Por medio de un decreto presidencial, Alberto Fernández dispuso los lineamientos generales del régimen de “conversión” de planes sociales en empleo. La medida implica exenciones a los aportes y contribuciones patronales y la conversión de la asistencia social en subsidios directos a los capitalistas.

Se trata de la política anunciada desde el Ejecutivo nacional, y presentada hace unos días bajo la forma del proyecto de ley “Un puente al empleo” por parte del oficialismo, a través de Sergio Massa, que implica una serie de beneficios a las patronales para avanzar en la desarticulación de los más de un millón de planes sociales.

El gobierno se adelantó incluso al tratamiento de su propio proyecto, cuando la propia clase capitalista caracteriza de “insuficientes” los estímulos incorporados, reclamando una reforma integral que ataque las indemnizaciones por despido sin justa causa, las contribuciones patronales, obras sociales, jornada de trabajo , salarios y convenios colectivos de trabajo.

Transferencia de recursos

El decreto presidencial habilita a la utilización de los programas sociales –mayoritariamente el Potenciar Trabajo- por parte de las patronales, quienes serán beneficiadas con exenciones a las contribuciones patronales –SIPA, Pami, Fondo de Desempleo, Asignaciones Familiares-, entre un 90 y 95%. Además, la prestación perteneciente al beneficiario “se considerará parte integrante del salario respectivo” (Decreto 711/2021), por lo que implica una transferencia de recursos a las patronales.

Alberto Fernández inviste al Ministerio de Trabajo y a Desarrollo Social de facultades de interpretación, articulación y regulación para la aplicación de esta nueva normativa y sus alcances. Incluso a practicar una especie de “loteo de planes sociales” en función de la elaboración de un cronograma de formación y capacitación, según la eventual demanda de las patronales.

Los beneficiarios que hayan prestado servicios en relación de dependencia durante 12 o más meses, dentro de los dos años previos al cese del contrato laboral, perderán el derecho a volver a percibir la asistencia del Estado. Mientras que quienes se encuentren entre 8 y 12 meses podrán optar entre regresar al plan social o adherirse al beneficio del fondo de desempleo.

Un fiasco en la generación de empleo

El antecedente de esta política es el Programa de Inserción Laboral, denominado “Empalme”, de la anterior gestión del gobierno de Mauricio Macri, que justamente prometía generar empleo a través de la articulación de programas sociales y empleo público/privado.

Se trató de una medida fallida, de poca o nula implementación, ya que la política económica del gobierno estuvo signada por un ajuste fiscal y el endeudamiento con el FMI, y no por la generación de empleo. Las patronales le dieron la espalda a la posibilidad de beneficiarse parcialmente ya que el costo implicaba aumentar la nómina de trabajadores mientras la tendencia era más bien la de recortar y ajustar el empleo.

Ahora con Fernández nada parece señalar que esto haya cambiado, más aún cuando las patronales exigen una reforma laboral antiobrera como supuesto punto de partida de futuras inversiones. Hay que decir “supuestas” porque las patronales suelen bravear contra las “regulaciones inflexibles”, para luego valerse de las reformas para obtener una mayor rentabilidad y ganancias, pero no para generar más empleo absoluto.

La medida del presidente busca empatizar con las patronales y la con la campaña derechista que responsabiliza a los planes sociales de la falta de trabajo. A su vez, los empresarios la consideran insuficiente, pero el hecho de que se haya largado por medio de un decreto sorpresivo es en sí mismo una señal de “buenas intenciones” para los capitalistas. Las patronales se encuentran al acecho de los derechos laborales y no están dispuestas a invertir un solo peso sin garantías excepcionales.

Lo que está claro es que esto no redundará en un aumento del empleo, en tanto el gobierno prosiga con su política de ajuste fiscal y siga los lineamiento del FMI. La creación de trabajo genuino no puede depender del desmantelamiento de la asistencia social, más considerando que esta debería transformarse en un verdadero seguro universal al desocupado. Sino que depende de un flujo de inversión de fondos orientados a la obra pública de mano de obra intensiva, como lo es el caso de la construcción de viviendas, y a un impulso y reactivación de la industria nacional, por medio del no paga de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el impuesto a las grandes fortunas, como algunas medidas que adoptaría un gobierno de los trabajadores.