Políticas
27/7/2026
Al FMI le pagan con la quiebra de millones de familias trabajadoras
La caída del salario y el crédito usurario empujan a los trabajadores a financiar su supervivencia con préstamos impagables.
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La morosidad de los hogares argentinos alcanzó el nivel más alto de las últimas dos décadas. Lejos de tratarse de un problema de "mala educación financiera", como pretende instalar el gobierno nacional, es el reflejo de una crisis social provocada por el derrumbe del salario, la precarización laboral y el ajuste permanente dictado por el FMI. El trabajador ya no se endeuda para comprar un auto o ampliar su vivienda: se endeuda para llegar a fin de mes.
La mora en las familias pasó del 2,5% al 12,3% entre octubre de 2024 y mayo de 2026. Los préstamos personales presentan un incumplimiento del 14,9% y las tarjetas de crédito del 12,5%, concentrando casi tres cuartas partes de toda la deuda irregular del sistema. La tarjeta dejó de ser un medio de pago para convertirse en un mecanismo desesperado de financiamiento del consumo básico.
El cuadro es todavía más explosivo en las billeteras virtuales y las fintech, convertidas en los prestamistas de última instancia para quienes el sistema bancario ya considera descartables. Allí la morosidad trepó hasta el 29,6%, un récord incluso superior al registrado durante la pandemia.
La magnitud de la crisis queda expuesta en el hecho que de las casi 21 millones de personas endeudadas, 5,8 millones ya están en mora. Es decir, casi tres de cada diez deudores no pueden afrontar sus obligaciones. Los jóvenes son los más golpeados: cuatro de cada diez menores de 24 años son morosos, consecuencia directa de la precarización laboral, los bajos ingresos y la ausencia de perspectivas para toda una generación.
El gobierno pretende responsabilizar a los propios trabajadores por haber tomado créditos "sin prever" el cambio de la economía o contar con adecuada educación financiera, pero los datos desmienten esa fábula liberal. La causa estructural del fenómeno es la caída del salario real desde la asunción de Milei, mientras el costo del crédito se dispara por las elevadas tasas de interés que exige el esquema financiero montado para sostener la bicicleta especulativa y garantizar el pago de la deuda pública.
Aquí aparece el vínculo inseparable entre la deuda del Estado y la deuda de las familias: el programa acordado con el FMI exige tasas de interés positivas, ajuste fiscal permanente y prioridad para los acreedores financieros. Cada nuevo préstamo que toma el Estado para sostener un régimen económico inviable encarece el costo del dinero para toda la economía. El resultado es un crédito prohibitivamente caro para las familias trabajadoras.
Mientras el Tesoro absorbe recursos para refinanciar una deuda externa impagable y garantizar ganancias extraordinarias a bancos y fondos de inversión, los trabajadores terminan pagando intereses usurarios por comprar alimentos, medicamentos o útiles escolares. El endeudamiento privado no constituye un fenómeno aislado: es la prolongación, sobre los hogares, de un régimen económico construido para privilegiar al capital financiero.
La crisis de la morosidad revela además el fracaso de todo el relato oficial sobre la supuesta recuperación económica. Si la economía estuviera creciendo sobre bases sólidas, los salarios permitirían cancelar las deudas y no multiplicarlas. La realidad es exactamente la inversa: cada mes aumenta la cantidad de familias que reemplazan ingresos por crédito, y crédito por más crédito, hasta caer en la cesación de pagos.
La Argentina de Milei no está construyendo una economía más sana sino una sociedad crecientemente hipotecada. El ajuste del FMI no solo multiplica la deuda pública, también convierte a millones de trabajadores en deudores permanentes del sistema financiero.
La visita de la directora del FMI Kristalina Georgieva viene a reforzar esta orientación antiobrera y antipopular. La única respuesta de fondo pasa por romper con el FMI, desconocer la deuda usuraria que condiciona toda la política económica y recomponer de inmediato salarios y jubilaciones para terminar con un régimen que condena a la población a financiar su propia supervivencia con deuda.
