El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se hizo presente en el acto que organizó la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Allí le prometió a los desarrolladores inmobiliarios prorrogar el Régimen de Incentivo de la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda -que contempla un blanqueo de capitales-, y, a su vez, modificar la Ley de Alquileres, eliminando sus aspectos más progresivos.

Blanqueo de capitales

El Régimen de Incentivo de la Construcción fue sancionado en febrero de este año y sujeto a prórrogas. El mismo supone una serie de ventajas fiscales para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, entre ellas, el blanqueo de fondos en el exterior no declarados que se podrán repatriar para invertir en dichos proyectos. Las empresas constructoras, a su turno, quedan eximidas de Bienes Personales y tienen la posibilidad de diferir el pago del impuesto a la transferencia de inmuebles a personas físicas.

Así las cosas, el oficialismo se dispone a prorrogar una normativa que de ninguna manera sirvió para impulsar obras vinculadas a las necesidades populares, lo cual se verifica en la falta de planes de vivienda y acceso a los servicios públicos en los barrios pobres del país, sino que estuvo dirigida exclusivamente a beneficiar a los pulpos inmobiliarios. Aquellos que especulan con el suelo, encareciendo el precio del metro cuadrado y consagrando una política expulsiva para las familias trabajadoras, que encuentran vedado el derecho a la vivienda.

El blanqueo de capitales, por su parte, responde a la necesidad del gobierno de obtener divisas a como dé lugar, en pos de mostrar garantías de repago al FMI. La medida, además, elimina impuestos como el IVA, Ganancias y Bienes Personales sobre los fondos blanqueados. De esta manera, se premia a los capitalistas que estafan al fisco y fugan capitales, quienes proceden a guardar sus activos en el extranjero, principalmente en paraísos fiscales donde radican sus firmas off-shore.

Por otro lado, para acceder al blanqueo no es obligación informar a la Afip sobre el origen de esos fondos. Lo anterior habilita el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas, como el narcotráfico y la trata de personas, mostrando a todas luces hasta qué punto llega la connivencia del poder político con estos negociados.

Ley de alquileres

En el acto, Massa también sentenció el fracaso de la Ley de Alquileres, sancionada en junio de 2020, señalando que “terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino” y llamó a discutir un nuevo proyecto.

Aquí actuó como portavoz únicamente del sector propietario y de las inmobiliarias, que cuestionan aspectos progresivos de la ley tales como la indexación anual del alquiler en lugar de semestral, el contrato a tres años -y no a dos como era previamente- y la imposibilidad de exigirle al inquilino más de un mes de depósito. A ambos lados de la supuesta grieta vienen presionando para desregularizar el mercado de alquileres; reclamo del cual ya se hizo eco no solamente Massa, sino también Vidal, Santoro y Ferraresi.

En ningún momento de su discurso Massa recogió las demandas de los inquilinos, para quienes es cada vez más difícil pagar el alquiler, cuyas actualizaciones varían, en parte, según el índice de inflación, la cual supera ampliamente la evolución salarial. Por otro lado, lo que el vocero oficial no menciona es que la proliferación de viviendas ociosas como refugio de valor de la clase capitalista es el principal motivo por el cual se retrae la oferta de inmuebles de locación.

Vamos por el derecho a la vivienda

Como vemos, la política habitacional del gobierno se reduce a otorgar mayores prebendas para las constructoras (lavado de dinero incluido), promover la especulación inmobiliaria obturando el acceso a la vivienda popular y profundizar la vulnerabilidad inquilina a través de nuevos aumentos en el alquiler. Sin ir más lejos, el acuerdo con el FMI al que se dirige Alberto Fernández va a acentuar el ajuste en materia de obra pública y vivienda.

A esto debemos oponerle la realización de planes de vivienda y urbanización de los barrios a la medida de las necesidades de la población. Las obras deben estar gestionadas por los propios vecinos y emplear mano de obra desocupada bajo convenio colectivo de trabajo. Es preciso dar lugar a un banco de tierras fiscales y ociosas (con fines especulativos) para construir allí vivienda popular. Al mismo tiempo, el valor de los alquileres tiene que guardar relación con la evolución salarial, garantizando un salario mínimo de $100.000 y paritarias indexadas a la inflación.

A su vez, es necesario asegurar el acceso universal al crédito hipotecario, a tasa cero cuyas cuotas no superen el 10% del ingreso del hogar. Este plan debe ser financiado a través de un impuesto progresivo y permanente a los desarrolladores inmobiliarios y a la vivienda ociosa. Romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria son elementos claves en esa dirección. Vamos por el derecho a la vivienda.