En un operativo sorpresa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en varios restaurantes de Nordelta, se pudo corroborar que el 50% de los trabajadores relevados están bajo condición de informalidad. Según el propio comunicado del organismo, en uno de los locales gastronómicos más reconocidos de la zona “no había ningún trabajador registrado”.

Las estadísticas constatan la consolidación de un régimen de precarización en plena sintonía con los ejes fundamentales de la reforma laboral, en un rubro particularmente caracterizado por los atropellos patronales de todo tipo. Nordelta no es una excepción, sino la regla del país, donde casi la mitad de la fuerza laboral está bajo condición de informalidad.

A su vez, algunos restaurantes llegaban a ostentar una diferencia entre sus ventas reales y las declaradas en hasta un 150%, poco menos del margen de 200% que se observó días atrás en un operativo similar en Puerto Madero. Lo que, a fin de cuentas, es también otra postal de lo que sucede en todo el territorio nacional. El gobierno no puede darse por sorprendido frente a la evasión fiscal de los empresarios, cuando son ellos mismos quienes habilitan todo el régimen de fuga de capitales y exención de impuestos y tributaciones a las grandes empresas.

Esto es parte de una realidad que avanza todos los días. De todos los puestos laborales perdidos en la cuarentena estricta, el 60% se recuperó bajo condiciones de informalidad. Un avance de la reforma laboral en los hechos. No debe sorprender lo aquí acontecido, si contemplamos que el propio presidente Alberto Fernández celebraba en Toyota Zárate el avance de un convenio flexibilizador, o que es el propio Estado en todos sus estratos quien se ubica como uno de los mayores precarizadores laborales.

Estos operativos tienen ante todo la intención de reducir algunas maniobras evasivas empresariales en el marco del camino hacia un acuerdo con el Fondo, donde el gobierno nacional intenta “equilibrar las cuentas fiscales” para maximizar la recaudación de divisas. Las multas no resuelven ninguna situación de informalidad laboral, solo le permiten al Estado cobrarle a los patrones en nombre de sus infracciones. Los trabajadores afectados seguirán bajo condiciones de informalidad y siquiera van a ver un centavo de la recaudación.

A los trabajadores se nos plantea la defensa de los convenios colectivos de trabajo, de conquistas obreras históricas arrancadas con décadas de lucha y de nuestras condiciones de vida. Queda claro que ninguno de los que nos gobiernan, ni los que intentaron impulsar las reformas precarizadoras en el Congreso ni los que la aplican por lo bajo van a hacerlo. Los sindicatos tienen que ponerse a la cabeza de esta pelea, en lugar de oficiar, como hace el arco de la burocracia sindical alineada con el gobierno, para entregarnos en bandeja. Los sindicatos clasistas y combativos como el Sutna antiburocrático, que viene de conquistar un impactante bono de $730.000 para los trabajadores de Bridgestone, nos marcan un camino.