Después de festejar el comunicado emitido por el FMI al finalizar su misión en la Argentina, el gobierno retomó el cronograma de colocación de deuda con el que intenta canjear la deuda en pesos (es decir, la que no entra en la reestructuración), que había comenzado en diciembre pero fue interrumpido tras el fracaso en las licitaciones “desiertas” que lo obligaron a reperfilar el vencimiento del Bono Dual AF20.

Justamente, el dato saliente de la subasta del jueves de la semana pasada lo dio la adhesión al título creado para canjear el bono mencionado. Habiendo adjudicado 9.000 millones de pesos, triplicó las expectativas que tenían desde el Ministerio de Economía. El motivo de tal aceptación por parte de los tenedores del AF20 no tiene misterios. Con una tasa del 35% anual, la oferta era sustancialmente mejor que en las licitaciones fallidas realizadas previo al reperfilamiento, que significaban una quita de entre un 10 y 35%. En este caso casi no pierden contra la inflación, por lo que el pago se aproximará a cubrir la totalidad del capital, cuando el propio ministro Martín Guzmán había objetado en su exposición en el Congreso que era un título leonino. Según apuntan consultoras, el canje fue casi al precio que cotizan los bonos en el mercado (Ambito Financiero, 21/2).

La conclusión evidente es que tras posar de estrictos, desde el gobierno nacional están empecinados en demostrar que todos cobrarán. “El Ministerio de Economía privilegió la ‘señal de tasa’ a la posibilidad de asegurar caja”, observa un analista de La Nación (21/2), ya que finalmente hasta ahora el gobierno sólo logró canjear 10.300 millones de pesos de los 90.000 que vencieron por el Bono Dual.

La situación es peor en el caso de otros instrumentos que vencen en las próximas semanas, cuyo canje en la licitación del jueves mencionado fue muy bajo. Resulta que esta semana vencen más de 20.000 millones de pesos de Lecaps y la próxima el Tesoro debería pagar dos bonos que suman casi 70.000 millones de pesos. Ante semejantes cifras, las letras emitidas para refinanciar estos vencimientos (Lebad) cosecharon unos escasos 3.600 millones de pesos.

Es probable que los tenedores de los títulos que vencen hayan tomado nota de que la presión sobre el gobierno no lleva a endurecer la negociación, sino a aflojarla, arrancando mejores condiciones de repago. Si el equipo económico de Alberto Fernández no logra satisfacer las exigencias de los especuladores en moneda local podría abrirse un nuevo frente de conflicto, justamente cuando se buscaba separar a esta deuda de la negociación (al estar bajo ley local pueden ser reperfilados por decreto).

Este dato sirve para matizar la euforia oficial tras el gesto del Fondo a favor de una quita a los bonistas, a cambio de mantener el presupuesto público argentino bajo supervisión (y pagar el total de los 44.000 millones de dólares que debe al organismo multilateral). Vale tomar nota que mientras el gobierno presentaba esto como un gran avance, el riesgo país saltaba de nuevo arriba de los 2.000 puntos, se depreciaba el peso y desde Wall Street calificaron el mensaje del FMI con un “aumento de las chances de default” en la medida en que el gobierno use ese aval para hacer una oferta más ofensiva, ya que “la única chance de éxito requerirá términos amigables” (Infobae, 20/2). Preparándose para un escenario más espinoso es que algunos bonistas acaban de contratar como representante a un abogado de fondos buitre, Dennis Hranitzky, quien viabilizara la pulseada de Paul Singer contra nuestro país (incluido el recordado embargo de la Fragata Libertad en Ghana).

Esta rapiña entre distintos sectores del capital financiero por exprimir los recursos de la Argentina debe alertar sobre la falsedad de la promesa del gobierno de acordar un esquema de repago que no implique un severo ajuste. El robo a los jubilados es la punta de lanza de lo que será el “plan económico” de Alberto Fernández, el cual no es otra cosa que un compromiso de repago a los usureros internacionales a costa del pueblo argentino. Con todo, el hecho de que el “plan” esté atado al acuerdo que se alcance en Wall Street es un factor de volatilidad que condiciona el devenir del país a la decisión de un puñado de buitres.