En el discurso presidencial, el punto referido al Poder Judicial fue sin lugar a dudas uno de los de mayor confrontación. Ni los proyectos anunciados, ni la verborragia empleada pueden sustraerse de los distintos flancos por los que es enjuiciada Cristina Fernández de Kirchner y su entorno, ni tampoco de la quiebra del país donde el gobierno se ve en la necesidad de montar un régimen bonapartista para aplicar el ajuste fondomonetarista, algo ante lo cual el poder judicial se presenta como un límite de la clase capitalista a esas tentativas del gobierno.

Las recientes sentencias condenatorias para Amado Boudou en el caso Ciccone, ante la cual la Corte Suprema rechazó sumariamente la apelación del exvicepresidente, y la de Lázaro Báez y sus hijos que es de largo cumplimiento efectivo, junto a otras causas contra CFK que avanzan derechito hacia el juicio oral con la fuerte posibilidad de que Cristina y sus hijos sean condenados, hablan a las claras de la desesperación oficial.

En lo próximo se avecina el juicio oral por el “dólar futuro”. Es posible que en dicho proceso CFK y sus funcionarios obtengan una absolución por tratarse del clásico aforismo judicial de estar frente a una “cuestión política no justiciable”. Sin embargo, luego vendrá el de la “obra pública”, donde tiene de consorte de causa a Lázaro Báez y otros, existiendo el precedente de las recientes condenas en la “ruta del dinero”. Hay más causas (Hotesur, Los Sauces, etc.), en lo que es un panorama judicial tormentoso para CFK.

Al mismo tiempo, es posible que la película de lo ocurrido con Vicentin, donde un juez municipal del Santa Fe hizo retroceder en chancletas al gobierno, se repita con la llamada contribución solidaria de las grandes fortunas y otras medidas como aquellas que regulan el precio de los servicios de telecomunicación. Asimismo, de un momento a otro, podrían estarse activando distintos procesos por el escándalo del “vacuna VIP”. Ni que decir que la querella para investigar la deuda que Macri tomó con el FMI no tiene perspectiva bajo el conocimiento de la justicia burguesa.

La evidente ofuscación del presidente bien puede atribuirse a que Comodoro Py no afloja contra la camarilla de CFK, aun cuando su gobierno ha hecho todos los deberes con el capital financiero internacional, ha encorsetando a los trabajadores mediante la integración de toda la burocracia sindical al Estado cuando descarga una crisis que llevó los niveles de pobreza que rememoran al 2002 y ahora se apresta a proseguir la entrega acordando con el FMI.

Pero la “reforma” no arranca

La “reforma judicial” de Alberto se puso en marcha el año pasado cuando obtuvieron media sanción en el Senado la “unificación del Fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico” que busca diluir la concentración jurisdiccional que tienen los 12 juzgados Federales de Comodoro Py y “la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal”, cuyo fin es flexibilizar las mayorías parlamentarias para nombrar y remover al Procurador General. Pero pasados largos meses, todavía el gobierno no encuentra mayorías en Diputados para disponer la aprobación de dichos proyectos.

El gobierno lanzó la propuesta una “comisión bicameral” de control y seguimiento de la actividad de jueces y fiscales, en la evidente voluntad de “apretarlos”. Pero rápidamente la ministra de Justicia Marcela Losardo le bajó el “precio” y dijo, palabras más palabras menos, que dicha comisión no tendrá poder alguno sobre jueces y fiscales.

Fernández planteó avanzar con la modificación de composición del Consejo de la Magistratura, una nueva regulación del recurso extraordinario y quitar la discrecionalidad que la Corte tiene para rechazarlo por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Y por otro lado la creación de una Cámara de Garantías que desplace a la Corte como última instancia de revisión luego de la Casación Penal.

El estancamiento en diputados de proyecto de “reforma” aprobado por el Senado revela que estas propuestas no son compartidas no ya por la oposición sino incluso por los mismos integrantes de la coalición gobernante.

Apretar para avanzar contra los que ya apretaron y avanzaron

Zaffaroni, palabra autorizada dentro del arco K, dijo que no era una buena idea lo del Tribunal de Garantías, porque la Corte siempre sería Suprema y podría avocar expedientes cerrados por “por sentencia arbitraria”, para resolver que la revocación por arbitrariedad fue arbitraria. De modo que crear un tribunal para revocar condenas contra CFK u otros no asegura nada. Una modificación a futuro del Consejo de la Magistratura, donde se construya una mayoría pronunciada en favor de la Casa Rosada, tampoco frenaría los procesos en curso.

El gobierno está avanzando en ocupar lugares en la Cámara Federal que controla lo resuelto por Comodoro Py equiparando el mapa con los jueces macristas Irurzun, Bruglia y Bertuzzi, pero eso no tiene incidencia tampoco sobre los procesos en marcha. Asimismo, ha colocado a Ramos Padilla en el Juzgado Federal Electoral más importante del país, y, si bien reparte con el macrismo postulaciones en concursos, se apresta a cubrir varias vacantes.

También está avanzando para remover de la presidencia de la Casación Nacional a Hornos, dado que se han ventilado distintas visitas del juez a Macri previo a resolver sobre recursos presentados por la defensa de CFK. Ayer el camarista Slokar, discípulo de Zaffaroni, le pidió la renuncia en un plenario, y el bloque del oficialismo en el Consejo de la Magistratura impulsa el juicio político en el Consejo de la Magistratura. Una eventual caída del camarista Hornos puede ayudar, pero tampoco cambiaría en favor del gobierno las mayorías de la Cámara.

Si el oficialismo logró avanzar en buena parte se lo debe a la oposición, y en particular al macrismo, que vía el consejo de la Magistratura habilitó el desembarco K, a cambio de obtener él mismo el control sobre algunas áreas. Es que en cierta forma, la soga también aprieta sobre el macrismo. La confirmación de los procesamientos de los jefes de la AFI macrista, Arribas y Majdalani, sumado al avance de la causa del correo, la del negociado de los parques eólicos, el pago de 500 millones de dólares a la empresa de autopistas de la familia Macri y su posterior autorización de tarifazo previo a la venta de la empresa, la causa por el hundimiento del ARA San Juan, entre otras. Por eso también es que el macrismo debe defender a capa y espada a la corpo judicial.

Así y todo si lograsen sacar la ley de Ministerio Público Fiscal y a partir de allí remover a Casal poniendo un procurador propio sería algo de ayuda, pero que tampoco garantiza nada si no se cuenta con una mayoría propia en la Corte. Por todo eso, es claro que el gobierno solo puede apuntar a apretar al Poder Judicial para obtener tiempo, esperando consagrar una mayoría parlamentaria más holgada en octubre y a partir de allí sancionar sus proyectos, que como dijimos, en nada le garantizan una intervención judicial en su contra.

Ni uno ni otro, por una salida de los trabajadores

La situación descripta habla a las claras que las dos fracciones de los partidos políticos capitalistas que se están disputando el control del aparato del Estado. Evidentemente el “problema” se traslada a las elecciones de octubre donde el kirchnerismo buscará conseguir un dominio sobre ambas cámaras que le permita avanzar en reformas que requieren una mayoría ponderada (dos tercios), algo que los cálculos previos, teniendo en cuenta las bancas que se renuevan en el Senado, hacen de dudosa posibilidad.

Es posible que la oposición derechista utilice una retórica republicana para alertar sobre el peligro de que el gobierno consiga una mayoría propia en el Congreso, o los dos tercios en el Senado, afirmando que de ocurrir tomaría un rumbo de tipo nacionalista (chavista en la propaganda) y tomando la bandera de la corrupción y la impunidad.

Pero ni la derecha defiende “la república” ni el gobierno el “interés popular contra los monopolios”, sino que son distintas orientaciones ajustadoras contra los y las trabajadores, así como la impunidad de su propia podredumbre y corruptela. Los trabajadores no deben apoyar a ninguno de los dos bandos, sino desenvolver una salida propia.

Ante la mugre de oficialistas y opositores y toda la trama judicial de operaciones, copamiento de estructuras y ajustes sistemáticos contra el pueblo que invariablemente son convalidados tanto por la corporación judicial aliada al macrismo como la aliada al kirchnerismo, planteamos la revocatoria de todos los magistrados y la elección popular de jueces y fiscales como un paso más para acabar con el régimen de los que nos gobernaron durante décadas empobreciendo al pueblo argentino y saqueando al país.

https://prensaobrera.com/politicas/alberto-fernandez-el-discurso-negacionista-de-un-gobierno-empantanado/

https://prensaobrera.com/politicas/todos-los-caminos-conducen-al-fmi/