El anuncio del índice de inflación de marzo -6,7%– no ha sorprendido a nadie. La población padece los aumentos de precios mucho antes de que le pongan una cifra al índice general, y sobre todo los trabajadores, porque lo que más aumenta son los artículos que hacen a la vida cotidiana: alimentos, educación, tarifas, etc.

El propio Guzmán, en una entrevista, se encargó de adelantar que estaría cerca de esa cifra para tratar de quitarle dramatismo, pretendió montar la idea de que tiene la situación controlada. Pero está lejos de estabilizarse y el pronóstico del ministro de que este será el índice más alto del año no encuentra asidero, cuando aún faltan aplicar varios aumentos de tarifas, sobre todo en energía, que tienen una repercusión sobre el conjunto de los precios.

Un ajuste que desajusta y un gobierno inmovilizado

El “programa económico que ya existe”, según declaró Guzmán refiriéndose al acuerdo firmado con el FMI, tiene un efecto desestabilizador económica y políticamente. Además, el acuerdo con el Fondo es inflacionario: la inflación es una de las herramientas para licuar el déficit fiscal.

El gobierno ha limitado la emisión y pasó a endeudarse en el mercado interno sobre la base de los títulos del Tesoro indexados; desde que asumió Alberto Fernández, la deuda compuesta por esta clase de bonos (en pesos) aumentó en 23.800 millones de dólares, alcanzando los 70.000 millones de dólares. A esa deuda del Tesoro habría que sumar la del Banco Central (con las tasas de interés en alza). Es decir, que se está ante un pasivo ingobernable que solo una megadevaluación podría licuar considerablemente, con su efecto directo sobre los precios y sobre el peso de las deudas en dólares. Mientras, la devaluación del dólar oficial en función de la inflación va haciendo su efecto.

Por otro lado, el aumento de los precios internacionales de la energía, y fundamentalmente del gas, para un país que debe importar requiere de fondos que hoy no están disponibles y demanda trasladar parte de esos aumentos a las tarifas por la necesidad de reducir subsidios. Las repercusiones de esta situación ya están provocando conflictos por la necesidad de retacear la provisión de gas a las industrias (entre el 10 y el 20%) y por la falta de gas oil para el transporte de cargas, lo que motivó, entre otras cosas, el paro de la patronal del sector. Es decir, un punto a favor de la recesión.

El gobierno se prepara para una primera revisión del FMI en mayo, tratando de reducir sustancialmente el déficit fiscal (gastos) y la emisión. En principio no cumplirá con la cláusula del pacto que lo obligaba a tener un “presupuesto 2022” aprobado en el Congreso, sacará una actualización de 2021 por DNU -es decir, discrecionalmente se repartirán recursos en función de las exigencias del pacto, por lo tanto, más recortes y conflictos. Lo del INCAA es solo un botón de muestra.

La falta de fondos es lo que llevó a que en la misma entrevista haya dicho que hay que “obtener parte de esa renta extraordinaria para generar una distribución más equitativa sobre los sectores más vulnerables”, a la par que rechazaba que se iban a tocar las retenciones. No se sabe qué tiene el gobierno en su cabeza, pero lo claro es que aparece un conflicto atrás de cada medida sin que tenga las condiciones para imponerse.

El carácter desestabilizador del pacto con el FMI tiene inmovilizado al gobierno, profundizándose la fractura de la coalición gobernante. Los rumores de cambios de gabinete expresan la inviabilidad de sostener al albertismo y al kichnerismo en el mismo gobierno. Para completarla, CFK en la reunión de la Eurolat en el CCK descalificó a AF sin muchas sutilezas. El problema es que los K no renuncian y tampoco los echan, ambos se están esmerilando. El kirchnerismo ha fracasado en su intento de ponerle un freno a la Corte Suprema en el copamiento del control del Consejo de la Magistratura y el albertismo necesita de nuevos aliados para gobernar. La situación se está tornando insostenible.

El inmovilismo del gobierno y la división dentro de Juntos por el Cambio están impulsando la búsqueda de nuevos armados, sin muy clara perspectiva de su viabilidad. En una reunión en la casa del exgobernador de Salta, Urtubey, estuvieron Juan Schiaretti, Gerardo Morales, Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, el radical Angel Rozas y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Se consideran el sector “antigrieta”, todos ellos coinciden en sostener el pacto con el FMI y buscan estructurarse como un eje ante el desbande del oficialismo y las divisiones de la oposición.

Luchas y represión

En este contexto se entiende la importancia que todos dieron al multitudinario acampe piquetero. En el marco del ajuste, el gobierno tiene límites para hacer concesiones que logren desmovilizar a los contingentes que en todo el país emergen de los barrios ante el crecimiento de la pobreza y la falta total de perspectivas. Para más, lo hacen en forma organizada y liderados por representantes de la izquierda revolucionaria; es decir, son la expresión de un hecho que no es circunstancial, que representa un proceso de independencia política en desarrollo.

Por ello, sin ningún tipo de grieta, se desató una campaña de acusaciones, difamaciones, etc. sobre la lucha piquetera con el propósito de impedir que una población de conjunto golpeada por la crisis y que rechaza a los partidos del régimen termine viéndola como su referencia. La derecha de los Milei y Espert, que basaron su crecimiento en el rechazo a los que nos vienen gobernando desde hace décadas, se convirtieron en voceros del reclamo de mano dura, coincidiendo con “palomas” y “halcones” de todas las fuerzas políticas gobernantes -o sea, con la “casta”.

En la reciente audiencia en el Congreso, que organizó nuestra diputada Romina Del Plá por la absolución de Arakaki y Ruiz, se dio testimonio de la represión a quienes salen a luchar contra el ajuste. Desde el encarcelamiento, como el caso de los luchadores jujeños, los delegados de camioneros o quienes se manifestaron el día de la aprobación del Pacto, hasta los procesos judiciales que involucran a miles de activistas, pasando por la represión lisa y llana, como en el INCAA, solo para nombrar los hechos notorios de los últimos días. Quedó esclarecido que el ataque al movimiento piquetero que domina los medios está dirigido al conjunto de los trabajadores, buscando impedir que haya una respuesta de conjunto. En esto colabora sobre toda la burocracia sindical, que está negociando acuerdos salariales trimestrales con el fin de ir calmando a los trabajadores ocupados, aunque con eso no impidan que el salario siga perdiendo frente a la inflación.

1° de Mayo

Los gobiernos deben haber tomado nota también de los obstáculos que tiene la política que se han trazado. Una movilización nacional ininterrumpida obligó al dictador Gerardo Morales a liberar a Sebastián Copello y Juan Chorolque. ¡Un gran triunfo! Las calles de todo el país se vieron este miércoles desbordadas por una nueva convocatoria de la Unidad Piquetera, mientras sigue la huelga docente en Misiones. El ajuste tiene quien lo enfrente.

El 1° de Mayo levantaremos tribunas del FIT-U junto a las luchas para fortalecer a quienes están luchando hoy, para impulsar una intervención del conjunto de los trabajadores y para levantar un programa obrero de salida a la crisis a la que nos llevan los Fernández, los Larreta, los Macri, los Morales, entre otros.

https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/la-enorme-solidaridad-y-lucha-nos-libero/