Sergio Massa refrendó el cronograma de reducción del déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario, el cual no debía superar el 2,5% del PBI al cierre de 2022. Para cumplir esa meta anual, el gobierno afilará sus tijeras sobre el gasto público en un proceso que no estará exento de tensiones de todo tipo, inclusive con los gobernadores del PJ que hoy saludan el nombramiento del superministro. Ajuste que pagarán los trabajadores con nuevos golpes a la salud, la educación y la vivienda y con impuestazos.

Según la consultora Ecolatina, para achicar el rojo fiscal en esas proporciones la reducción del gasto primario en la segunda parte del año debería ser del 10% real. Un ajuste de gran envergadura, cuya aplicación tendrá entre sus prioridades recortar las partidas destinadas a las provincias, como los subsidios al transporte y el presupuesto en obra pública, convirtiéndose en un factor choque entre el Ejecutivo nacional y los mandatarios locales, tanto opositores como oficialistas, agravando la crisis política que envuelve al Frente de Todos.

Finalmente, los gobernadores vienen implementado el ajuste fondomonetarista en sus territorios, atacando la salud, los salarios, la educación y la vivienda. Ahora, con la advertencia de que peligran las transferencias a las provincias, buscan cubrirse con nuevos impuestazos, que, de una forma u otra terminarán recayendo sobre el pueblo trabajador.

En ese sentido, el Consenso Fiscal acaba de obtener dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, con el voto favorable de todas las bancadas, y podrá ser tratado en el recinto. Recordemos que dicho proyecto autoriza a los gobernadores a aumentar los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, lo cual afectará principalmente a los consumidores ya que los empresarios trasladan ese tributo al precio final. El acuerdo entre senadores peronistas y de Juntos por el Cambio para darle luz verde a esta iniciativa muestra cómo el conjunto de los bloques políticos patronales comparten una orientación de ataque al bolsillo popular.

Por otro lado, a principios de agosto, el gobierno sancionó vía DNU el traslado del Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi) al Ministerio de Economía para que el Ejecutivo nacional pueda proceder a realizar el revalúo inmobiliario en cada provincia. Esta medida formaba parte del acuerdo firmado con el FMI y fue ratificada por Batakis en su corto paso por el Palacio de Hacienda. Las valuaciones fiscales en puerta apuntan a incrementar la recaudación nacional vía Bienes Personales y la de las distintas jurisdicciones mediante el cobro de mayores tasas locales sobre los nuevos valores de las propiedades. Esta es otra muestra de la impostura de la oposición al posar de crítica de la presión tributaria, pero provee con Caba el “modelo” de revalúo inmobiliario que se tomaría para aplicar a escala nacional.

Ahora bien, los gobernadores ven con recelo tener que aumentar la presión tributaria sobre su electorado, así como también recibir menos recursos para infraestructura, en vistas a los comicios de 2023. Dicho de otra forma, tampoco les termina de cerrar la opción de compensar la merma en las transferencias provinciales con impuestazos. Como vemos, la tarea de recrudecer el ajuste en pos de cumplir con los lineamientos del FMI, para la cual fue mandatado Massa, supone un camino intrincado, repleto de encontronazos con las autoridades provinciales, que, a su vez, velan por los intereses de las distintas fracciones de la clase capitalista que se verán afectadas por los recortes mencionados y las modificaciones impositivas.

De todas maneras, “la punta de embudo” seremos los trabajadores, principales víctimas del ajuste y sobre quienes recae el grueso de la carga fiscal del país. Corresponde, entonces, que nos organicemos para tirar abajo el acuerdo ruinoso con el FMI y para que el financiamiento del Estado provenga íntegramente de los capitalistas. Esto es eliminar los impuestos al consumo como el IVA, el impuesto a la vivienda única y la cuarta categoría de Ganancias que grava el salario, además de abrir los libros de las empresas que descargan su costo fiscal sobre los consumidores aumentando los precios. Al mismo tiempo, es necesario aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital y reponer los aportes patronales.