El gobierno se acusa a sí mismo al acusar a Antonio “Jaime” Stiusso de diversos delitos mientras estuvo en la Dirección de Operaciones de la Side. Para disgusto del gobierno, ese mismo criterio fue aplicado por la fiscal en lo Penal Económico María Gabriela Ruiz Morales, quien resolvió investigar a Stiusso, pero también a Héctor Icazuriaga, ex director de la Side y personaje de la mayor confianza de los Kirchner. Fue una medida elemental, porque bajo las narices de Icazuriaga y de su ex segundo, Francisco Larcher, pasaron de contrabando 94 toneladas de materiales. No podían ignorarlo.

Pero la denuncia de Oscar Parrilli contra Stiusso -es decir, contra el propio gobierno- no fue una simple tontería sino una jugada obligada, puesto que, según ahora se sabe, el mismo Stiusso denunció ese contrabando al ser despedido de la Secretaría. O sea que los cargos contra él son una medida defensiva que Parrilli ha debido tomar. Una digresión necesaria: el contrabando consistió, de acuerdo con la denuncia, en la importación de bienes diversos bajo la figura de “material técnico reservado”. En otras palabras: el espionaje trae equipos para vigilar y perseguir a los ciudadanos sin rendir cuentas ni declarar de qué se trata. Todo eso ahora queda en manos de un represor de la dictadura: César Milani, el que pergeñó -junto a Nilda Garré- el Proyecto X para espiar a militantes sociales y de la izquierda, a sindicalistas, políticos opositores o periodistas molestos.

De la cúpula de la Side en tiempos de Stiusso sólo permanece Fernando Pocino, compinche de Sergio Schoklender y Hebe Bonafini en los negociados de Sueños Compartidos. Pocino es, precisamente, el que tiene los vínculos más aceitados con Milani. Añádase a eso que ahora el gobierno se propone incorporar a la Side (o AFI, su nueva razón social) a dos o tres centenares de patoteros de La Cámpora y el Movimiento Evita, y se tiene el cuadro completo. No se trata de advertir que el gobierno prepara una escalada represiva. No hay tal cosa porque éste es un gobierno en retirada, que no está en condiciones de llegar a esos extremos. Sin embargo, sí intenta organizar un aparato de represión ilegal que le responda, lo cual es parte de la guerra abierta por el control de los servicios que se desenvuelve, a su vez, como un aspecto de la crisis política.

De ahí, otra vez, la necesidad de que el 24 de Marzo se produzca una movilización popular contundente en defensa de las libertades, para que se vaya el represor Milani, que se abran los archivos de la Side, que se desmantele el aparato represivo y delictivo de un Estado descompuesto.