Un relevamiento privado sobre los comercios barriales del conurbano bonaerense arrojó un salto del 9,8% en febrero para los precios de los alimentos. En medio de una escalada del precio internacional del trigo, maíz y combustibles, el gobierno defiende a las patronales del agro, para recaudar los dólares para el FMI, dejando a millones de trabajadores a merced de los agronegocios de exportación.

Se trata de un informe elaborado por el Índice Barrial de Precios que elabora el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), que releva productos de almacenes de proximidad barrial, donde no existe Precios Cuidados y al cual acceden los sectores más empobrecidos.

Los precios de los alimentos básicos no regulados fue en febrero del 9.8%. Invocar la guerra como argumento es absurdo porque Argentina produce alimentos, no los importa.

— Gabriel Solano (@Solanopo) March 8, 2022

Frutas y verduras alcanzan el 10,37% de aumento y carnes y productos de almacén 9,7%, para el mes de febrero. El pan pegó un salto del 20%, incluso antes de la incidencia de la disparada de los precios internacionales por la guerra en Ucrania.

Ganancias millonarias

La guerra en Ucrania ha disparado el precio internacional del trigo y el maíz, además del petróleo y los combustibles. Rusia y Ucrania aportan el 30% de la producción mundial de trigo, lo que está empujando el precio internacional a U$S460, al borde de su máximo histórico, y el kilo de pan, en la Argentina, a $300.

El gobierno, a través de la Secretaría de Comercio Interior, había pactado con molineros y panaderos, a mediados de febrero, un precio para el kilo de pan francés de entre $220 y $260, con una bolsa de harina a $1.300, la cual ahora se informa que habría llegado a $2.000.

Desde la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) afirman que el trigo representa solo el 13% del precio final del pan, mientras el sector panadero denuncia especulación de las molineras, que anticipan eventuales aumentos provenientes de los productores y exportadores, así como retención de las bolsas de harina para realizarlas a un mayor precio.

Los elevados precios internacionales están permitiendo una renta extraordinaria para las patronales exportadoras y productoras, que implican incluso un beneficio al gobierno con un plus recaudatorio que irá parar a los bolsillos del FMI. Los trabajadores, en cambios, deben afrontar el encarecimiento de alimentos de primera necesidad, independientemente de la existencia de producción nacional y los verdaderos costos de producción, que nada tienen que ver con la guerra en Ucrania.

Un “fideocomiso” estéril

La propuesta del gobierno para hacer frente a la escalada de los precios internacionales es un fideicomiso para que las patronales subsidien parcialmente el precio del trigo y el maíz. Pero se trata de una medida de corto alcance, ya que va orientada a disminuir el precio de la harina de venta doméstica y la producción de fideos, ambos dentro del marco de Precios Cuidados, sin contemplar el precio de la bolsa de harina: es decir, un “fideocomiso”.

Además, la medida deberá atravesar el consenso de las patronales del sector, que ya han adelantado su negativa a un programa más amplio que acote sus ganancias excepcionales.

La letra chica del acuerdo con el FMI, presentado ante el Congreso, dispone que el gobierno se compromete a evitar las “regulaciones compulsivas” de precios, como el fracasado Congelamiento de Precios, a cambio de “acuerdos voluntarios de precios”, “políticas voluntarias de precios e ingresos” y “programas voluntarios de precios”. Esto adelanta que el gobierno no afectará ningún interés patronal para evitar el traslado de los precios internacionales a la mesa de las familias trabajadoras: así lo demuestra el abandono prematuro del bosquejo de “Empresa Nacional de Alimentos”.

En un país azotado por las dificultades económicas y el crecimiento de la pobreza y la desocupación, con un movimiento piquetero independiente que reclama por alimentos para los comedores populares, y salarios que se encuentran por debajo del índice de pobreza, la apropiación de la renta agraria por medio de la nacionalización del comercio exterior para evitar el acople de los precios internacionales, protegiendo el consumo interno, y destinando los dólares excedentes a la industrialización nacional y la obra pública, para un desarrollo productivo en función de las necesidades populares, se vuelve una necesidad inmediata.

El pacto ajustador con el FMI implica profundizar más la línea de saqueo contra los trabajadores y un condicionante a toda la política económica y al acceso a la alimentación de las familias obreras.

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