El ultimatum planteado por el titular del Banco Central ha servido para poner en evidencia la situación terminal del gobierno de Duhalde. Entre tantas variantes golpistas, Blejer ha acuñado la propia: el directorio del Banco Central debe ser el poder supremo. A esto equivale hoy tener inmunidad judicial para meter mano en la reestructuración del sistema financiero. A la resolución de esta exigencia están subordinadas las divergencias planteadas en la última semana entre el propio Blejer y Lavagna, relativas a como proseguir con el proceso de confiscación de los ahorristas atrapados en el corralón y en el corralito.

La cuestión de la inmunidad es clave porque convierte al Banco Central en el árbitro de la actual bancarrota. Finalmente, la lucha de los tiburones capitalistas para acaparar lo que quede del colapso económico es el ojo de la tormenta de la crisis, que la realimenta sin cesar. No en vano las citadas precondiciones del FMI incluyeron modificar la Ley de Quiebras para permitir la toma de las empresas quebradas por los acreedores, y el salvoconducto para los banqueros enjuiciados por la Subversión Económica. Como Blejer es un agente directo del FMI, la pretensión es que sea éste el juez que dictamine quién y cómo quedará en pie luego del vendaval que conducirá a una centralización de capitales sin precedentes y a decidir, asimismo, el tipo de vaciamiento nacional que servirá para rescatar lo que se pueda del default.

Lo que está en juego

El punto es decisivo porque el FMI quiere usar las reservas que quedan en el Central para financiar la “reestructuración” de los bancos antes que la caja se vacíe en una rapiña más caótica todavía, sin delimitar claramente ganadores y perdedores. Hay que hacer la cirugía y Blejer y sus patrones (fue durante 20 años alto funcionario del Fondo) reclaman la jefatura de la operación: “Necesitan rápidamente una ley que los habilite para avanzar con la fusión de bancos y para reordenar el sistema financiero sin que, por ello, enfrenten una ola de juicios de entidades y ahorristas” (Ambito Financiero, 22/5).

El cheque en blanco que reclama el FMI es más importante todavía a la luz del proceso de nacionalización de la banca que ya se inició con el Suquía y el Bisel, tomados por el Banco Nación, luego de la fuga del Credit Agricole, que detentaba el control de ambas entidades. Una evidencia de que la mentada “reestructuración” tendrá como eje no al mercado sino al Estado, encargado de licuar las “pérdidas” con los impuestos y salarios del pueblo y entregarlos “saneados” a sus nuevos dueños. No es cuestión, entonces, de que la justicia y los capitales afectados anden metiendo la nariz en estos chanchullos recontramillonarios. Lo que está en discusión no es la “ayuda” del FMI sino cómo el imperialismo usa los recursos nacionales para beneficiar a los pulpos capitalistas en crisis. Al reclamar la ley de los superpoderes Blejer y el Fondo dan una lección sobre lo que es la democracia como dictadura del capital. La bancarrota capitalista tiene sus efectos pedagógicos para el que los quiera ver.

La eventual salida de Blejer como consecuencia de esta crisis sería una señal de que el FMI deja a Duhalde colgado del pincel y marcaría una nueva etapa de la bancarrota política oficial. Algo que de todos modos no sería evitado si el que se cae es Lavagna. La cuenta regresiva del duhaldismo se encuentra en el tiempo final.

Crisis capitalista

La cuestión no se agota en la debilidad del gobierno duhaldista. Bajo el propio techo del FMI conviven corporaciones capitalistas con intereses antagónicos que sólo pueden ser resueltos a costa de una lucha feroz que atraviesa a diversos imperialismos y a la burguesía nacional. La desintegración capitalista no puede ser resuelta por el capital de otro modo que a través de esta fuerza bruta con la explotación despiadada de los recursos nacionales y de la miseria sin fin del pueblo trabajador. Este es el acuerdo estratégico que sostiene el precario escenario en que libran sus batallas los Lavagna, los Blejer, y los Duhalde.

La especie que lanzaron los voceros de la centroizquierda y que repiten los economistas del gran capital, según la cual el mal original del gobierno ha sido la devaluación sin plan, pretende ocultar que el único plan de un capital en quiebra es reventar al competidor y usar en beneficio propio las condiciones de salarios y activos desvalorizados que la propia crisis estimula. Esto no lo resuelve ningún programa económico. Por eso el plan fue la devaluación reclamada por la burguesía nacional y el imperialismo para proceder de esta manera, a licuar deudas, salarios y finanzas públicas y como una emergencia de la sobreacumulación, sobreinversión y sobreproducción capitalista.

Hoy mismo, mientras un 53% de la población sobrevive con ingresos por debajo de la llamada línea de la pobreza, la Argentina produce alimentos para… 300 millones de habitantes y más de la mitad de su capacidad productiva está parada. Sobran mercancías y sobran capitales para funcionar sobre la propia base capitalista. Por eso mismo, Prensa Obrera anunció en febrero pasado que la hiperinflación era el programa de Duhalde; un mecanismo recurrente para devaluar el capital sobrante en la historia del capitalismo semicolonial argentino y del cual no se ha privado ningún régimen político en las últimas décadas.

Hacia un desenlace

Ahora la inflación amenaza con tragarse al gobierno de Duhalde, bajo cuya ge stión no ha dejado de progresar la desorganización económica. Las reservas del Banco Central, que habían caído más de un 50% en el 2001, cayeron un 30% más desde enero pasado; los créditos del Banco Central a la banca privada alcanzan ya los 18.000 millones de pesos y han llevado la emisión monetaria a superar en un 80% la previsión establecida para el año entero. Mientras el mismo Banco Central usa las reservas para pagarle al Fondo Monetario y financiar la especulación contra el peso, los exportadores retienen divisas por 4.700 millones de dólares (el 50% de las reservas declaradas por el Banco Central). El panorama es de catástrofe. La reconstrucción de las instituciones capitalistas, el sistema bancario, la moneda, la recaudación impositiva, la circulación de mercancías y la cadena de pagos plantean ahora una salida de fuerza para revertir el proceso de desintegración del régimen político y de un gobierno desahuciado.

No ha pasado un mes desde el acuerdo con los gobernadores y sus principales firmantes han salido a cuestionarlo, liderados por Reutemann y Solá, quienes disputan los favores del FMI y el capital financiero. El santafesino ha salido a escena con la “convicción íntima del próximo escenario de ingobernabilidad” (La Nación, 18/5). Solá, a su turno, avisó que no está en condiciones de firmar el acuerdo pactado con el FMI: “Que el Fondo negocie directamente con las provincias”, agregó, lo que equivale a considerar a Duhalde como una suerte de papel pintado. Detrás de ambos, los capitales agrarios y los monopolios exportadores han salido a plantear la rebaja de las retenciones.

Es instructivo que haya sido el miserable Plan Social para Jefas y Jefes de Hogar el que haya detonado estos enfrentamientos: su manipulación por parte de un régimen que hace agua por todos lados se ha transformado en el epicentro de una guerra de mafias y clanes en la cual se consuma la desintegración del PJ. La zanahoria del adelanto electoral, impuesto por la completa parálisis del gobierno de Duhalde, es el teatro de operaciones en el cual se reagrupan las tropas de un golpe que modifique este cuadro político para pasar a un gobierno por decreto y medidas de fuerza; algo que estará pavimentado por maniobras de todo tipo. Los capitalistas deben rearmar su propio frente por medio y a través de la propia crisis.

La burocracia, por su lado, ha lanzado una movilización (Moyano) y un paro aislado (CTA), sin perspectiva y sin consecuencia. Son peones de una crisis que los supera. ¿No la advirtió D’Elía, que se lanzó al ataque contra Reutemann desde… la Casa de Gobierno y luego de reunirse con los obispos y las cámaras patronales en el “consejo consultivo”? Los Zamora y las Carrió, a su vez, se mueven alegremente en el escenario como si lo que estuviera en juego fuera el recuento de votos y no una alternativa económica, política y social de conjunto, con la fuerza correspondiente para materializarla.

Este es el punto. La cuestión vital es que frente a la hiperinflación, el caos económico y la entrega del país a un grupo de pulpos financieros capitalistas, no hay otra salida que la confiscación de la banca y del comercio exterior y la puesta en marcha del aparato productivo ocioso bajo control obrero. No hay otra salida. Los que encarnan este programa a partir de sus reivindicaciones más elementales son los protagonistas claves de esta etapa sin precedentes de crisis, es decir, los piqueteros, la vanguardia del movimiento de lucha de la clase obrera y de todas las capas explotadas del país. Los delegados y líderes que han puesto en pie el Congreso del Polo Obrero el último fin de semana (del cual dan testimonio estas páginas), los encargados de organizar la próxima Asamblea Nacional convocada por el Bloque Piquetero Nacional y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, hasta ahora, y los llamados a asumir el desafío de dar un giro histórico frente a la bancarrota y la sin salida del régimen capitalista. Por la huelga general. Fuera Duhalde y los golpes y recambios capitalistas. Por un gobierno de trabajadores.