En un artículo publicado por el Cronista, se detalla la reforma que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, busca llevar adelante un reforzamiento de las fuerzas represivas sin pasar por el Congreso.

 

Como la legislación argentina prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, el gobierno busca "vías alternativas" para llevarlo a cabo, sin pasar por el parlamento: una modificación de la estructura orgánica del Ministerio y la reformulación del rol de las Fuerzas Armadas para "establecer la vinculación con otras áreas sensibles del Estado, como el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)" (El Cronista, 14/09/17). Este "plan estratégico" incluye atender las necesidades de equipamiento militar y la creación de una fuerza de elite (o la reconversión de la actual fuerza, lo cual chocaría con “sectores tradicionales” de la fuerza). Según el periodista: “La intención es contar con un cuerpo cuantitativamente reducido, pero bien entrenado y con medios técnicos de calidad” (ídem).

 

Esta política ya estaba en marcha bajo la gestión del ministro Martínez –antecesor de Aguad bajo el Gobierno de Macri–, cuando se otorgó mayor autonomía al Alto Mando Militar (Decreto 721/16), habilitó a las Fuerzas Armadas a realizar “informes socio ambientales” (Resolución 154-E/2017), abriendo las puertas a tareas de espionaje interior, se ordenó capacitar a los militares en el “principio de progresividad en el uso de la fuerza”, característico del entrenamiento policial y contrario a la esencia de la formación militar.

 

Continuidad de un propósito reaccionario

 

La respuesta del kirchnerismo ha sido reivindicar el rol de la “conducción civil” de las Fuerzas Armadas, denunciando que estamos frente a un “debilitamiento” de esa función –que es la que pondría “limites” al avance represivo. Sin ir más lejos, es lo que CFK sostuvo respecto de la Gendarmería –involucrada en la desaparición de Maldonado–, cuando afirmó que “es la misma que actuó bajo su gobierno” y que lo que cambió ahora fue su “conducción política”.

 

Aquella “conducción” impulsó la sanción de la ley antiterrorista, designó al genocida Milani al frente del Ejército y utilizó a los servicios de inteligencia para espiar y reprimir al movimiento obrero (bajo la batuta de la “seguridad democrática” y el Proyecto X de Nilda Garré y de Sergio Berni en la Panamericana).

 

Mientras Aguad niega “las versiones sobre un posible involucramiento de las fuerzas armadas en el combate del narcotráfico”, que son impulsadas en primer lugar por el Presidente de la Nación, ratificó “las actuales tareas de asistencia”, las cuales comenzaron, precisamente, durante los gobiernos K.

 

Como fuerza política del régimen, los gobiernos K también aspiraron a reintroducir a las Fuerzas Armadas en la política interior y en la represión del movimiento popular.

 

Solamente la organización y movilización independiente de los trabajadores derrotará a este reforzamiento represivo.