TUCUMAN

Cambios cosméticos en la Justicia tucumana para asegurar la continuación del régimen de impunidad. Disgregación y derrumbe de la camarilla del gobernador. Se renuevan los intentos de fraude mediante el control de la Junta Electoral.

El gobernador tucumano, José Alperovich, acaba de designar a Edmundo Jiménez jefe de los fiscales penales de la Justicia provincial. Este cargo había quedado vacante luego de la renuncia por jubilación de Luis De Mitri, cuestionado y denunciado por encubridor, junto al fiscal Carlos Albaca, en la causa Lebbos. Por ese motivo se había impulsado el pedido de juicio político. Los cuestionamientos a De Mitri y Albaca, obligándolos a retirarse de la Justicia, significaron un duro golpe a todo el régimen político de impunidad que el gobierno montó en la provincia en estos años, y que tenía en el sistema judicial una pieza clave. La designación de Jiménez tiene en este sentido la pretensión de recauchutar todo ese engranaje de impunidad.

Del mismo palo

Jiménez es un hombre de máxima confianza de Alperovich. Desde 2003 ocupaba el cargo de ministro de Gobierno y Justicia; era, además, secretario del PJ tucumano, presidido por la senadora nacional Beatriz Rojkés (la esposa de Alperovich). En todos estos años Jiménez fue una suerte de gobernador en la sombra. Era el que manejaba la relación con los burócratas de los sindicatos provinciales y fue el arquitecto de la política que permitió el copamiento del sistema judicial de la provincia. Susana Trimarco lo denunció en su oportunidad como el verdadero “monje negro” que manejaba la Justicia provincial.

La designación de Jiménez fue aprobada por la Legislatura en un trámite que se sabía formal, pero que deparó algunas sorpresas, como el voto a favor de los legisladores alineados con el intendente de la capital, Domingo Amaya, quien se ha autopostulado como candidato a gobernador para 2015, en una toma de distancia respecto del oficialismo. De la misma manera votaron los legisladores alineados con el massismo y que provienen del alperovichismo.

Que hayan procedido así quienes se están promocionando como opositores al oficialismo, pero que en todos estos años han integrado, en distintas esferas, el poder político provincial, indica que Jiménez es una carta de garantía de que las causas y denuncias contra el gobierno y sus funcionarios no van a avanzar. Esto tiene una importancia mayúscula en un momento en el que el internismo y la disgregación en las filas de Alperovich son manifiestas y cuando el ex titular de la Dirección de Arquitectura (DAU), Miguel Brito, está procesado por diversos delitos de corrupción.

La causa DAU tiene una gran importancia no sólo porque es la primera vez que se procesa a un funcionario del oficialismo; también porque, en el marco de las denuncias por corrupción y negociados, figura la utilización de personal y fondos de la DAU para la construcción de la casa de Sara, la hija de Alperovich.

Colonización de la Junta Electoral

Por otro lado, Jiménez, como ministro fiscal, pasará a integrar la Junta Electoral provincial, junto al vicegobernador, Juan Manzur, y el titular de la Corte provincial. De esta manera, el gobierno coloniza a la Junta Electoral, donde pasará a tener mayoría en momentos en que, desde el propio oficialismo, se ha anunciado la idea de reflotar el régimen electoral de lemas para sumarlo al sistema de acoples ya en vigencia, que de concretarse reforzaría al régimen electoral fraudulento vigente en la provincia con el propósito de asegurar la perpetuación del alperovichismo en el poder.

Todos estos manotazos y maniobras políticas no van a impedir que se profundice la disgregación y derrumbe político del oficialismo, que es el resultado de la crisis general y del agotamiento del gobierno K. La salida para terminar con el régimen político de impunidad que durante estos años montó Alperovich, no pasa por un cambio cosmético en la Justicia o en los otros poderes del Estado, sino por una reorganización de fondo, sobre nuevas bases políticas, sociales y económicas.

Daniel Blanco