A la hora de cerrar este editorial, está planteada una asamblea de los piqueteros de La Matanza para debatir una propuesta del gobierno nacional, por la que se compromete al pago de asignaciones adeudadas correspondientes a febrero, marzo y abril a 1.900 trabajadores empleados en los planes Trabajar, que no pagó como parte del incumplimiento de los acuerdos arrancados en el corte de noviembre. Por otro lado, el gobierno compromete un cupo de 7.500 planes de estas características en el distrito, contra los 8.400 vigentes al comienzo del año, siempre y cuando los “beneficiarios” acepten un nuevo empadronamiento

El propósito del empadronamiento es doblemente perverso. De un lado, pesquisar que en ninguna familia de desocupados se cobre más de un plan de empleo u otro beneficio social, en hogares que no bajan de seis miembros y que deben comer, trasladarse, vestirse y alojarse con 120 ó 160 pesos al mes. Los datos de los trabajadores serán cruzados con los de organismos como el Pami, la Afip, el Registro Nacional de las Personas y las provincias en una tarea de “inteligencia” para cazar desocupados que le estarian ‘robando’ al Estado capitalista.

El gobierno que exige esta ‘transparencia’ para otorgar una limosna a una fracción ínfima de desocupados es el mismo que está organizando un megacanje de la deuda externa que beneficiará a los acreedores con tasas usurarias del orden del 15% anual.

Pero el propósito del empadronamiento no es sólo el ahorro de algunos millones de dólares a través de esta pesquisa en el uso de los fondos sociales. El objetivo fundamental es eliminar el control de las coordinadoras de desocupados sobre los planes y reconstituir la dictadura de los punteros y los funcionarios del Estado en su manejo. La Bullrich lo ha definido sin tapujos: “Ellos (los piqueteros) piden manejar los planes Trabajar, sin control del Estado. Nosotros no lo aceptamos” (La Nación, 20/5). Es una política que tiene el acuerdo de Ruckauf y los intendentes, quienes acaban de volver a comprometerse a “hacer un trabajo de reempadronamiento de los planes Trabajar asignados a la provincia” (Clarín, 21/5).

En el corte de La Matanza, que lleva 17 días de lucha, se juegan estas cuestiones decisivas. Se juega también la suerte del convenio que arrancó la ampliación de los planes y su continuidad, y de un compromiso de obras públicas (refacción de escuelas, pavimentación, ensanche de rutas) que planteó la fusión de un conjunto de reclamos populares con la existencia de una masa de desocupados.

Se juega en definitiva si el desocupado va a ser un rehén del puntero o del Estado o la cabeza de una organización de la clase obrera que plantea una salida frente a la catástrofe social.

Incompatibles

La propuesta del gobierno frente al corte es una prueba acabada de que las reivindicaciones de las masas son incompatibles con este régimen social. Aunque los piqueteros de la ruta 3 aceptaran un compromiso transitorio, no tendrán como perspectiva sino la preparación de un movimiento de lucha aún más profundo frente a los ataques que se preparan sobre los desocupados y sobre los trabajadores activos, lo que incluye la eliminación progresiva de los planes Trabajar y su reemplazo por un subsidio sólo para los indigentes. El gobierno viene por el Pami, viene por las universidades, viene por la nueva reforma de las jubilaciones (y la eliminación de la PBU), viene por la rebaja salarial, viene por el despido en masa en las provincias y en las intendencias, viene por más.

Es la experiencia brutal, sin anestesia, de lo que ocurre con Aerolíneas Argentinas. Uno a uno, seis de los siete sindicatos aeronáuticos suscribieron la política del Plan Director de la Sepi y el Estado español. Aceptaron la flexibilidad laboral, aceptaron la rebaja de salarios, aceptaron los “retiros voluntarios” (que se han llevado la mitad de los 1.350 despidos exigidos por la patronal) en nombre de “salvar a Aerolíneas”. Varios de estos gremios llegaron a plantear un verdadero acoso contra el sindicato de los técnicos aeronáuticos, que se negó a firmar los ‘acuerdos’ exigidos y arrancó con la huelga la reincorporación de sus trabajadores despedidos. ¿De qué sirvió? Hoy la Sepi no quiere hacerse cargo del pago de los sueldos y los servicios han disminuido a menos de la mitad, en una operación que no tiene otra explicación que avanzar en el vaciamiento. En el horizonte está la alternativa de que la empresa se venda o se declare en quiebra, en un caso rematando las rutas aéreas en beneficio del Estado español, en el otro entregándolas a un operador internacional.

Frente a todo esto, está la rebelión de los piqueteros. De La Matanza, del conurbano, de Río Turbio, de Aerolíneas. Más de 1.000 trabajadores organizados en Apta se hicieron presentes en la asamblea general convocada por su sindicato (una cifra impresionante si se considera que existen unos 1.700 técnicos aeronáuticos en las distintas líneas aéreas en todo el país y 1.050 en Aerolíneas y Austral) y resolvieron rechazar la propuesta del gobierno y no aceptar ninguna mesa de negociación con la patronal hasta tanto no se paguen los salarios y no se presente un plan estratégico de salvataje de la empresa sin despidos, sin flexibilidad, sin rebaja de salarios, sin tercerización ni acto de vaciamiento alguno. Decidieron llamar a una asamblea general de los trabajadores de todos los gremios aeronáuticos de Aerolíneas y Austral para librar una lucha en común, y “uno de los técnicos propuso parar todos los vuelos, incluso los internacionales” (Clarín, 23/5), una propuesta que fue aclamada; no llegó a votarse pero abre una perspectiva. Porque para “salvar a Aerolíneas” y ejecutar a los vaciadores, hay que parar todo.

La tregua sigue

Hugo Moyano denunció su propia tregua con el gobierno De la Rúa-Cavallo hace más de 15 días. En las próximas horas convocará un Confederal, donde “podría” resolverse una medida de fuerza que recién será anunciada el 31 de mayo, y ya estamos en junio. Es decir, la tregua sigue. El secretario general de la CGT disidente conmovió un minuto al país con su llamado al anticipo electoral, pero “sólo un dato, entre tanto enredo, asoma irrefutable: el sindicalista camionero acaba de cerrar trato con el PJ bonaerense para que algunos de sus hombres integren las listas de diputados en los comicios de octubre” (Clarín, 20/5). Ruckauf y Duhalde han establecido a su vez un pacto con Cavallo, lo que compromete políticamente al dirigente de la CGT. Una parte del elenco dirigente de ésta se ha sumado, a su vez, al Polo Social del padre Farinello, por lo que el moyanismo ha depositado sus huevos en todas las canastas y cualquiera de ellas lo arrastra hacia una crisis mayor.

La continuidad de la tregua está poniendo al desnudo la completa falta de política de los políticos patronales que se presentan como adversarios “populares” de De la Rúa-Cavallo y de la propia burocracia sindical. Están inmovilizados frente a la envergadura de la crisis capitalista y por la división y confusión en el seno de la burguesía acerca de cómo salir de ella; han dejado nuevamente a las masas a la deriva, como furgones pasivos del imperialismo.

Pero cuando las patronales y la burocracia se inmovilizan frente a la bancarrota del régimen social, la acción de las masas puede desprenderse de su tutela y elevarse como un factor de desenlace de la propia crisis. Es lo que se expresa en las características de las últimas luchas: Capitán Bermúdez, Río Turbio, el corte de la ruta 3, los cortes, la rebelión de los técnicos aeronáuticos, el inicio de la movilización de desocupados, villeros y desalojados de la ciudad de Buenos Aires. El dato ineludible es que la burocracia no alcanza como factor de contención.

Agravamiento de la crisis

El gobierno acaba de fracasar en lo que constituyó su gran test financiero luego del anuncio del megacanje (megacurro) de la deuda. En la licitación de Letras de Tesorería, largamente demorada a la espera de obtener menores tasas de interés, el gobierno debió pagar una tasa del 12,09%, cuando dos semanas atrás había pagado un 12,44%. El resultado escamotea, sin embargo, una tasa superior: “El costo para el fisco podría haber sido mayor si Economía no le hubiera ordenado al Banco Nación jugar un rol agresivo en la licitación … se llevó Letes por 200 millones de dólares, esto es el 40% de lo que se ofreció en la licitación” (Clarín, 23/5). El riesgo país ha vuelto a subir.

Las convocatorias de acreedores y quiebras se han multiplicado, luego del récord de abril. El fracaso del intento reactivador de Cavallo está expuesto, luego de haber recurrido a los fondos retenidos de los bancos para pagar la deuda externa y no para impulsar la economía. Los acreedores no han dejado de exigir una ley de crédito público que otorgue a los dueños de los títulos de la deuda externa la prioridad de cobro sobre cualquier otro acreedor, incluidos los asalariados del Estado, ni de una ofensiva aún mayor sobre las provincias, pero expresan ante todo su propia incertidumbre frente a la “gobernabilidad” jaqueada por la crisis y las luchas abiertas.

En esta situación llamamos a marchar el 29 de mayo acompañando la presentación que hará la mesa del Polo Obrero y proponemos la realización de un inmediato congreso de piqueteros desocupados y trabajadores en lucha, para unir la movilización, las reivindicaciones y los planteos de conjunto. Unir a la inmensa mayoría de la población explotada contra el FMI y De la Rúa-Cavallo, contra la esclavización nacional.