La Agencia de Bienes SE, que la Legislatura ya ha votado en “primera lectura”, es un emprendimiento de privatización de tierras de alcance vasto.

Junto con la Corporación Puerto Madero y la Buenos Aires Sur, completa la totalidad del territorio de la Ciudad como objetivo de megaemprendimientos inmobiliarios. A partir de ella, el gobierno de Larreta pretende dar un salto en una orientación que viene de décadas atrás. La Corporación Puerto Madero fue creada bajo la intendencia de Carlos Grosso (1989-1992) y la Corporación del Sur bajo el gobierno de Aníbal Ibarra (2000-2005). Menemistas, seudoprogresistas y macristas compartieron el objetivo de la entrega de la Ciudad en beneficio del capital financiero e inmobiliario.

 

La operatoria de la agencia sigue la de las anteriores corporaciones privatistas: se transfieren las tierras e inmuebles de dominio de la Ciudad para su venta y el desarrollo de proyectos especulativos. Sustraen así las enajenaciones al voto de los dos tercios de la Legislatura, previsto por la Constitución de la Ciudad. Además, el producto de las ventas queda por fuera del presupuesto estatal y alimenta una serie de cajas paralelas al margen de cualquier control. De esta misma forma, la Corporación del Sur acaba de vender los terrenos de Casa Amarilla, que estaban destinados a viviendas del Instituto de Vivienda de la Ciudad.

 

En el proyecto de la Agencia de Bienes se prevé la venta del Tiro Federal para el Parque de la Innovación, que según sus propios impulsores “será un polo de la escala de Puerto Madero” (La Nación, 8/2). Detrás del señuelo tecnológico se prevé un megadesarrollo inmobiliario. También se prevé la venta de “El Dorrego” en Colegiales, para la construcción del Centro Metropolitano Audiovisual. De la letra de la ley se eliminó toda otra especificación de los terrenos afectados, por lo tanto se transfieren todos. En carpeta se encuentran la venta del Design, la concesión del Autódromo y terrenos en la Costanera.

 

Estos proyectos alimentarán con obras millonarias a la patria contratista de los Caputo e Irsa. Este ajuste a través de la venta del patrimonio público agravará todas las contradicciones sociales, económicas y políticas.

 

El resultado del remate de tierras y la especulación es la expulsión de la población trabajadora. De los que trabajan en la Ciudad sólo la mitad vive en ella. La valorización del m2 empuja a la venta de la vivienda única. Para un asalariado resulta cada vez más difícil afrontar el aumento del costo de vida, del ABL y expensas. La mitad de la población es inquilina y los alquileres han aumentado un 40% en los últimos tres meses. Es por eso que se ha duplicado la población en villas en la última década. La negativa a urbanizar las villas obedece a la espera de mejores condiciones para una expulsión de su población, a través del mercado o de la fuerza, y así poder recuperar esas tierras para la especulación.

 

Otra consecuencia es la pérdida de espacios verdes públicos, que ha llevado a que la relación entre habitantes y m2 verdes sea, en la Ciudad de Buenos Aires, una de las peores del planeta. La saturación de los servicios públicos, resultado de la anarquía en el desarrollo urbano, la padece la población con cortes de luz y de agua. Los problemas de tránsito son insuperables si la población es expulsada cada vez más lejos de sus trabajos, y con la extensión del subte paralizada.

 

La creación de la agencia tuvo una primera votación favorable en diciembre. El PRO contó con los votos del bloque kirchnerista, su gran socio en la privatización de la Ciudad, como lo prueban la venta de los terrenos ferroviarios, los bares en plazas, y varias otras enajenaciones. La participación en estos negociados y la conformación de los directorios de la Agencia de Bienes, la Auditoría General o la Defensoría del Pueblo han sido la moneda de cambio para sellar estos pactos contra la población.

 

En la Comuna 13 ya han comenzado a levantarse voces contra la venta del Tiro Federal. Planteamos la necesidad de una movilización enérgica en defensa del patrimonio público, para ponerle un freno al remate. Una consulta popular, puesta en pie desde abajo, por las organizaciones vecinales, los consejos consultivos de las comunas y los sindicatos de trabajadores de la Ciudad significaría un enorme pronunciamiento en ese sentido.