Políticas

25/11/2021

Agenda FMI: el gobierno apunta contra la doble indemnización y la prohibición de despidos

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó a las patronales que no prevén renovar ambas medidas.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó a las patronales que el gobierno no tiene interés de renovar las medidas de doble indemnización por despidos sin justa causa y prohibición de despidos, las cuales vencen a fines de diciembre. Se trata de unos de los reclamos fundamentales de los capitalistas y el FMI, en medio de las presiones por una reforma laboral y mayor flexibilidad  en las contrataciones.

Las declaraciones del ministro tuvieron lugar en un evento en Campana, del cual participaron Paolo Rocca, dueño de Techint, y presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. Cabe recordar que Rocca, en su momento, recibió el decreto de prohibición de despidos con 1.450 desvinculaciones de su personal enrolado en la industria de la construcción, dando cuenta de que las patronales hacen y deshacen a su antojo.

Ningún cuidado del empleo

Las declaraciones del ministro de Trabajo deben ser leídas al calor de la agenda impuesta por las patronales y el FMI, y de un balance de las medidas oficiales.

El gobierno incorporó la doble indemnización ante despidos sin justa causa ni bien asumió su mandato Alberto Fernández, a fines del 2019, bajo el pretexto de combatir el creciente desempleo. Sin embargo, ahora no se renovaría tal medida en función de la “recuperación económica” pospandemia, lo que no implica que la situación a diciembre del 2019 haya mejorado.

Tomando comparativamente los informes de Mercado de Trabajo trimestrales, elaborados por el Indec, para el cuarto trimestre del 2019 la tasa de empleo alcanzó el 43% y la tasa de desocupación fue del 8,9%; mientras que para el tercer trimestre del 2021 (último registro), los indicadores son del 41,5% y 9,6%, respectivamente. Es decir que hay menos empleo y mayor desocupación que cuando… se lanzó el decreto de doble indemnización.

Respecto a la prohibición de despidos, tan vilipendiada por las patronales y vulnerada en un sinfín de ocasiones, se trata de una medida incorporada con el arribo de la pandemia y las políticas sanitarias, con el supuesto propósito –valga la redundancia- de prohibir despidos. Pero ocurre que las patronales la vienen desconociendo sistemáticamente. Al caso de Techint podemos sumarle los trabajadores tercerizados de Edesur, bajo la firma EMA; e incluso el reciente conflicto de Garbarino, con miles de telegramas de despido enviados por la patronal. Esta última incluso combinando la vulneración de ambos decretos, ya que pretende despedir, no pagar doble indemnización y solo pagar la mitad de lo que correspondería “normalmente” por ley.

Una señal para “ajustar” los negocios

La orientación del gobierno, que avanzaría en el desmantelamiento de ambos decretos limitados, opera en medio de una ofensiva patronal que reclama mayor “versatilidad” para contratar y desprenderse del personal y un régimen laboral más flexible. La eliminación de ambos institutos es una puerta abierta para avanzar en esta dirección, sin que haya reparos políticos ni consecuencias legales.

El discurso del gobierno se asienta en el crecimiento económico pospandemia. “Como se está normalizando la situación porque la Argentina está creciendo al 9% es altamente probable que esas medidas terminen a fin de año y no sean prorrogadas”, señaló Moroni. Mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, habla de metas de crecimiento del 10% para el 2022. Sin embargo esto no es sinónimo de empleo y mejores salarios, sino que representa una mayor explotación obrera, como sucede con la reforma laboral en Toyota. Esto también se ha visto reflejado en el derrumbe en la participación de los salarios en el producto bruto.

Ante la persistencia de los altos índices de desocupación es necesario hacer cumplir una verdadera prohibición de despidos y suspensiones, para conservar los puestos de trabajo, y evitar cualquier flexibilización y/o reforma laboral que abra las puertas a más despidos y desocupación. Junto a la apertura y control obrero de los libros de las empresas que aleguen dificultades económicas y/o quiebra. Por un plan de reactivación de la obra pública y la industria nacional, para terminar con el desempleo, combinado con el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

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