El gobernador Juan Schiaretti presentó el proyecto de ley para la creación de la Agencia Conectividad Córdoba (ACC) que será la encargada administrar los 2.391 kilómetros de fibra óptica que tiene enterrados en el territorio provincial. Declaró al lanzar la medida que “este es el siglo del conocimiento y exige rápidamente el desarrollo de ese sistema de conexión” y agregó “en este siglo van a progresar los pueblos que tengan educación y conocimiento más que aquellos que tengan materia prima, y lo está demostrando este 2020”.

Un comunicado oficial indica que “la conectividad y la inclusión digital son políticas de Estado para todo el territorio provincial”; sin embargo, en su oportunidad, la secretaria de Educación, Delia Provinciali, declaró que “estamos entre el 76% y el 80% de vinculados y alrededor de un 20% o está desvinculado o tiene vínculo muy discontinuo” (Hoy Día, 3/8). A ello se suman las declaraciones del propio ministro de Educación, quien sostuvo que “hay una franja de chicos (del secundario), que varía entre el 12% y el 15%, que han tenido baja conexión”. Las y los docentes, que estamos al frente del proceso educativo en la virtualidad sabemos que el número es en realidad mayor y que los alumnos y alumnas que “abandonaron” la “escuela virtual” se concentran en los sectores más empobrecidos.

Demás está decir que este proyecto no persigue fines pedagógicos, ya que como ha sido evidenciado durante el transcurso del 2020 la política del gobierno de la provincia apuntó todos sus cañones al ajuste y precarización en materia de educación.

El 2020 fue atravesado íntegramente por la pandemia causada por el Covid-19. En materia escolar, los y las docentes nos hemos puesto al hombro la difícil tarea de organizar la comunicación y el dictado de clases virtuales con nuestros alumnos y alumnas en tiempo récord, mientras que el Ministerio de Educación zigzagueaba por un camino incierto en materia pedagógica. Pero no perdió un minuto para, gracias a la complicidad de la conducción del gremio docente (UEPC), marcar un claro camino de ajuste: cerró una paritaria que había sido rechazada por el conjunto de la docencia, luego dilató el segundo tramo de esa paritaria, metió la reforma previsional (un verdadero robo a las y los jubilados y activos que aportamos a la caja de la provincia). Además no procedió a la cobertura de cargos y horas hasta casi finalizado el año y, como si esto fuera poco, ahora embiste con un ataque al estatuto docente para precarizar la labor de maestras y profesores.

En este marco, la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, destacó que “la Agencia va a administrar la instalación, la operación de las redes de los sistemas de telecomunicaciones y de interconexión, también tendrá a su cargo la comercialización a nivel mayorista de los sistemas TIC y todas las iniciativas tendientes a reducir la brecha digital, tanto para el acceso como para el uso y la apropiación de la tecnología”, Schiaretti remarcó: “Me interesa que Internet llegue a cada localidad cordobesa. Después, la distribución minorista la harán seguramente las empresas privadas, las cooperativas y, si quieren, los municipios”.

La provincia ya llevó adelante la obra de infraestructura a través del despliegue de 2.391 kilómetros de fibra óptica durante 2018 y 2019 junto a la obra de gasoductos troncales (cabe recordar que en la misma participó la denunciada empresa Electroingeniería en la que también actuaron Iecsa y Odebrecht).

El proyecto dejará en manos de capitales privados la distribución minorista del servicio de internet, un negocio extremadamente rentable en tiempos de virtualidad, que no garantiza en absoluto la equidad en cuanto a su llegada a todas las familias trabajadoras.

El derecho a la conectividad para hacer efectiva la educación en tiempos de pandemia debe estar centrado en garantizar las condiciones educativas para estudiantes y la docencia sin que esto implique una desvalorización y precarización laboral.

El uso de la conectividad debe estar incorporado a un proyecto educativo dirigido por la comunidad educativa. En ese sentido, un paro nacional es un punto de partida para frenar el ajuste y defender del derecho a la educación, los salarios y condiciones de trabajo.

 

 

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