Las tarifas del transporte de colectivos y trenes de la zona AMBA subieron un 40% a partir del primer día de 2023. Estos aumentos son parte de un tarifazo generalizado en la totalidad de los servicios públicos al inicio del año (gas, electricidad, agua, etc.) que se suman a los alquileres, combustible, prepagas, etc. El subte también sufrirá un incremento en 4 tramos a partir de marzo, totalizando un 95% de incremento a septiembre de 2023 (de $42 a $80).

El impacto de estos aumentos sobre salarios y jubilaciones deteriorados, con el 80% de los trabajadores que no alcanzan la línea de pobreza, es durísimo.

Por si fuera poco, el gobierno nacional indexó las tarifas del transporte, que se incrementarán mensualmente desde marzo a diciembre, de acuerdo al índice de inflación. Esto supone un cambio significativo.

No es el mismo tratamiento que reciben los salarios en paritarias, con índices pactados por debajo de la inflación en la inmensa mayoría de los casos y con cláusulas de revisión que no garantizan recuperar lo perdido mes a mes.

La ruta del Fondo Monetario (y del gobierno ajustador) en el transporte

El objetivo del gobierno con relación al costo de las tarifas del transporte, acuerdo con el FMI mediante, es que por medio de sucesivos incrementos los usuarios terminen pagando el costo de la tarifa plena con la eliminación del grueso de las compensaciones a las empresas (subsidios). A valores de noviembre 2022, la tarifa técnica del colectivo en AMBA se encuentra entre $151 de acuerdo al cálculo del Estado nacional y $199 que calculan las cámaras patronales del transporte.

Este cambio de un sistema de transporte basado en el subsidio a la oferta -transferencias a las empresas de transportes- a uno de subsidios a la demanda -pago de tarifa plena y subsidios “focalizados” y reducidos- como lo reclama el FMI- implica una reorganización de fondo del sector. Es lo que intentó el gobierno de Macri y ahora asume plenamente el gobierno de AF, tras el acuerdo con el Fondo Monetario. El pasaje de un sistema de subsidios al capital, para reducir el costo laboral de las empresas, a otro determinado por el impulso a fondo del ajuste fiscal.

Otro aspecto de este mismo ajuste en los subsidios es el “traspaso” de 32 líneas nacionales a la jurisdicción de CABA, el cual se encuentra en etapa de negociación.

En el caso de las empresas de transportes del AMBA, su reclamo es coincidente con el del FMI. Reclaman tarifas plenas y que se subsidie la demanda, es decir, a determinados sectores mediante la tarifa social para mantener los ingresos por la utilización del servicio por parte de la población más empobrecida.

El cuadro general lo completa una caída en la utilización del servicio del transporte, que no se recuperó luego de la pandemia, con la presión de las patronales que plantean “readecuar” el servicio a esta caída en la cantidad de pasajeros transportados.

No al tarifazo en el transporte

Con los aumentos anunciados estamos frente a nuevo golpe al bolsillo que, primero de un saque y después mes a mes, va a afectar el poder adquisitivo del salario. Por eso rechazamos el tarifazo en el transporte -y demás servicios públicos- y el plan económico del gobierno y el FMI que ajusta a los trabajadores.

Es un reclamo de primer orden también para los activistas de los gremios del transporte -UTA, ferroviarios, subte- en cada lugar de trabajo debemos unir a un planteo de fondo que presente una salida a la crisis del transporte. A los diferentes “modelos” patronales de gestión, todos al servicio de las ganancias de los grupos capitalistas y empresarios del transporte, oponemos la nacionalización y administración obrera del sistema de transporte. Allí donde la burocracia sindical juega el papel de entregadora de los derechos y el salario de los trabajadores y discute por los subsidios para las patronales, convocamos a discutir también la cuestión de fondo: quienes debemos manejar los medios de transporte con un criterio basado en las necesidades populares y no en el lucro patronal.