Con su publicación en el Boletín Oficial, el gobierno avanza con el nuevo tarifazo del gas. Esta vez, con un aditamento: además de la cuota de aumento prevista para el periodo octubre 2018-abril 2019, los consumidores deberemos pagar a las empresas distribuidoras una “compensación” por la devaluación del 100% entre abril pasado y octubre. El gas acumulaba hasta ahora un incremento del 800% desde que se  inició el “sendero de aumentos” –o, mejor dicho, la política del “tarifazo permanente”–, un año y medio atrás. 

El nuevo aumento supera el 50% para los hogares que consumen hasta 1000 metros cúbicos anuales, lo que abarca al 70% de los usuarios en CABA, Gran Buenos Aires, Litoral y Centro y Norte del país. Para los consumidores del segmento siguiente –hasta 1200 metros cúbicos–, el aumento es del 30%, mientras que para las pequeñas empresas el aumento llegaría al 120%. 

Para las familias más pobres, el aumento es mayor, porque la tarifa social, con la que los voceros del gobierno sostenían que se establecerían precios “racionales” según capacidad de pago de los consumidores, a partir de ahora solamente cubrirá una parte mínima del consumo mensual –lo que representa, en promedio, aproximadamente el 25% del consumo. 

Ahora bien, se suma la decisión de que los consumidores “compensemos” a las empresas –cuyos contratos se encuentran dolarizados– por la devaluación. Ocurre que el presente tarifazo se calculó sobre la base de un dólar a $20,45, en abril, y desde entonces la moneda se devaluó un 100%. Sin embargo, este megatarifazo es ilegal, porque se calcula sobre un consumo que ya fue pagado por los usuarios. Es lo que señala el fiscal Marijuan, que acaba de presentar una denuncia penal contra el secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su defensa, Iguacel sostiene que habrían “llovido juicios al Estado” si no aplicaba la suba. 

El gobierno enfrenta la inviabilidad de su plan económico. El repudio popular a que los trabajadores debamos compensar a pulpos extranjeros como Total y PAE es patente. Se trata de un cargo impagable para una población trabajadora cuyos aumentos salariales fueron del orden del 15% al 25%, en el mejor de los casos. Para amortiguar los efectos de la devaluación, el gobierno del “déficit cero” aumentó los subsidios a las empresas gasíferas, pero el retorno a una política de subsidios choca con los planes de ajuste fiscal y, fundamentalmente, con los compromisos asumidos por el gobierno con las petroleras. 

El megatarifazo ha dejado en evidencia el fracaso del plan oficial, que pretenden que lo paguemos los trabajadores –eso sí, en 24 cuotas. 

Este nuevo golpe al servicio de los pulpos petroleros lo derrotamos con la movilización popular. 

Es necesario rediscutir la reorganización del país y de la economía en una Asamblea Constituyente, que establezca la nacionalización sin pago de los recursos estratégicos y que esos recursos se pongan al servicio del desarrollo nacional y de las necesidades de los trabajadores. 

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