Alemania recicló el aparato stalinista

Miles de agentes de la Stasi, la policía política de la ex Alemania del Este (RDA) mantuvieron sus cargos en cinco estados de la Alemania unificada. Una investigación de la Universidad Libre (FU) de Berlín confirmó que 17.000 topos, soplones y delatores trabajan “en la policía, en centros de estudios y en oficinas nacionales o estatales de investigación criminal”; entre ellos, hay guardaespaldas de la ministra Angela Merkel (EFE, 3/7; Spiegel, 10/7). La Stasi, organizada en 1950 a imagen y semejanza del KGB, se valió del asesinato, la tortura y la intimidación para controlar los resortes de la vida social, desde la represión de disidentes hasta la macabra experimentación con deportistas para mayor prestigio internacional de la RDA. Miles de personas pasaron años de cárcel por cuestiones insignificantes o inventadas.

Tras la caída del Muro, el 15 de enero del ’90, una multitud furiosa sitió el cuartel general de la Stasi para evitar la destrucción de sus archivos. La enorme presión popular logró que fueran desclasificados (1992), a pesar de la resistencia del gobierno de Alemania unificada, que impuso límites al acceso y a la difusión de la identidad de los agentes. Los archivos mostraron la envergadura descomunal del aparato represivo de la burocracia stalinista: la Stasi contaba con 91.000 agentes y un mínimo de 300 mil informantes, que espiaban a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Había un agente cada 50 habitantes, diez veces más que el KGB, que tenía 1 cada 596 (The Independent, 11/7).

La “ley de depuración” ordenó investigar a los miembros de la Stasi y estableció que fueran relegados a tareas anodinas o excluidos de sus trabajos, según el caso. En nombre de “la continuidad del Estado” hubo muy pocos juicios y, más tarde, diversos fallos judiciales restringieron aún más la difusión de sus nombres, “para impedir venganzas”. La investigación berlinesa prueba hasta qué punto la “democracia” alemana incorporó el aparato de represión stalinista: sólo en Sajonia, la mitad de los agentes mantuvieron su puesto; en Brandeburgo, “por lo menos una docena de jefes de la Stasi ocupan cargos de altísima responsabilidad”; la policía federal (BKA) admite que ¡en 1990! contrató 48 agentes y que la mitad sigue en funciones. “Las autoridades regionales intentaron ocultar que preservaban a los ex Stasi”, dijo el director de la investigación, Klaus Schröder, que opina que la cifra real es mucho mayor.

Las víctimas se han declarado “indignadas y consternadas”. Sin embargo, en 2006, una enmienda a la ley de depuración declaró prescripta toda investigación contra los cargos menores y determinó que desde 2012 tampoco los altos cargos serán investigados. “Lo asombroso es que los investigadores se asombren”, ironiza el centroizquierdista Die Tageszeitung. “Casi 20 años después, un debate político plagado de recriminaciones y desprecio, sólo sirve para envenenar la difícil convivencia entre las víctimas y los perpetradores”, opina Financial Times Deutschland (9/7). En tanto, el gobierno de Sajonia (conservador) simplemente dictaminó que los ex agentes deben trabajar en oficinas internas y “abstenerse de mantener contacto directo con el público”. La burguesía alemana –ni en los ’90 ni ahora– jamás pensó en prescindir de represores tan calificados.

Olga Cristóbal

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