La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco) de confirmar la prisión preventiva para Aída Ayala deja a la diputada nacional radical — al borde de la prisión preventiva. La acusación consiste en que Aída Ayala, junto al secretario general del gremio municipal, Jacinto Sampayo, armaron una empresa de recolección de residuos (Pimp), que pasó de no tener absolutamente nada a ser, en menos de un mes, adjudicataria de un convenio con el municipio por 150 millones de pesos. Fue con los propios fondos públicos que la empresa compró los camiones y adquirió la infraestructura para llevar adelante la tarea.

La nueva resolución es un revés para Cambiemos, ya que ante el pedido de desafuero judicial para meterla presa, Pablo Tonelli -presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso- maniobró para no tratar el tema en la comisión a la espera de una sentencia judicial favorable. De actuar con la misma lógica que en el caso de Julio De Vido, deberá proceder a su desafuero.

La confirmación de la prisión preventiva se da con Ayala procesada sin sentencia. La justicia no tuvo con ella las mismas contemplaciones que en otras causas que involucran al macrismo, como la del Correo (al propio Mauricio Macri), o el procesamiento, en su momento, por las escuchas ilegales cuando era jefe de Gobierno.

Sampayo, junto a otros acusados, se encuentra está preso. Las prisiones preventivas obedecen a la consideración de que Sampayo en su rol gremial, Ayala como diputada y el resto de los imputados tienen un campo para obstruir la investigación.

Aída Ayala debe ser desaforada.

Crisis de régimen

La causa por Pimp tiene muchas aristas. Quienes salieron a “bancar” a Sampayo denunciando a “los presos políticos” son el sindicato municipal y el movimiento ultrakirchnerista de Emerenciano Sena, que se coloca así como encubridor de este desfalco.

Al mismo tiempo Jorge Capitanich, actual intendente y sucesor de Ayala, mantuvo el contrato con Pimp con el argumento de que no había condiciones judiciales para romperlo, por lo cual la empresa cuestionada sigue a cargo de la recolección de residuos en la municipalidad. Los pactos con la burocracia de Sampayo son el hilo conductor que une a ambos intendentes: ninguno le pisa el poncho a una burocracia que puede obstaculizar el funcionamiento del municipio. Solo el Partido Obrero plantea: fuera la burocracia sindical de Sampayo, por una nueva dirección en el gremio municipal, apertura de las cuentas del Municipio, municipalización sin resarcimiento de Pimp, recolección de residuos a cargo de la municipalidad. 

Por otras causas de corrupción impulsadas por el fiscal Patricio Sabaddini está preso el secretario de Gobierno provincial, Horacio Rey, y los intendentes de Villa Río Bermejito y Castelli. Esto motivó varios debates políticos en la Cámara de Diputados. En los mismos, Aurelio Díaz desarrolló la posición del Partido Obrero: para terminar con el régimen corrupto del PJ y la UCR y colocar los recursos del Estado al servicio de las necesidades de la población, debe intervenir el pueblo trabajador y tomar en sus manos los problemas.

La situación de Pimp, allí donde continúa operando, muestra que ni siquiera la prisión de los involucrados alcanza para terminar con los negociados. Por la causa “Lavado III” están presos los intendentes que se hicieron con el botín de los planes del Instituto de Vivienda, pero las viviendas no aparecen. Por la causa “Lavado I”, está preso el secretario de Gobierno por desviar fondos de la pauta de publicidad estatal, pero la pauta sigue siendo una caja negra. La Justicia tiene límites políticos insalvables, la situación requiere una reorganización integral que solo puede llevar adelante la movilización popular. 

Además, se multiplican las presiones para terminar con las investigaciones. Por caso, la causa “Lavado III”, que involucra a intendentes lucrando con el Instituto de Vivienda provincial, debiera dar lugar a una investigación sobre el gobernador Domingo Peppo. El entrelazamiento entre las camarillas corruptas del PJ y la UCR, el empresariado vinculado a los contratos con el Estado y la burocracia sindical es parte de un régimen que debe ser desmantelado mediante la movilización popular.

Planteamos la apertura de cuentas en todos los municipios, asamblea constituyente para reorganizar políticamente la provincia, fuera las camarillas municipales y provinciales que lucran a costa del presupuesto del Estado en una provincia devastada por la miseria.