A Alberto Fernández le bastó el primer minuto de la entrevista que le realizaron Ernesto Tenembaum y María O’Donnell, en el programa Corea del Centro, para definir de forma muy concreta el rumbo de su gobierno. Ante la pregunta de cómo ve que se pueden ordenar las distintas variables de la crisis en que está hundido el país, el Presidente sostuvo que el origen de los problemas “se va a resolver cuando tengamos un acuerdo definitivo con el Fondo”.

Así, después de haber acusado al organismo de “ser parte del problema” que atraviesa la Argentina, Alberto Fernández termina presentándolo como la carta de salvación nacional. A nadie se le puede escapar, sin embargo, que fue el mismísimo Macri quien justificó de esa manera la decisión de recurrir a un salvataje del FMI. La historia de su fracaso está todavía fresca, pero el actual gobierno insiste por la misma vía. ¿Hay alguna diferencia sustancial en el plan fondomonetarista que se busca implementar? En absoluto, como veremos.

En concreto, los dichos del Presidente fueron que se va a ordenar la economía “cuando tengamos un acuerdo definitivo con el Fondo”. Esto porque daría lugar “a un plan a tres años vista; con lo que vamos a tener en claro hacia dónde va la economía, y entonces se va a despertar una confianza en los mercados que todavía no hemos logrado”. Es decir que, finalmente, reconoce que el tan mentado plan económico surgirá de la mesa de negociación con la mayor cueva del capital financiero internacional.

En defensa de este “plan plurianual”, Fernández alegó que “lo elaboramos nosotros, no nos lo impone el Fondo”. Y, abundando, sostuvo que esperaban ganar esa confianza con el Presupuesto 2021, el cual delinea, según él, “hacia dónde queremos encarrilar la economía”. Es decir que confesó que la llamada ley de leyes es un guiño a los capitalistas, por la previsión de ajuste fiscal que allí se establece, que es lo único que importa a los mercados. Para ser elegante, el Presidente llamó a eso “racionalidad económica”.

Para precisar, explicó que “lo que da confianza es la existencia de un programa, del cual se puede ir verificando su implementación”, y que deja fijados los objetivos. Pero, ¿cuál es ese programa que acepta el FMI? A juzgar por las medidas que ha encarado el gobierno para lubricar las negociaciones, no difiere de lo que le exigieron desde el organismo al fracasado gobierno de Macri. Reducción del déficit fiscal, en primer lugar con una reforma jubilatoria, restringir la emisión monetaria y subir las tasas de interés, estímulos impositivos a la exportación primaria, subsidios a las petroleras y tarifazos a la población; el denominado “giro ortodoxo”, que ensaya la conducción económica de Martín Guzmán.

A esta altura es evidente que los pilares de la política económica del macrismo no fueron desmontados. Fernández afirmó en la entrevista que el ajuste del gasto público estaba en que se dejaban de pagar los intereses de la deuda, cuando a pesar del canje y del pago serial de los intereses a los organismos internacionales (entre ellos, el Fondo) la deuda creció en 20.000 millones de dólares, en particular por la decisión de recurrir a los bonos linkeados al dólar -que tanto criticó Guzmán a Caputo y compañía. Es decir que sigue creciendo la hipoteca, producto de haber rescatado la deuda fraudulenta.

Los periodistas fueron muy benevolentes cuando solo le recordaron al Presidente que durante la campaña electoral prometió que los jubilados no iban a perder con la inflación. Fernández les contestó que quienes cobran haberes de 25.000 pesos para abajo, ¡el 85%!, recibió aumentos que empatan el índice de precios del consumidor. En realidad, es una confesión lapidaria de la situación en que se encuentran los jubilados, cuando la canasta básica de la tercera edad roza los 50.000. Pero Tenembaum y O’Donnell evitaron recordarle, cuando le plantearon que, según lo presupuestado, a los jubilados les robaron 100.000 millones de pesos, que lo que había prometido en campaña era que iba a “sacarles a los bancos” de los intereses de la Leliq para darle a “los abuelos”. Hubieran puesto en evidencia que la banca cobró 600.000 millones de pesos por ese concepto, y el año próximo será más de un billón (y subiendo).

En conclusión, impuesto o no, lo cierto es que lo que se pone en marcha es un programa típicamente fondomonetarista de ajuste contra las masas. Nada de esto va a sacar al país de la crisis, porque si la inflación y la corrida cambiaria son expresiones de una desorganización económica que tiene como base la falta de divisas, como sostuvo en la entrevista Alberto Fernández, el “plan económico” que surge del acuerdo con el FMI y los bonistas refuerza el dominio de los resortes productivos del país por parte del gran capital, en primer lugar extranjero como los Cofco y Cargill, los Chevron y Barrick, que son los que se llevan la parte del león del saqueo de las divisas del país.

El pacto con el Fondo Monetario no solo va a acelerar el crecimiento de la miseria social, sino además va a terminar en un nuevo quebranto nacional. No hay salida al derrumbe secular de la economía nacional si no es rompiendo con el FMI y poniendo en marcha un programa de reorganización social, que empiece por el repudio de la deuda externa usuraria y la nacionalización de la banca y el comercio exterior.