La designación de Alberto Hensel como secretario de Minería de la Nación tiene por objetivo dar curso a la presión que ejercen los pulpos mineros por habilitar nuevas zonas para la megaminería a cielo abierto, y por ampliar las condiciones leoninas que vienen gozando desde hace décadas. Hensel era hasta ahora ministro de Minería en el gobierno sanjuanino de Sergio Uñac, emblema del “modelo Barrick Gold” que Alberto Fernández reivindicó en plena campaña electoral, y que ahora se apresta a desenvolver a escala nacional.

San Juan es la tierra donde el pulpo canadiense Barrick Gold explota la mina Veladero, la más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo. A sus alrededores, afectados por los sucesivos derrames de sustancias químicas en los cursos de agua, los habitantes de Jáchal han protagonizado verdaderas puebladas. Sin embargo, tras cuatro años del derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada sobre el río Potrerillos, tanto la Justicia provincial como la Corte Suprema han absuelto a todos los ejecutivos de la empresa. Luego de ese fenómeno, un estudio de principios de año de la Universidad de Cuyo –realizado por la presión de la ‘Asamblea Jáchal No Se Toca’- demostró que la concentración de mercurio y aluminio en el Río Jáchal ha ido en aumento, afectando tanto la salud de las personas como la agricultura.

Este “modelo”, lejos de ser el factor de desarrollo regional (como lo presentan los Uñac y los Hensel), es un paraíso de la precarización laboral: dos tercios de sus trabajadores están contratados, en una rama que representa el 78% de las exportaciones de la provincia.

La embestida de los pulpos mineros

La tarea de Hensel será ahora bregar por la generalización de este régimen de saqueo y depredación ambiental. Sus primeras declaraciones como funcionario nacional han sido en apoyo a la avanzada del gobernador mendocino, Rodolfo Suárez (Cambiemos), para modificar la Ley 7.722 en pos de habilitar el uso de sustancias como cianuro y ácido sulfúrico -prohibidas por aquella norma desde 2007- y eliminar los estudios previos de impacto ambiental. Se vienen desenvolviendo movilizaciones para impedirlo, ya que este lobby tiene el aval de los bloques del PJ y el kirchnerismo en la Legislatura.

Otro capítulo de esta ofensiva megaminera lo tenemos en Chubut, donde desde la pueblada de Esquel en 2003 se impuso la prohibición de la minería en todo el territorio provincial. La semana pasada fueron detenidos activistas que se concentraron frente a la Legislatura para rechazar la “zonificación minera”, que aspira a habilitar el denominado Proyecto Navidad en la meseta chubutense, donde Pan Amercian Silver busca explotar la mayor mina de plata de mundo. Por lo pronto, Hensel incluyó a Chubut entre las provincias que citó a una reunión para estimular la actividad minera.

A la par de estos dos grandes objetivos, en Catamarca el gobierno de Lucía Corpacci – Raúl Jalil ha apuntado todos los cañones a destrabar la apertura del emprendimiento Agua Rica, frenado por la tenaz lucha del pueblo de Andalgalá. En Santa Cruz, mientas tanto, la Cámara de Diputados viene de aprobar un proyecto de ley impulsado por la gobernadora Alicia Kirchner que quita la protección y preservación ambiental a las zonas de proyectos extractivos, resistida por los pueblos de Perito Moreno y Los Antiguos que ven peligrar la proyección turística de la región.

Un socio del saqueo

Hensel, además de respaldar esta ofensiva de los pulpos mineros, se ha solidarizado con las exigencias leoninas de estas multinacionales. Estas bregan por un régimen de mayores beneficios, aun cuando el Acuerdo Federal Minero que suscribieron Macri y los gobernadores pejotistas fijó unas míseras regalías del 3%, más un 1,5% de fideicomisos para obras que faciliten la actividad. “Acuerdo con que todos los sectores van a tener que hacer un esfuerzo para la Argentina que se viene, pero el gran desafío es encontrar el equilibrio para que no se termine matando la inversión o futuros proyectos” (Econo Journal, 7/12) declaró el sanjuanino, en un guiño al lobby empresarial.

El flamante secretario se reunió la semana pasada con la Mesa del Cobre, un grupo de cinco mineras extranjeras que se agruparon para presionar por rebajas impositivas como condición para explotar minas de cobre en San Juan y Catamarca. La respuesta de Hensel fue que discutirán los temas tributarios puntualmente, proyecto por proyecto (SI San Juan, 6/12), es decir que dejó la puerta abierta a negociar nuevas concesiones.

En otro plano, Hensel también se manifestó dispuesto a discutir la transferencia de dividendos al exterior (ídem, 27/11), lo que implicaría una suerte de desdoblamiento cambiario a medida, como el que Guillermo Nielsen propone para las petroleras en Vaca Muerta, permitiéndole a estos pulpos burlar el cepo al dólar.

Por último, para que no queden dudas sobre la política de depredación que se viene, el nuevo secretario de Minería también destacó en estos días que “hay que encontrar una solución a la Ley de Glaciares, porque genera mucha incertidumbre en el sector” enfatizando en la necesidad de habilitar la minería en las zonas periglaciares (Econo Journal, ídem). Al igual que el “veto Barrick” de Cristina Kirchner en su momento, el nuevo gobierno vuelve a la carga para allanar el camino al saqueo de las mineras.

Lo peor es que, luego de toda esta entrega, los pocos dólares que queden en el país estarán reservados para pagar al FMI y los usureros internacionales. En su intento por desenvolver esta política, Hensel y Alberto Fernández deberán hacer frente a movimientos con años de lucha sobre sus espaldas.