El acuerdo con el FMI se ha convertido en un factor mayúsculo de crisis nacional. La revelación de Guzmán de que las tratativas están empantanadas agregó un condimento más a la ya convulsionada situación económica y política del país. La piedra de la discordia sería cuál es el alcance y el ritmo del ajuste. El FMI estaría exigiendo que en 4 años Argentina tenga sus cuentas equilibradas mientras que el gobierno plantea que se extienda a 6. Pero una diferencia mayor tiene que ver que con la magnitud del déficit fiscal. La propuesta que ha girado el ministro de Economía es de 3% del PBI mientras que el organismo financiero reclama un 2,5%. El conflicto no es medio punto sino que la distancia es mayor, pues la propuesta del gobierno se refiere al “déficit primario” previo al pago de intereses de la deuda, mientras que el Fondo calcula el déficit incluyendo el pago de los servicios financieros. Tomando esta última vara, el déficit que se propone Argentina se estira al 4,9%, contra casi la mitad que se pregona desde Washington.

No se trata de los únicos puntos urticantes. El FMI reclama reducir la emisión prácticamente a cero de modo de forzar el ajuste que están fogoneando cuando la propuesta oficial se reserva apelar a ese recurso por varios años. Las autoridades del Fondo son partidarias de acelerar el ritmo de los tarifazos, a la par de una reducción drástica de los subsidios y avanzar en una maxidevaluación, que permita reducir al menos a la mitad la brecha cambiaria que hoy asciende al 100%.

En medio de toda la alharaca en el cónclave de gobernadores de que la palabra “ajuste” estaba erradicada en las discusiones con el FMI, no se le ha dado la suficiente trascendencia en la prensa al hecho de que Guzmán planteó que había una aproximación en los otros puntos en debate. La hoja de ruta que admite el gobierno argentino incorpora un tipo de cambio real sustentable con un aliento de las exportaciones, o sea, una devaluación; un aumento de los impuestos, aunque procuró maquillarlo señalando que se apuntará un sistema más progresivo. De la misma forma se refirió a tasas de interés positivas, que es la solución que se promueve desde los organismos financieros internacionales para retener a los capitales en el país y evitar una corrida hacia el dólar.

Estos guiños de la Casa Rosada, sin embargo, no han sido suficientes para convencer al gran capital. Estamos frente a una semana negra en los mercados, donde se derrumbaron las acciones y bonos, el riesgo país superó la barrera de los 1.800 puntos y el dólar continuó con su carrera alcista.

La expectativa de que viniera la mano salvadora de Estados Unidos se ha venido abajo. Según cuentan las crónicas que recoge la prensa, el gobierno se vio sorprendido por el “endurecimiento” que está encontrando en Washington. Es que el horno no está para bollos. El gobierno demócrata está a los tumbos y se encuentra en la cuerda floja con una declinación marcada de su popularidad y en medio de una recuperación económica precaria amenazada por la nueva ola de Covid y un salto en la inflación que está echando leña al fuego al descontento de la población norteamericana, que viene sufriendo un severo impacto de sus bolsillos. El índice de precios, en la actualidad, es el mayor de los últimos 40 años. Y lo que se viene es un aumento de la tasa de interés y, por lo tanto, un encarecimiento de la deuda y presiones mayores para su devolución sobre los países emergentes. Un panorama, por cierto, nada auspicioso para Argentina en el marco de las actuales tratativas con el Fondo.

El gobierno ha enviado de urgencia al canciller Santiago Cafiero para entrevistarse con el secretario de Estado Anthony Blinken. La esperanza es que el ala política de la Casa Blanca interceda para remover la intransigencia que estarían poniendo la secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen, que tiene un peso determinante en el staff del FMI. Recordemos que, inicialmente, el gobierno argentino había puesto sus fichas en esta funcionaria en virtud de la “proximidad” académica e ideológica que la secretaria y su marido, otro economista de renombre, mantenía con el premio Nobel Joseph Stiglitz, que es uno de los gurúes y guía intelectual de Martín Guzmán.

Pacto en marcha

No hay atajo posible. Todos los caminos conducen al FMI. Apenas pocos días después de las bravuconadas en la reunión con gobernadores, ha trascendido la noticia, aunque se está tratando de hacerlo con el mayor sigilo, de que el gobierno estaría intentando avanzar en un “acuerdo precario” con el FMI, en palabras de funcionarios del gobierno “el acuerdo será malo para el país y la gente pero el default sería aún peor y no está en la cabeza de nadie”. Y agregan “en marzo va a haber un acuerdo flojo que nos permita llegar al 2023” (La Nación, 9/1).

En definitiva, se prepara una nueva capitulación del gobierno. No hay plan oficial B de no pagar la deuda, de modo tal que el gobierno termina como prisionero de las extorsiones del FMI y abre el terreno para comerse un nuevo sapo. Esta película ya lo vimos con motivo del arreglo con los bonistas a escala nacional y en las provincias, comenzando por el acuerdo arribado con los bonistas por parte de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Una nueva señal la acaba de dar la Casa Rosada que, pese a que las arcas del Central están exhaustas, gatilló 670 millones de dólares a los bonistas por el pago de intereses. Habrá que ver cuál es la predisposición del FMI para un “acuerdo precario” y en caso de que prospere, cual es la letra chica, aunque lo que queda claro es que va a significar, como lo admiten las propias autoridades, un severo golpe para la población y el país.

Por una salida de los trabajadores

El “puente para 2023”, en caso de prosperar, no va a ser un paseo. El argumento más “convincente” del que pretende valerse Martín Guzmán para arribar a un acuerdo con el FMI es el ahorro fiscal que ya ha venido llevando el gobierno en particular en 2021, o sea, lo contrario de lo que Alberto Fernández agitó en la reunión con los gobernadores. Lejos de quedar desterrado el ajuste en la discusión con el Fondo, el mismo va a estar bien presente. Viene al caso el informe pormenorizado que acaba de dar a conocer el Iaraf, organismo especializado en la materia, dando cuenta de la magnitud del ajustazo y reducción de partidas sociales en el año que acaba de culminar.

El informe compara “el gasto público real acumulado en los once primeros meses de 2021 con el de los once de 2017, que marcaron el registro más alto de los últimos seis años y tienen la ventaja de dejar afuera las distorsiones de la pandemia”. El resultado canta “un ajuste fortísimo sobre capas sociales enormes y en más de un sentido desprotegidas” (Clarín, 9/1).

Siempre 2021 versus 2017 y en pesos constantes, “las caídas cuentan: 682.177 millones, en jubilaciones y pensiones; 100.000 millones para el Pami; 23.214 millones en asignaciones familiares y 365.000 millones en salarios del Estado”. La suma de las partes arroja un “ahorro fiscal” que pasa de largo el billón de pesos y equivale a alrededor de US$ 11.600 millones. Los gastos reales de 2021 en jubilaciones, en el Pami y en salarios son los más bajos desde 2016 (ídem). Los nac & pop han ido mucho más lejos que los macristas.

En contraste, el Iaraf anota subsidios energéticos que en la misma comparación escalaron a impresionantes $605.000 millones. Pero lo más grave es que las erogaciones en materia energética en el 2022 amenazan ser aún más elevados, pese al aumento de las tarifas que proyecta el gobierno. Nuevamente la crisis mundial mete la cola y le juega una mala pasada al gobierno, pues los precios de la energía se han ido por las nubes y Argentina deberá pagar casi el triple por el gas licuado que ha pasado de 12 en 2021 a la friolera de US$ 30. Esto prueba aún más de que las contradicciones capitalistas desbordan holgadamente la capacidad de arbitraje del gobiernos. Y una confesión de que, aun poniendo en práctica el nuevo ajuste que se proyecta, este no va a disipar el escenario de default que es la desembocadura inevitable de una deuda que es impagable.

Las salidas capitalistas en danza son inviables y ponen a la orden del día la necesidad y la urgencia de un salida de los trabajadores dirigida a una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales, cuyo punto de partida debe ser el cese de pago de la deuda usuraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, poner fin al saqueo capitalista y el control de los trabajadores de la producción de modo de poner los recursos nacionales al servicio de un plan de industrialización, un desarrollo independiente y privilegiar las necesidades populares.