Tucumán es una provincia rica en recursos acuíferos. Sin embargo, el pueblo trabajador tiene que bañarse con un jarrito, o pagar agua en botellas, o enfermarse porque no tiene con qué lavar las verduras que va a comer.

 

“Airadas protestas”

 

Dos diarios de Tucumán publicaron, en menos de 30 días, casi 100 noticias relacionadas con la falta de agua. Esto habla a las claras de las precarias condiciones de un servicio esencial, de las condiciones de vida que soportan los trabajadores, y explica la epidemia de meningitis y hepatitis que atacó a la población infantil de las escuelas de Tucumán en diciembre.

 

Pero el detalle está en que en todos los casos, la prensa registró el hecho porque los vecinos reaccionaron con los métodos que se han impuesto tras el Argentinazo: cortes de ruta y acciones directas (la “airada protesta vecinal”, como escribió un diario).

 

Aumentos

 

Hubo un incremento desmedido de las tarifas respecto de las tarifas base de la ex Dipos. Para los de “baja capacidad de pago” (más del 90% de los usuarios), el aumento fue del 20 al 60 por ciento para agua, mientras que para agua y cloacas fueron del 30 al 135 por ciento. Lo peor de todo es que disminuyó para usuarios de mediana y alta capacidad de pago hasta un 50 por ciento. Esto lo dice un trabajo elaborado por Defensa de Usuarios de Servicios Públicos (Dusep). Y agrega que la prevista revisión de la Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) y el revalúo de propiedades realizado por la Dirección General de Rentas “será justificación para una generalizada y discrecional suba tarifaria”.

 

La salida del Partido Obrero

 

El Dusep dice que “…se hace necesaria una política de saneamiento y la confección de un nuevo Marco Regulatorio y Cuadro Tarifario compatible con una eficiente prestación y tarifas al alcance de todos”.

 

¿Qué quiere decir? ¿Cuánto puede pagar un desocupado que vive de changas o del cartoneo? ¿O las 100.000 familias de 5 a 7 personas que reciben un plan de 150 pesos? ¿O los trabajadores en negro?

 

Denunciamos que la obscenamente manipulada reforma de la Constitución no va a tratar el derecho al agua.

 

La verdadera solución pasa por poner la empresa del agua bajo control de los trabajadores.

 

Por un plan de obras que garanticen el derecho al agua en cantidad y calidad suficientes para todos, servicio que debe ser gratuito para quienes tienen ingresos menores a 900 pesos. Por la condonación y reconexión inmediata de los servicios cortados a los usuarios trabajadores.

 

Las industrias y los grandes terratenientes —que utilizan descomunales cantidades de agua potable— deben pagarla; hoy la reciben gratis y sin ningún control. Cuando no la saquean, como el Ingenio Concepción, que riega cañaverales con decenas de pozos que bombean día y noche millones de litros de agua de la mejor calidad.