En un Salón Blanco repleto, la Presidenta usó su mejor tono épico para anunciar la “recuperación de Aerolíneas Argentina”. Las ovaciones abundaron para saludar lo que no es otra cosa que un impúdico salvataje de los vaciadores de Aerolíneas.

La “recuperación” consiste en la compra de las acciones de AA por parte del Estado, que además se hará cargo de la totalidad de la deuda de la empresa. El proceso de determinación de la deuda, que tomaría unos sesenta días, es, en realidad. “lo único firmado” (Ambito Financiero, 21/7). Durante ese período, la empresa será administrada por un “comité de gestión” mixto, es decir un co-gobierno de vaciadores.

La deuda que registran los balances alcanza a uno 890 millones de dólares. Pero esos balances son truchos; el propio gobierno se negó a reconocerlos entre 2002 y 2006. Además existen numerosos “pasivos ocultos”, no registrados en los balances o de muy difícil cuantificación… pero que el comprador deberá afrontar una vez que se haga cargo de la empresa.

Por ejemplo, el Estado ha venido subsidiando el combustible utilizado por AA en los últimos años: ¿ese subsidio figura en los balances? ¿Están registradas las deudas salariales, los atrasos en la categorización de los trabajadores, las deudas previsionales? ¿A qué valor se contabilizan los aviones que no pueden volar por falta de mantenimiento? El balance real de Aerolíneas es un gran agujero negro. Hay versiones provenientes del síndico que estiman el pasivo de la empresa en más de 2.500 millones de dólares.

Hay un pasivo adicional, tampoco registrado en el balance; es lo que Ambito Financiero (21/7) denomina “pasivo intangible”, que es la pérdida de confianza de los usuarios que dejaron de viajar por AA. Algunas estimaciones indican que serán necesarios 150 millones de dólares para poner la compañía en condiciones operativas normales… lo que todavía estaría lejos de recuperar el “pasivo intangible”. A esta montaña de plata, el Estado debería agregar otros 30 millones de dólares mensuales, que es la pérdida operativa de Aerolíneas.

Con todo, no es lo único que pondrá el Estado para “nacionalizar” Aerolíneas. El “acuerdo de caballeros” al que arribaron el gobierno argentino, el español y el grupo Marsans establece que “el grupo español cobrará por desprenderse de las acciones de Aerolíneas (…) el gobierno argentino dio garantías de que habrá pago” (La Nación, 19/7). Kirchner honrará un patrimonio negativo. Los representantes del gobierno español le advirtieron que una “salida incomoda” del el grupo Marsans “no beneficiaría la permanencia de la inversión española en el país” (Código Aéreo, 18/7).

No puede extrañar, entonces, que “en Madrid, fuentes oficiales insistieran en que la alegría es española. ‘Los de Marsans están felices (porque) lograron lo que querían” (ídem).

La compra de Aerolíneas por el Estado es, antes que nada, la capitalización fraudulenta -a costa de los contribuyentes argentinos- de un pulpo español en quiebra… que además obtuvo la garantía de que no deberá pasar por los tribunales por el delito de vaciamiento.

Crisis política

La presidenta anunció que enviará las leyes y los contratos que establezcan la “nacionalización” de Aerolíneas al Congreso.

Por un lado, se cubre las espaldas, que se hace cargo, a costa del contribuyente, de una empresa quebrada, con deudas cuyo monto se desconoce. Un proceso en el cual el Estado deberá aportar miles de millones de pesos.

Pero, al mismo tiempo, el envío del “paquete” de Aerolíneas al Congreso es un intento del Ejecutivo de retomar la iniciativa política y de devolver al centro de la escena a De Vido y a Jaime, con todo el ‘costo’ que ello significa para el bolsillo de los argentinos. La Presidenta espera obtener una aprobación tal como para pretender que la división del PJ, el hundimiento de la Concertación Plural, la pérdida de las mayorías en ambas cámaras y hasta la deserción de Cobos son cosas del pasado. Si no lo consigue… ¡puff!

Para forzar a la oposición a darle el “sí”, la presidenta advierte que un rechazo de la “nacionalización” llevaría a la declaración de quiebra de Aerolíneas y a una crisis con el gobierno de Zapatero. La señora Kirchner pretende reconstruir su autoridad política con el apoyo del capital financiero español.

Distintos grupos opositores se quieren curar en salud: ya han comenzado a hablar de “estafa” y “corrupción”, a cuestionar que el Estado se haga cargo de la deuda, a reclamar que se investigue la complicidad de los sucesivos gobiernos con los vaciadores y, por sobre todo, a cuestionar que Aerolíneas quede en manos de Jaime y De Vido. Podrían arreglar con otra gestión.

Así, el trámite de la “nacionalización” de Aerolíneas en el Congreso será uno de los epicentros de la crisis política.

Una salida para los trabajadores

El gobierno “nac & pop” no ha salvado a Aerolíneas sino al pulpo Marsans, que se irá de Argentina sin deudas y con plata en el bolsillo después de haber vaciado a la empresa.

Desde estas páginas planteamos una política antagónica: que se incauten los activos de Marsans en el país (hotelería, gastronomía etc.) para crear un fondo de recapitalización de la empresa vaciada por los españoles.

Los trabajadores, en particular los de Aerolíneas, debemos oponernos a este rescate del capital en quiebra. Lo pagaremos los consumidores con mayores impuestos y los trabajadores con la liquidación de sus condiciones de trabajo. Sugestivamente, en los últimos días varios diarios “recordaron” que un tercio de los 9.000 trabajadores de Aerolíneas son “excedentes”.

Planteamos la expropiación sin pago de Aerolíneas y la confiscación de los bienes de Marsans para recapitalizar la empresa bajo control de sus trabajadores.

El gobierno y la burocracia de los sindicatos aeronáuticos impusieron a los trabajadores una cláusula de “paz social”… que no sería necesaria si el gobierno estuviera dispuesto a respetar y cumplir las reivindicaciones salariales y laborales de los trabajadores de Aerolíneas. Planteamos la plena satisfacción de todas las reivindicaciones de los trabajadores aeronáuticos.

Impulsemos en los lugares de trabajo la deliberación de una política propia de los trabajadores.