El jueves y viernes 6 y 7 de julio fueron jornadas “negras” para los argentinos. En esos días las remarcaciones cobraron un carácter “salvaje”, con los recordados ₳ 180 para la leche y los ₳ 400 para el kilo de pan. Los empresarios convertidos al peronismo, saludaban con estilo inimitable el inminente ascenso a la presidencia de su “salvador”.

Pero la cosa se agravó aún más después de los “festejos”. En la semana del 8 al 14 de julio, el índice de precios del sector agropecuario subió un 112.2% (!!) con respecto a la semana que le precedió. Esta información de “Ámbito Financiero” (18/7) significa una tasa diaria superior al 10% (!!). En lo que respecta al índice del costo de vida, el IPES calculó para esa misma semana un incremento diario del 4%. Como consecuencia de esto, el ingreso de Menem al gobierno sirvió para duplicar la tasa de inflación diaria del último mes de Alfonsín y para convertir al “salariazo” en algo que la palabra estafa no conseguiría definir.

Lo más interesante es que los productos que batieron todos los records de aumentos tienen que ver con las empresas, pulpos o corporaciones que integran el nuevo gobierno -por ejemplo, las harinas, granos, aceites que elaboran Bunge y Born y las empresas que integran la Copal (Challú, secretario de comercio interior, fue su presidente). Bunge y Born aprovechó el aumento del precio sostenido del trigo de la próxima cosecha, para remarcar sus tenencias de la cosecha anterior, que había estado reteniendo precisamente a la espera de estas novedades y de la devaluación cambiaría. De tal manera, los granos que Bunge y Born compró a “200 australes el quintal” en el mes de enero se transformaron en un precio de referencia para la harina de 4.300 australes en junio (Clarín, 8/7). “Casualmente, agrega el diario, otro de los rubros ligados al holding cerealero-industrial que hegemoniza la conducción económica designada, como el aceite, subió en el mercado interno por encima de la cotización internacional de granos”. Este hecho permite concluir que cuando los funcionarios “de Bunge” (como les gusta decir) se jactan del carácter industrial del grupo y de su interés por el mercado interno, sólo están designando al botín de sus intereses, que a eso se reduce el carácter “nacional” del grupo.

Otro rubro que lideró los aumentos en la semana “salvaje”, fue la leche, que se cotizó a 160 australes cuando al tambero “no llega a los 30 australes el litro”. La beneficiaria fue La Serenísima, una empresa que se declaró en convocatoria, sin que la justicia opusiera reparos para poder dejar de pagar a sus acreedores —Estado y productores agrarios—en medio de una hiperinflación.

La que se ganó las palmas, con todo, fue Amalita Fortabat, que consiguió la proeza de “duplicar su precio en una semana” (según la insospechable información de La Nación, 14/7), en circunstancias en que la construcción de todo tipo está parada. La empresaria realizó así el milagro de violar “las leyes naturales”, como los “liberales” califican a la oferta y a la demanda. Aunque Menem se ha declarado incapaz de ofrecer “soluciones mágicas”, hay que convenir que aquí ayudó a una de ellas. ¡Sin su gobierno este desfalco sería imposible!

Semejantes remarcaciones desataron, naturalmente, la codicia de los empresarios “rezagados”, lo cual eclosionó en la crisis del jueves 13 de julio, cuando todo el mundo estaba en pleno proceso de tirar más arriba todavía su propio “precio relativo” (como se denomina, pudorosamente, la parte del saqueo que le toca a cada uno, y que se resuelve por medio de acciones brutales y no por medio de “leyes naturales”). Para poner fin a esta lucha violenta se armó el llamado “acuerdo de precios”, que nivela a todos hacia arriba, impone un techo del 160% (que incluye la “bonificación” de los ₳ 8.000) de aumento para los salarios y no pasa de una tregua en la lucha entre los grandes capitalistas. Como en la escuela primaria, cada trenza capitalista se sentó en un lugar diferente del salón donde se suscribió el “acuerdo”. La escena, de haber tenido por marco exterior a la ciudad norteamericana de Las Vegas, hubiera representado fielmente al “pacto de caballeros” que acostumbran firmar las familias que se distribuyen el comercio ilegal en los Estados Unidos.

Esta es la clase social que ha tomado por asalto el país, sin violentar en lo más mínimo los principios constitucionales ni la consagración de las autoridades elegidas por el sufragio universal. Es un ejemplo, mucho más que instructivo, de la superioridad de la propiedad sobre la democracia.