El martes 21 al mediodía, Alfonsín dejó un sorprendente y definitivo testimonio histórico de su capitulación ante la sedición derechista. Luego de la televisación del “informe” que brindó a los más altos mandos de las fuerzas armadas sobre lo ocurrido el domingo en Campo de Mayo, cabe esperar que cierren para siempre sus mentirosos picos los escribas y locutores del oficialismo, y en mayor medida aún los plumíferos seudoizquierdistas que giran en la órbita de la derecha del partido Intransigente, como es el caso de El Periodista.

En el océano de intencionados equívocos y de alevosa desinformación que caracterizó a toda la conducta del oficialismo y de todos los partidos patronales durante la crisis, Alfonsín volvió a decir en este informe que “aclaró’’ a los sublevados “que no estábamos en ninguna negociación y, consecuentemente, no hubo acta que se firmara ni punto de compromiso que se establecieran*’. El presidente simplemente les pegó dos gritos, y sanseacabó.

Pero… y con los alfonsinistas siempre hay un “pero” por el empeño obsesivo que ponen en encubrir sus entregas con frases altisonantes, después de tanta "firmeza” Alfonsín le formuló a Rico su “fastidio”. “Fastidio” porque justo en esos días el gobierno estaba por “normar” el principio de “la obediencia debida”, creándose la “enorme dificultad" de que esto apareciera ahora como producto de una “presión” y “fastidio” también porque se reclama la destitución de Ríos Ereñú cuando éste ya estaba dispuesto a renunciar desde “el comienzo de la crisis”. Con estos dos “fastidios”, Alfonsín concedió de un saque el 80 % de lo que reclamaban los revoltosos. En definitiva, legitimó no solamente estas reivindicaciones sino la propia sublevación, desde el momento en que solamente ésta había logrado traducir a la práctica lo que según el propio Alfonsín el gobierno se había esforzado por imponer sin lograrlo. Y esto desde una fecha tan remota como la campaña electoral.

La tesis de que no hubo concesiones porque lo reclamado formaba parte del programa del gobierno, ya había sido formulada horas antes por Jaroslavsky de modo que bien puede decirse que es el argumento básico del gobierno. Pero esta tesis solo demuestra la antigüedad de la posición del gobierno de amnistiar a los genocidas, y desnuda el acuerdo de principios que siempre existió con estos y con los sublevados.

Esto también explica por qué Alfonsín pudo ganar las elecciones y acceder al gobierno; precisamente por la existencia de una doctrina aceptada por la camarilla militar. Pero esta enorme coincidencia política, que destruye cualquier pretensión de que hubiera podido existir en esta crisis cualquier diferencia de fondo entre el gobierno y los sublevados, de ningún modo destruye la caracterización de que el domingo Alfonsín capituló. Y esto es así porque en las condiciones concretas de la crisis, que se desarrolló en torno a la denuncia derechista a la dilación e incapacidad del gobierno para imponer la “obediencia debida”, es decir la amnistía; en estas condiciones concretas el gobierno se comprometió ante los sublevados a aplicar medidas extraordinarias que superen esta dilación y esta impotencia. Desde antes de la capitulación en Campo de Mayo, Alfonsín se había asegurado por medio del “acta democrática” el compromiso de todos los partidos, incluido el Pl, el PC y la mayoría del Frepu, y de todo el empresariado y la burocracia sindical, que habrá una acción legislativa y una acción judicial consecuente para concretar la “obediencia debida” y defender a las “instituciones del Estado” (expresión cuidadosamente elegida para incluir a las fuerzas armadas).

Alfonsín ataca a los derechos democráticos

Lo que Alfonsín expresó bajo la forma de un “fastidio” fueron simplemente los términos de la capitulación. Las noticias del lunes y del martes posteriores al pacto, han dado cuenta de una catarata de medidas reveladoras de la amplitud sin precedentes de ese acuerdo: 1) se suspendieron los juicios por un mes; 2) Menéndez, nada menos, fue absuelto en lo relativo a “privación ¡legítima de la libertad” por prescripción del delito (sin reparar que la mayor parte del tiempo corrido en esa prescripción fue ocupado por la dictadura militar y la ausencia de garantías constitucionales); 3) la Corte tomará todos los juicios directamente en sus manos y dictará la “obediencia debida”; 4) se han cerrado programas de radio del PC y del PO, con lo que se ha puesto en marcha la política reclamada por los sediciosos en materia de medios de comunicación; 5) se ha postergado sin fecha la sanción de la ley de divorcio, un reclamo de los “mediadores" clericales que fueron apoyados por los rebelados.

Estos son los hechos: ¿quién puede negarlos? Pero la cosa no termina aquí.

Dentro de una línea de conducta que es reivindicada por el oficialismo por su “firmeza”, Alfonsín se sintió obligado a dar explicaciones sobre Ríos Ereñú —que casualidad, el punto que más importaba a los subversivos porque del control del ejército dependería de aquí en más el cumplimiento de los otros compromisos. Alfonsín les informó (el comandante en jefe de todas la fuerzas armadas fue a rendir cuentas a dos tenientes sublevados) que Jaunarena iba a quedar como reemplazante interino, lo que significaba que se dejaba abierta la sucesión a la “interna" militar. El presidente, que fue durante cuatro años “loado” por los periodistas plumíferos como un hombre que no cambia ministros bajo presión se creyó en la obligación de tener en cuenta en medio de la brutal crisis un supuesto pedido de pase a retiro por parte de Ríos Ereñú. Esta destitución (esa es la verdadera denominación) tampoco es una consecuencia de que Ríos Ereñú hubiera perdido poder de mando durante la crisis, como lo repiten los sesudos plumíferos de la gran prensa. Porque si fuera así debiera renunciar el propio Alfonsín. No, la destitución tiene que ver con la capitulación, pues significa que los sublevados pasan a dirigir más o menos directamente el ejército.

Por si esto fuera poco, el informe televisado del martes de Alfonsín a los altos mandos entra en su tercera parte al campo de la completa farsa. “Sin que me fuera pedido”, aclara Alfonsín como si el pueblo argentino fuera una manada de ingenuos, pasó a decirle a Rico que su "sublevación” no había sido tal sino solo un “motín”. Mientras trescientos mil argentinos esperaban en la plaza y otros miles rodeaban Campo de Mayo, el presidente de la Nación se trenzaba en esclarecimientos semánticos sin estar graduado en filología. Pero claro que no lo hacía al divino botón: “motín”, explicó, “no se trata de un ataque a las instituciones”. ¡Cuántas mentiras que se pinchan con esta afirmación pública y televisiva! Si no hubo “ataque a las instituciones”, ¿a qué “instituciones del Estado” defiende el “acta democrática” firmada ese día a la mañana? Pues a la única que comprometía la acción de Rico: a las propias fuerzas armadas. Fue un asunto interno del arma, es lo que concedió Alfonsín; entonces la “institución” en peligro era ese arma. Como dijimos en el volante del domingo a la madrugada, el acta que se iba a firmar al mediodía salía en “rescate de las fuerzas armadas”.

Rescate del militarismo

Pero esta nueva historia de que no hubo "ataque a las instituciones”, concepto que minutos después Alfonsín repetida en la plaza, destruye otra cosa más: destruye el discurso de Alfonsín en el Congreso, donde sí denunció un ataque a las instituciones, a la democracia y a los principios republicanos y hasta dijo que la disyuntiva era “democracia o dictadura”. Cinco días después la disyuntiva había bajado en envergadura histórica: era Caridi versus Vidal o Cáceres. La movilización oficial recorrió la curva de la bravuconada inicial a la postración completa. Se repitió así toda la experiencia de la burguesía nacional, que es bien capaz de dar el puntapié a la movilización popular cuando cree que la controla, y esto en un mar de frases histéricas sobre la defensa de la democracia, para concluir con toda rapidez capitulando ante la reacción apenas esa movilización popular toma características independientes, la que se produjo en gran parte como consecuencia de la agudización de la propia crisis.

La completa capitulación del gobierno en lo relativo a la remoción de la cúpula del ejército, no fue desmentida sino totalmente confirmada por la sublevación en varias guarniciones el martes por la mañana. Estas se produjeron porque entendían insuficiente la destitución de generales promovida por el nombramiento de Caridi, lo cual ponía en evidencia que había un pacto no debidamente cumplido. Y efectivamente, en el momento en que Alfonsín hablaba por televisión, el gobierno nombraba como subjefe del Estado Mayor a un general del 3er. Cuerpo de Ejército de la mayor confianza de los sediciosos, y el cual, por su menor antigüedad, mandaba a retiro a otros ocho militares, totalizando una remoción de doce generales, lo que abre espacio para el ascenso de una gran cantidad de mandos superiores y medios.

Balance político

La consecuencia de esta enorme capitulación es efectivamente el debilitamiento de la democracia, es decir, de la vigencia de los derechos democráticos. El clero y el militarismo, que tuvieron que actuar en los bastidores del “gran acuerdo nacional” que llevó a Alderete al gobierno, ahora entrarán al pacto con títulos reconocidos. La institución representativa del Estado, el parlamento, sale más impotente que nunca, cerrando una historia de tres años de capitulaciones ante todos los problemas nacionales: ahora deberá poner la firma en los nuevos ascensos militares; como se ve, es un completo títere. Fue convocada el jueves 16 no para deliberar y decidir, sino para tomar nota del pronunciamiento de Alfonsín de ese día. de que negociaría con los alzados sobre la base de la “obediencia debida” - una caracterización que solo hizo el P.O. y que se reveló como el superacierto de los cinco días de crisis. El gobierno salió golpeado y debilitado, y como consecuencia de ello también la pretensión de Alfonsín de transformarse en monarca constitucional de la mano de la “patota” peronista, el Imperialismo yanqui, el clero, la patria financiera y los capitanes de la industria. El régimen democratizante en su conjunto ha recibido un duro golpe, en especial su autoridad frente a las masas. Sus contradicciones se han agudizado, y lo mismo ocurre con todos sus partidos, como lo demuestran las divisiones que van desde la UCD al Frepu. El régimen burgués buscará salir de este impasse con una mayor derechización. La clave de la situación política, sin embargó, dependerá de cómo las masas asimilen esta experiencia, en especial la vanguardia de los trabajadores, y de la lucha que se emprenda para destruir el inminente “pacto social”. El pueblo protagonizó los primeros pasos de un gran levantamiento popular, algo que quedará definitivamente en el subconsciente colectivo, lo que significa que se volverá a poner en evidencia en el futuro. Pero las características de la evolución de las masas en lo inmediato no está predeterminada por este hecho, aún depende de la asimilación política de esta experiencia, de que se disipe la confusión introducida por la artera desmovilización producida por la capitulación, y de la conciencia que se arraigue de que es necesario romper con los partidos patronales y organizarse en forma políticamente independiente.