En medio de las medidas de las trabajadoras y trabajadores de los comedores populares contra el recorte en el envío de los alimentos, el gobierno nacional blande el argumento de que habría aumentado el presupuesto destinado a la asistencia directa a las familias (Tarjeta Alimentar). Sin embargo, los números no mienten y ponen de manifiesto que el gobierno está ajustando las partidas para alimentos, cuando más se agudiza la crisis social y económica.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, manifestó que este gobierno duplicó los montos derivados a la Tarjeta Alimentar llegando al presupuesto actual de $1.588.000 millones (más de un billón y medio) y que sumados otros gastos del rubro (Servicio Alimentario Escolar, Pnud y compras directas) totalizarían un presupuesto de 1.777.000 millones.

Bajo este “pretexto” desde Capital Humano prácticamente redujeron a cero otros programas asistenciales, como el envío de alimentos a los comedores populares (presupuestado por $34.392,44 sin actualización desde el 2023), transferencias a las provincias y otros seis ítems por un total de alrededor $100.000 millones (sin actualización presupuestaria).

Si seguimos la evolución de la Tarjeta Alimentar, que llega a 3,8 millones de beneficiarios en todo el país, el gobierno del Frente de Todos partió de un presupuesto de $341.667 millones a principios del 2023, año en el cual erogaron finalmente $593.408 de los $694.857 millones actualizados en el presupuesto: casi un 100% de aumento contra una inflación anualizada del 211%.

El nuevo aumento del 100% aplicado por el gobierno de Milei apenas sirve para empardar la inflación del 2023, pero ya empieza perdiendo contra el salto inflacionario del 2024, con el 20,6% de aumento en enero.

Aunque tratándose de políticas alimentarias cabría realizar la actualización según los aumentos de la canasta alimentaria, que en todo 2023 cumuló una suba de 258,2%.

El gobierno miente cuando afirma que “la tarjeta Alimentar es la política más eficiente a la hora de asegurar que no haya un argentino que pase hambre” debido a que la licuación de los recursos enviados hace que lo que le llega a cada beneficiario cada vez implique menos productos alimenticios.

En aquellas familias con más hijos el ajuste es mayor debido a que el gobierno recorta la asignación per cápita abonando actualmente $44.000 por un hijo, $69.000 por dos ($34.500 por hijo) y $91.000 por tres o más ($30.000 por hijo o menos). En cambio en los comedores populares todos los niños reciben la misma alimentación.

Cabe agregar que las licitaciones de compra de alimentos que el gobierno ha desistido, con el argumento de una supuesta mayor asistencia directa a las familias, suponen un mecanismo por el cual el Estado podría (debería) adquirir los alimentos a precios inferiores a los del mercado, tanto por el volumen de las compras como de las potestades que le competen (compras directas a productores, no pago de impuestos, etc.). Lo que lo hace un mecanismo más eficaz para atender mayores necesidades.

Tomando todo esto a considera tenemos que el gobierno prevé destinar al programa Alimentar “más pesos” pero menos recursos, durante todo el 2024, en un cuadro de congelamiento ajuste de los ingresos salariales y populares: es decir que quienes tienen menos ahora podrán acceder a menos asistencia directa del Estado.

A su vez, el gobierno elimina la asistencia con alimentos a los miles de comedores populares que funcionan en todo el país, recayendo todo el peso de las necesidades alimentarias de millones de chicos en una tarjeta “vapuleada”.

Esto es lo que no dejan de expresar las organizaciones sociales y piqueteras que denuncian el recorte en las entregas y la crisis social que se vive en los barrios, incluso antes de asumido el gobierno de Javier Milei, lo que muestra una línea de continuidad en que el ajuste lo paguen los más pobres y vulnerables.

La mejor “asistencia directa” para la alimentación de los trabajadores y sus familias es garantizar el acceso al trabajo genuino, con salarios que sirvan a cubrir el conjunto de las necesidades alimenticias, básicas y de vivienda. Pero el gobierno nacional avanza por el camino contrario, con crecimiento del desempleo y el intento de eliminar los programas sociales para obligar a los trabajadores a aceptar salarios de indigencia y trabajos ultraprecarizados.

Esto implica redoblar la apuesta en la lucha contra el ajuste de Milei y sus colaboradores, con las manifestaciones previstas para la apertura de las sesiones del Congreso este 1° de marzo, y la conformación de una asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados y sectores en lucha para derrotar la ofensiva antiobrera de este gobierno ajustador.

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