El gobierno provincial de Santa Cruz y sus funcionarios pretenden que el brutal ajuste contra los salarios de los empleados públicos, docentes y demás trabajadores es una consecuencia “obligada” por las circunstancias de la “herencia recibida” del período Peralta y de las presiones derivadas de las políticas de ajuste del gobierno nacional de Macri. La pretensión de una “herencia recibida” es una impostura, ya que es una continuidad de la estructura de poder y corrupción de los K y llegaron al poder en 2015 a través de la ley de lemas, gracias a la sumatoria de los votos de Peralta.

Las cifras oficiales demuestran que se ha ejecutado una política consciente y deliberada de ajustar hacia abajo los salarios y mantenerlos “pisados” todo lo que se pueda, mientras el estado provincial aumenta sus ingresos y paga toda clase de deudas con el dinero que debía haber ido al bolsillo de los trabajadores.

En 2018 los coletazos de la crisis económica nacional han terminado “beneficiando” a las arcas del estado provincial por la devaluación de la moneda que licúa sus deudas en pesos y multiplica los ingresos por regalías –que se liquidan a valor dólar. El salto de las regalías es tal (1.200 millones en setiembre) que ya está casi al nivel de la coparticipación nacional, aún con una producción petrolera en baja. Es así que la previsión del presupuesto de un déficit de 8.000 millones se trocará en superávit, al completar el ejercicio. Es decir que si Macri llega al “déficit cero” en 2019, Alicia Kirchner le habrá ganado la delantera porque lo conseguirá en 2018. Ambos a costa de un ajuste brutal.

La mejora de las finanzas provinciales es de tal magnitud que Alicia Kirchner ha renunciado a tomar los empréstitos previstos en el presupuesto provincial y ha reducido su stock de deuda. En realidad, el “préstamo” lo ha tomado compulsivamente de los salarios de los empleados, que llevan casi dos años semicongelados, en un marco de altísima inflación.

Para dar una idea clara del nivel de esta verdadera confiscación llevada adelante por el gobierno provincial, basta tomar el caso de los docentes que apenas han conseguido (incluyendo alguna mejora en el escalafón) menos del 60 % de aumento (en tres años) contra una inflación desde 2016 del 157 %.

Un salario docente hoy compra menos de la mitad de lo que compraba en diciembre de 2015. Los demás sectores con sus variantes han sufrido caídas parecidas, salvo claro los funcionarios que se otorgaron aumentos “especiales”, adicionales, viáticos, desarraigos, etc. para no ser “hipócritas”, en palabras de la gobernadora.

La masa salarial total pasó del 90 % de los ingresos corrientes de la provincia en el primer semestre de 2017, al 72% en el mismo período de 2018. La diferencia son $ 3.400 millones.

Alicia Kirchner no tuvo el más mínimo intento de aumentar impuestos a los grandes capitales, ni a los bancos, ni a las petroleras, ni a las mineras (con las cuales pactó una ayuda social que son migajas, el fondo “Unirse”), ni a las pesqueras que se han llenado de plata en zafras récord, ni siquiera a los casinos o a los grandes propietarios de la tierra (toda la recaudación del impuesto inmobiliario rural llegó en el primer semestre a apenas 2,6 millones de pesos).

Alicia Kirchner es pagadora serial de deudas con el estado nacional, bancos y proveedores, a todos ellos les reconoce las deudas. No a los trabajadores. Es que el salario es su única variable de ajuste y la ha usado hasta el final. El gobierno de Alicia Kirchner es capitalista y ajustador por vocación y es por eso que ha utilizado la plata de los trabajadores y no se siente “obligado” a ninguna compensación.

Al contrario, para hacer pasar esta política se convocó a los gremios “amigos” a un acuerdo social que precisamente tenía y tiene como función hacer pasar este ajuste con el consentimiento de la dirigencia sindical acomodaticia. La domesticación de ATE ha sido probablemente el mayor éxito político del gobierno kirchnerista.

El refugio “ultimo” del funcionariado K es alegar que “peor hubiera sido despedir”. A esto cabe acotar que hubo cientos de despidos de contratados a fines de 2015 y que de todos modos despedir o rebajar salarios son solo dos formas distintas de aplicar un ajuste antiobrero.

La lucha contra el ajuste en Santa Cruz es contra Macri pero también contra Alicia Kirchner y los intendentes que replican sus políticas, como lo ha expresado claramente el plenario intersindical de bases del 1 de setiembre. En la independencia política de los trabajadores y su movilización con los estudiantes, las mujeres y la población que sufre los tarifazos, reside la estrategia del Partido Obrero.

Planteamos desmantelar el régimen político armado por los ajustadores kirchneristas desde hace 27 años en la provincia, con todas sus secuelas de corrupción, acumulación artificial de diputados, ley de lemas y sujeción del poder judicial. En Santa Cruz también luchamos por una asamblea constituyente con poder para reorganizar la provincia en función de las necesidades de la clase obrera y el pueblo.