Las desventuras de Aldo Rico no terminaron con su estrepitoso fracaso en las recientes elecciones, en las que la lista que patrocinaba – la de Rodríguez Saá – salió tercera en su distrito, San Miguel.

Sobre llovido, mojado. Dos directos colaboradores del intendente carapintada – Oscar Zilochi, secretario de Gobierno de San Miguel, y Carlos Pérez, concejal – van a ser juzgados, junto con once bonaerenses y otros seis funcionarios municipales, por el “padrinazgo” de una red de prostitución que operaba en San Miguel, que explotaba mujeres traídas de Paraguay y del interior, muchas de ellas menores. Zilochi es candidato a intendente de San Miguel, y Pérez, a diputado, en las listas patrocinadas por Rico para las próximas elecciones.

Como el cafishio que operaba la red está preso y “cantó todo” (las sumas que entregaba a la policía, a la Intendencia y al Concejo Deliberante de San Miguel, y los nombres de los funcionarios que recibían el dinero), las perspectivas para los acusados “no parecen buenas” (Página/12, 8/5).

En San Miguel ha quedado expuesto, otra vez, el entrelazamiento de los aparatos represivos y políticos del Estado en la protección del delito organizado. San Miguel muestra de dónde salen los fondos que financian los “aparatos” que definieron la elección presidencial del pasado 27 de abril.