la mano del aumento mundial del precio de los commodities y otras materias primas), en los últimos años la retracción internacional de las inversiones provocó una relativa desaceleración: según el Indec, en 2015 el 0,46% de la mano de obra privada pertenecía a la minería; en 2016, el porcentaje se reduce a un 0,42%. Estos datos se condicen con la encuesta anual del Instituto Fraser, que muestra que la inversión minera cayó de 3,2 mil millones en 2015 a 2,7 mil millones en 2016.

 

El acuerdo significa entonces un espaldarazo a una actividad repudiada y a un gobierno que intenta un despegue en y a través de la minería. Los gobernadores han mostrado, desde los más macristas hasta la kirchnerista Alicia, que están todos encolumnados tras esta política de saqueo. Incluso provincias como Córdoba o Mendoza, con legislación antiminera producto de grandes luchas, han terminado dando su OK.

 

Actuando contra los intereses económicos y ambientales de la nación, y sobre todo contra la enorme movilización popular antiminera, los gobernadores muestran una vez más que la verdadera grieta enfrenta a macristas y K, por un lado, y a los trabajadores por el otro.

 

 

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