El "dictamen” del Procurador Gauna fue encomendado por el gobierno para fundamentar en un texto “jurídico” el envío al Parlamento de un proyecto de Ley de “obediencia debida” que, con toda corrección, ha sido bautizado como la “Ley Rico”. Este proyecto retoma en su esencia los reclamos fundamentales de la sublevación militar de semana santa: la absolución de los mandos que ejecutaron las órdenes genocidas. De esta manera, si la ley de “punto final” dejó fuera de juicio a los mandos que dieron las órdenes (argumentando aquí, que debía comprobarse la comisión del delito), la "obediencia debida" absuelve ahora a los que cometieron esos delitos (con el argumento esta vez de que las ejecutaron, pero no las ordenaron). Si los que propician la “obediencia debida” tuvieran un mínimo de moral deberían derogar la ley de “punto final” porque son contradictorias. Pero no; para los alfonsino-justicialistas las contradicciones se complementan (una “idea” que expuso en el discurso al Parlamento), de manera de poder absolver a la totalidad del aparato represivo — superiores e inferiores. De esta manera, los delitos “atroces” y “aberrantes” dejan de ser delitos y el aparato militar y de seguridad recibe no solo la impunidad por el pasado sino también para el futuro, en base a esta doctrina constitucional.

El “dictamen" del Procurador Gauna considera que “ningún tipo de reclamo dispensa de la obediencia debida ni suspende el cumplimiento de una orden bajo el cargo de recaer en insubordinación, infracción gravemente penada". “Todas las órdenes... deben ser obedecidas”… Puede ser, pero primero hay que investigar y enjuiciar para poder establecer cada circunstancia y también hay que separar del servicio activo a los imputados, porque un criminal atroz nunca debería subir la es-cala militar y terminar dando las órdenes que ejecutó. Para peor, los que ejecutaron las órdenes se vanaglorian de su actuación y dicen que la repetirían si fuera necesario.

Radicales y ‘‘renovadores” de la amnistía

Con la firma del “Acta de Compromiso Democrática” la totalidad de las fuerzas políticas de la burguesía y la pequeñoburguesia se ha comprometido con la sanción de una amnistía encubierta. El debate se centra exclusivamente en el medio de llegar a ella. Los “renovadores”, a través de su figura máxima Cafiero, han dicho que quieren que la amnistía pase por un indulto presidencial, respaldado por el conjunto de las fuerzas políticas, empresarias y sindicatos. Esta postura ha ganado a una buena porción de radicales para quienes también "la solución es una responsabilidad de todos”. De tratarse el proyecto en el Parlamento, los “renovadores" facilitarían la cosa a través del quorum.

Para muchos, la sanción de una ley basada en la “obediencia debida” tendría muchos baches jurídicos y lo mismo ocurriría con el indulto. Por eso sólo queda la amnistía.

El acomodamiento a la camarilla militar no termina aquí. Se prevé un aumento del presupuesto militar. El alto mando militar habría logrado deshacerse del secretario de Programación presupuestaria de Defensa, Rainani Bargagna quien es partidario de que los fondos por las privatizaciones de empresas de Fabricaciones Militares, pasen a la Secretaría de Hacienda, en tanto que los militares quieren que queden en el presupuesto militar.

El broche de oro lo constituiría la salida de Jaunarena del Ministerio de Defensa. Uno de los, candidatos a reemplazarlo es Rubén Blanco, un hombre que, según La Nueva Provincia, está ligado a Primatesta, y el otro es Carlos Becerra, actual secretario de la Presidencia, un cordobés ligado a Víctor Martínez, a Primatesta y al 3er. Cuerpo de Ejército.

Mientras tanto las Cámaras Federales siguen haciendo lo suyo y continúan dejando en libertad a los militares acusados. Esta vez se trata del Coronel Cesar Emilio Anadón que fue nada menos que Jefe del Destacamento de Inteligencia 141, conocido como La Perla. El Gral. Menéndez fue desprocesado de esta causa después de la sublevación militar. A estos personajes la Justicia no les “acreditó su participación con el grado de probabilidad necesario” en la comisión de las atrocidades y asesinatos conocidos.