La Cámara Federal dictó el procesamiento de Cristina Kirchner y varios ex funcionarios K bajo la acusación de formar parte de una asociación ilícita que “recaudaba” fondos de empresarios a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

La Cámara plantea que, para ganar las licitaciones de las obras públicas, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, los empresarios entregaban a los funcionarios un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba por los trabajos. Y precisa que "efectuaron los pagos a los agentes públicos motivados por la búsqueda de beneficios económicos para sus empresas en sus relaciones con el Estado".

Sin embargo, el tribunal libera a los empresarios que participaban en la corrupción de la acusación de asociación ilícita y cambia el cargo por el cohecho –de menor entidad– y decide la liberación de casi todos los que permanecían detenidos.

Esta decisión de la Cámara Federal responde a una preocupación del conjunto de la burguesía que se potenció con la crisis de los “cuadernos” del puntilloso chofer Oscar Centeno, que aparecieron dirigidos originalmente a golpear sobre los funcionarios K, que se escapó de las manos de sus impulsores y terminó alcanzando a varios popes de la burguesía nacional, como Paolo Rocca, y empresarios cercanos al gobierno, como el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

Junto a este último fueron beneficiados por el cambio de carátula de la Cámara Pescarmona; Roggio, Eurnekian, Luis Betnaza (Techint), Juan Chediack y Juan Carlos Lascurain, ex titulares de la Cámara de la Construcción y de la UIA, y Alberto Taselli. Por falta de mérito quedó liberado su hermano Sergio, quien tuvo a su cargo la administración de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y la de los ferrocarriles Roca, San Martín y Belgrano Sur, que terminaron en sendos escándalos, en el primero de los casos por un desastre que provocó la muerte de 14 mineros.

El tema de los “cuadernos” ha golpeado a la burguesía argentina históricamente vinculada a la obra pública y fue una de las razones de la liquidación del PPP ya que, colocados en los estrados judiciales, los empresarios locales no son clientes fiables para los bancos internacionales.

El gobierno es uno de los operadores de este rescate de la burguesía contratista. Desde que estalló el escándalo de los cuadernos, trabajó para “encapsular” sus alcances y preservar la continuidad de las empresas. Macri se mostró en público junto a Paolo Rocca prácticamente al mismo momento que se conocía su imputación en la causa judicial. Algunos voceros de la burguesía como Eduardo Duhalde, propuso directamente un “indulto” a los empresarios “de toda la vida”, trazando una distinción entre los Roggio y los Rocca respecto de los Cristobal López y la banda de “capitalistas amigos” que abonaron los K.