En la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández se refirió a los aumentos de tarifas señalando que debían ser “por debajo del índice salarial”. Así, dejó en claro que el incremento del 20% en la luz y en el gas es solo el punto de partida de un sendero de tarifazos continuos. Como era de preverse, terminó acatando las exigencias del Fondo también en este terreno.

Ya hemos mencionado que al FMI la suba general del 20% para la mayoría de los usuarios le sabía a poco, dado que no implicaba una reducción de subsidios energéticos, sino que por el contrario, estos prometían llegar a los USD 14 mil millones hasta fin de año. En ese sentido, el oficialismo borró con el codo su propuesta inicial para adecuarse a las metas fiscales dictadas por el organismo y al compromiso de reducir dichas transferencias un 0,6% del PBI, objetivo ambicioso considerando que la guerra desatada entre Rusia y Ucrania provocó una disparada en el precio internacional del gas, insumo base de toda la cadena energética.

La idea de que el aumento de tarifas esté atado a la evolución de los salarios está inspirada en una iniciativa parlamentaria de Massa en el 2018, según la cual se debían aplicar subas periódicas en la luz y en el gas que estuvieran un 20% por debajo del índice de variación salarial medido por el Indec. Cabe destacar que Massa presentó ese proyecto  luego de que por esos días las tarifas eléctricas se alzaran entre un 3.400 y 5.500% y las del gas entre 1.300 y 1.500%, sacándole una enorme ventaja a los salarios. Por cierto, “si se aplicara esa fórmula de manera retroactiva al 2021, la actualización tendría que estar más cerca del 42%” (Ámbito, 2/3).

Si bien el presidente no dio precisiones sobre cómo serán los aumentos, sí podemos afirmar que no tiene nada de progresivo actualizarlos en base al índice de variación salarial. En primer lugar, porque se tomará como criterio el crecimiento general de los salarios sin tener en cuenta realidades sumamente dispares entre los trabajadores en blanco y aquellos que llevan adelante su tarea en el ámbito informal. Mientras el índice total de salarios de diciembre 2021 fue del 53,4% interanual, en el sector no registrado fue apenas del 40,6%, por detrás de la inflación anual.

Pero por sobre todo, los tarifazos deben ser rechazados porque significan un golpe al bolsillo popular, ejecutados a libro cerrado, donde se desconoce cuáles son los costos reales de producción, transporte y distribución de energía. Como también se mantiene en secreto a dónde fueron dirigidos los subsidios millonarios que recibieron las empresas del sector a lo largo de dos décadas puesto que lo que prima es la desinversión en los servicios públicos. Alberto Fernández decide preservar las ganancias de los capitalistas y encarecer las tarifas, haciéndole pagar a la población trabajadora las consecuencias de la disminución de subsidios energéticos que demanda el FMI.

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En este punto, si se implementa una fórmula de actualización de tarifas como insinuó el mandatario se abrirá un escenario de aumentos periódicos. Finalmente, vincular dichos incrementos al coeficiente de variación salarial es el salvoconducto que encontró el gobierno para introducir un esquema de tarifazos permanentes. Los mercados intuyen mejor que nadie que las subas en la luz y en el gas recién empiezan, razón por la cual en Wall Street vienen en alza las acciones de empresas energéticas radicadas en Argentina, como Edenor, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía e YPF.

A su vez, sigue en pie el planteo de tarifas segmentadas, donde la boleta no tendrá ningún tipo de subsidio para los usuarios residenciales que habitan las zonas más exclusivas del Amba, con lo que el aumento final en esos casos rondará el 100%. Sin embargo, no se descarta ir reduciendo los subsidios para los usuarios comerciales (fábricas, comercios) con su correspondiente tarifazo; lo anterior contiene un potencial verdaderamente recesivo ya que subirán los costos industriales.

Como vemos, las imposiciones del FMI van ganando terreno en la agenda oficial y esta sumisión por parte del gobierno no hará más que profundizarse. Queda en manos de los trabajadores defender nuestras condiciones de vida con el método de la movilización callejera. Debemos luchar por la apertura de los libros de toda la cadena energética, someterlos al control obrero, y, de este modo, evaluar los costos reales, escudriñar a dónde fueron destinados los subsidios estatales y las ganancias amasadas por los empresarios durante todo este tiempo para finalmente establecer tarifas acordes a las necesidades sociales. Se trata de un paso fundamental hacia la nacionalización bajo control obrero de la industria energética, en pos de apuntalar el desarrollo nacional orientado a resolver las demandas populares.

 

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